Antes de que se instale la agenda urgente por el porcentaje de la pauta salarial para las paritarias de 2017, el Gobierno acelera un debate mucho más de fondo, que contempla modificaciones de los convenios colectivos de diferentes actividades hasta una batería de medidas para alterar el mercado laboral. La letra final de los proyectos oficiales se debatirá con los empresarios y sindicalistas durante la primera semana de febrero, en el marco de la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo.
Desde hace rato el Ministerio de Trabajo avanza en un rastrillaje, sector por sector, para identificar las industrias más complicadas y en las que se podría innovar en posibles modificaciones de los convenios colectivos de trabajo. Cualquier cambio, por más menor que sea, debería pasar el filtro del principal sindicato de la actividad y de la cámara empresarial. Por eso, el de los petroleros sería el caso testigo.
Puntualmente, el gremio petrolero, que lidera el senador nacional neuquino Guillermo Pereyra, resignó beneficios salariales en tren de dinamizar la llegada de inversiones al yacimiento de Vaca Muerta. A Pereyra no le quedó más remedio: tenía miles de afiliados de brazos cruzados, con riesgo de perder el puesto. Cedió la remuneración extra por los tiempos de traslado y pernocte en los pozos. Las denominadas "horas taxi". Una discusión similar se avecinaría en Aerolíneas Argentinas con el atomizado mapa de gremios aeronáuticos, donde los pilotos y la tripulación tienen un régimen parecido en lo relativo a traslados y horas extras.
La petrolera no sería la única actividad que podría sufrir cambios profundos en sus convenios. En el Gobierno hay quienes desean avanzar, incluso, en el transporte interno de cargas, lo que desencadenaría inevitablemente en un choque con los camioneros de Hugo Moyano.
"Hay sectores que están en la búsqueda de inversiones y en los que se necesita una adecuación de su convenio colectivo", dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En el organismo reconocen negociaciones con empresarios y sindicalistas de diferentes rubros de otras industrias, como energía, la construcción, los peajes, telefónicos, las automotrices y la metalúrgica. En algunos de estos casos, los convenios, que suelen ser casi sagrados para los gremios, no sufren cambios desde la década del 70. Incluso, hasta cuentan con actividades que ya no existen, como sucede con el de los telefónicos, que no se modernizó en línea con el avance de la tecnología.
Una señal de aggiornamiento se percibe en la industria automotriz. Se impuso allí definitivamente el debate por la productividad en un sector atravesado por los despidos, las suspensiones y los coletazos de la crisis brasileña. En julio, después de visitar la sede de Mercedes-Benz, en Berlín, Mauricio Macri se trenzó en una amable discusión sobre los costos laborales con uno de los diputados de la oposición invitados al viaje. Fue con Oscar Romero, presidente del Bloque Justicialista y dirigente de los mecánicos de Smata. La anécdota evidencia que el debate viene desde hace rato.
Hace unas semanas, de vacaciones en Neuquén, Macri recibió dos llamadas que lo entusiasmaron para avanzar en las nuevas medidas laborales. La primera fue para informarle el primer acuerdo paritario del sector privado por debajo del 20%, en línea con la expectativa inflacionaria del Gobierno para 2017. Se refería al trato de los bancarios, que aún no está firmado, pero que cerraría por una suba salarial de 19,5% anual. La otra fue de Triaca, quien le dio las primeras cifras alentadoras que evidencian una leve reactivación del empleo.
Con el aval del Presidente, Triaca y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, puntearon un borrador que incluye desde un blanqueo laboral hasta la revisión del sistema previsional. Prevén bajar costos laborales, registrar a 300.000 trabajadores por año e impulsar el régimen de pasantías como marco formativo y no como un vínculo laboral, como sucedió en los 90. El desafío ahora es seducir a los gremios.
Con información de La Nación