El Gobierno no sólo concibe la millonaria inversión que efectuará en la obra pública el año próximo como un motor para reactivar la economía; también la piensa para mejorar sus chances en las elecciones. Según se desprende del proyecto de presupuesto 2017, en debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo privilegiará en el reparto de fondos a las provincias de su mismo signo político, entre las que se destaca Buenos Aires, que el año próximo se llevará un tercio de toda la obra pública del país y una asignación presupuestaria que alcanzará los $ 16.000 millones, el doble de los que recibe actualmente.
Otra de las provincias favorecidas será Jujuy, comandada por el gobernador radical Gerardo Morales, hoy un leal del presidente Mauricio Macri. El presupuesto le asignará $ 1901 millones para infraestructura, un 333% más que este año.
En el otro extremo de la escala figura Santa Cruz, la provincia mimada del kirchnerismo y cuyo mandamás de la obra pública, el empresario Lázaro Báez, está detenido e investigado por presunto lavado de dinero. En 2017, Santa Cruz recibirá sólo $ 272,5 millones en proyectos de infraestructura, casi un 86% menos que este año.
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Mejor suerte correrán Corrientes, provincia administrada por el radical Ricardo Colombi, y Mendoza, cuyo gobernador es el también radical Alfredo Cornejo. Ambas verán más obras públicas en sus distritos que en la época kirchnerista. Para Corrientes habrá más del doble de fondos ($ 784 millones) y se llevará el 1,5% del total de la torta. Los mendocinos, en tanto, recibirán $ 1841 millones (un 70% más) e insumirán el 3,6 del presupuesto total para obras (en 2016 lo hizo por 3,2%).
Todas estas cifras se desprenden del proyecto de ley oficial y de un informe que elaboró Walter Agosto, investigador principal de política fiscal de Cippec, al que accedió La Nación. De las planillas de obras públicas plurianuales, cuyo desarrollo se prevé hasta 2019, se infiere que la mitad de los proyectos de mayor envergadura con imputación presupuestaria en 2017 se concentran en la Capital, Buenos Aires, Mendoza y Jujuy, afines al oficialismo.
En su mayoría son proyectos de infraestructura ferroviaria y de transporte automotor que se concentrarán en el área metropolitana y que prevén financiarse con créditos externos por un total de 3300 millones de dólares, según figura en la solicitud de avales contenida en la iniciativa de presupuesto.
De las obras plurianuales más costosas se destacan, en primer lugar, las represas Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, en Santa Cruz, cuyo desembolso de 20 mil millones de pesos el año próximo correrá por cuenta de créditos chinos. También, la central hidroeléctrica Chihuidos I, Los Blancos y Portezuelo del Viento, en Mendoza, para la cual se solicitan avales para un crédito por 7000 millones de dólares.
La distribución de los fondos para las obras públicas en el primer presupuesto de Macri encendió una luz amarilla entre los gobernadores peronistas y sus legisladores. "Del monto total de las obras plurianuales que programó el Gobierno hasta 2019, el 58% se las reparte entre la Capital y Buenos Aires", advirtió el diputado Sergio Ziliotto (Bloque Peronista), presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja y hombre de confianza del gobernador Carlos Verna (PJ).
Los mandatarios peronistas ya lanzaron su advertencia y la semana pasada reclamaron, tras sendas reuniones en el Congreso y en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que los fondos para las provincias se giren de manera automática para evitar la discrecionalidad en el reparto. Además, plantearon la distribución del impuesto al cheque según los criterios de la coparticipación, como así también la prórroga del programa de desendeudamiento de las provincias, que vencerá a fin de año.
De los encuentros participaron, además de Verna, Juan Manuel Urtubey (Salta); Gildo Insfrán (Formosa); Domingo Peppo (Chaco); Juan Manzur (Tucumán); Lucía Corpacci (Catamarca); Sergio Casas (La Rioja); Sergio Uñac (San Juan) y los vicegobernadores de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando y el de Santiago del Estero, José Emilio Neder.
"Creemos que hay un gran centralismo en la distribución de las obras públicas y que uno de los criterios para un reparto realmente equitativo y federal sería según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). No puede ser que mientras el presupuesto prevé destinar 60 millones de pesos a remodelar el Palais de Glace en la Capital, haya pueblos en el Norte que no tienen agua potable", insistió Ziliotto.
El Gobierno, sin embargo, remarca que este es el presupuesto "más federal" en años. Tal como publicó La Nación la semana pasada, la iniciativa oficial estima un aumento del 25% en los giros por coparticipación respecto de este año y unos 17.000 millones de transferencias por fuera de la coparticipación. "En Inversión Real Directa el incremento estimado para 2017 es del 31,3%, mientras que las transferencias de capital (que son las remesas que se giran a las provincias mayoritariamente para la ejecución de obras) tendrá una suba del 40 %", resaltó Agosto.
Por su parte, José Cano, responsable del Plan Belgrano, enfatizó que el año próximo se destinarán $ 94.825,2 millones en infraestructura, gasto social y de desarrollo productivo para las diez provincias incluidas en dicho plan. "La cifra representa un incremento del 47% con relación de la inversión pública para el ejercicio 2016″, insistió Cano.
También será muy importante la inversión en vivienda, resaltan en el Gobierno, con un aumento en la inversión del 60%. "Para 2017 vamos a tener más de 70.000 viviendas en ejecución en la Argentina", anticipó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Con información de La Nación
