El subsecretario de Justicia de Chile, Nicolás Mena, aseguró hoy que el Gobierno no accederá a la petición de indulto presidencial para al menos cuatro reos acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Mena dijo a los periodistas que el Ejecutivo no está por la impunidad de los condenados por violación a los derechos humanos, en alusión a la demanda de libertad un grupo de reos del Penal Punta Peuco, donde 120 internos en total purgan condenas por estos delitos.
Diez exagentes de Augusto Pinochet condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1990) pidieron perdón el pasado viernes en una ceremonia ecuménica celebrada en la cárcel en la que cumplen sus sentencias.
Todos ellos cumplen condena en la cárcel especial de Punta Peuco, una prisión que acoge exclusivamente a condenados por asesinatos cometidos durante el régimen militar.
Mena aclaró que "ni el Ministerio de Justicia ni el Gobierno están ni por indulto ni por impunidad respecto a personas que están cumpliendo condenas".
Este sábado, el arzobispo de Santiago Ricardo Ezatti, afirmó que "hay que atender con atención, sobre todo a aquellos que no tienen ninguna posibilidad de nada (enfermos de alzheimer), que puedan morir en la paz de sus familias".
Entre los presos que pidieron perdón estuvieron el general Raúl Iturriaga Neumann, exsubdirector de la DINA, la policía secreta de Pinochet, condenado a cadena perpetua y otras penas en varias causas por violaciones a los derechos humanos; Claudio Salazar, Basclay Zapata, Enrique Ruiz, Pedro Hormazábal, Marcelo Castro y Miguel Estay.
Punta Peuco fue construido en 1995 en el municipio de Tiltil, a 35 kilómetros al norte de Santiago, y cuenta con instalaciones especiales como canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores, motivo por el cual ha sido duramente criticado por las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura.
Alrededor de 3.200 chilenos murieron a manos de los represores durante el régimen militar, según un informe oficial.
Además, 1.192 figuran como detenidos aún desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Con información de: EFE
