La administración del presidente Joe Biden considera pagar una compensación a miles de familias indocumentadas que fueron separadas en la frontera entre México y EEUU por las políticas del expresidente Donald Trump.
El Político
La iniciativa nació a partir de las negociaciones que miembros del gobierno han mantenido con abogados que representan a las familias separadas.
El gobierno de Biden pagaría unos 450,000 dólares por persona como medida de compensación, de acuerdo con las fuentes citadas. Varias dependencias de gobierno y organizaciones negocian para que Estados Unidos indemnice por lo que los abogados de las familias describen como un “profundo trauma psicológico”, reportó Univision.
Biden beneficiará a familias migrantes separadas por Trump
Los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos consideran que el monto por familia podría acercarse a un millón de dólares.
La mayoría de las familias que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos en busca de asilo, según datos citados por el WSJ, eran un padre o madre y un menor.
La política de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump, impuesta en 2018, así como un programa piloto ejecutado en 2017, separó a aproximadamente 5,600 niños de su familia porque sus padres cruzaron la frontera con ellos sin contar con los documentos necesarios.
Al imponer la política, el gobierno de Trump no consideró un sistema para reunificar a las familias que separó. Hoy en día, se estima que aún hay 1,000 niños que no han sido reunidos con sus padres, según datos de la Casa Blanca.
Biden con una tarea complicada
Poco después de tomar posesión, el pasado 20 de enero, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para dedicar recursos de su administración para localizar a las familias de unos 600 niños, de los que no había registro alguno que hubiese podido contactar a sus seres queridos.
No obstante, la tarea ha resultado difícil puesto que la administración Trump no priorizó la información que permitiera localizar a los padres; quienes fueron deportados mientras que sus hijos se quedaban en Estados Unidos, según ha denunciado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés); que además representa legalmente a las familias en los procesos legales y que ha presionado al gobierno de Biden; para eliminar todas las políticas de su predecesor.
La política de "tolerancia cero" se inició en 2018 con la aprobación del entonces fiscal general, Jeff Sessions; pese a las advertencias sobre la falta de preparación para ponerla en vigor, reflejadas en la ausencia de datos; para localizar a los padres de los niños tres años después, y el trauma que podría causar a los menores.
