En el arranque del año electoral, la política de control a los inmigrantes se endurece día a día. Primero fue la circular a las líneas aéreas para que informen anticipadamente los datos de los pasajeros que vengan al país.
El paso siguiente fue la conformación de una Comisión Nacional de Fronteras. Pasado mañana, el Gobierno ajustará otra tuerca: publicará el anunciado decreto de necesidad y urgencia que buscará limitar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y expulsar en plazos sumarios a los que ya residan en el país.
La novedad es que lo hará con el guiño de los bloques opositores clave del Parlamento, el FpV en el Senado y el Frente Renovador en Diputados. Garantía para que sea aprobado.
El Decreto Nacional de Urgencia que dejó firmado Mauricio Macri tras una reunión de coordinación de gobierno en Olivos y antes de partir de descanso a Chapadmalal establece que ya no deberá esperarse que un extranjero tenga condena firme por un delito para que se lo expulse o se impida su ingreso.
Las autoridades deberán proceder cuando exista condena en primera instancia o procesamiento firme (dictada por una cámara de apelaciones), siempre que se trate de “delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de la libertad”, según el texto que editará el Boletín Oficial y al que tuvo acceso Clarín. Además, se especifica que la medida es aplicable a delitos puntuales, como tráfico de armas, de personas, órganos o drogas, así como lavado de dinero y corrupción.
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También habrá un capítulo de “procedimiento migratorio especial sumarísimo”, para acortar a por lo menos dos meses los plazos administrativos y judiciales que deben cumplirse para legitimar la expulsión de un inmigrante por motivos legales. Excepcionalmente, la Dirección Nacional de Migraciones podría solicitar a un juez la “retención preventiva” de un extranjero mientras se define el trámite. En todos los casos, la expulsión implicará la prohibición para el reingreso al país por plazos que podrán oscilar entre los ocho años y la perpetuidad.
Una versión en borrador ya había sido anticipada por este diario una semana atrás, pero a último momento el Ejecutivo aceptó hacerle pequeños retoques para tomar en cuenta propuestas que acercaron especialistas del massismo. Fuentes de ese sector y del Gobierno confirmaron que fue tras un intercambio de minutas del ministro de Justicia, Germán Garavano, con el dúo renovador formado por el diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez, y Diego Gorgal, asesor de Sergio Massa y ex secretario de Seguridad porteño. Allí se acordó dejar a resguardo las reformas de tipo penal, que según la Constitución sólo podrían ser motivo de una ley con aval pleno del Parlamento.
Garavano ya había charlado del tema con el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, uno de los pioneros en colocar el tema del control migratorio al tope de la agenda política, aunque en términos subidos (habló de “resaca”) que generaron fuerte polémica.
Con información de Clarín
