La gobernadora de Nuevo México firmó el jueves un proyecto de ley sobre el derecho al aborto que anula las ordenanzas locales destinadas a limitar el acceso a los procedimientos y medicamentos relacionados con el aborto.
El Político
Las clínicas de salud reproductiva en Nuevo México ofrecen procedimientos de aborto a pacientes de estados, incluido Texas, con estrictas prohibiciones de aborto. La nueva ley también tiene como objetivo garantizar el acceso a la atención médica de afirmación de género relacionada con la angustia por la identidad de género que no coincide con el sexo asignado a una persona.
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Nuevo México tiene una de las leyes de acceso al aborto más liberales del país, pero dos condados y tres ciudades en el este de Nuevo México han adoptado recientemente restricciones al aborto que reflejan una profunda oposición a ofrecer el procedimiento.
Anula ordenanzas locales
El proyecto de ley firmado por la gobernadora Michelle Lujan Grisham anula esas ordenanzas locales.
Un proyecto de ley adicional que se abre paso en la Legislatura de Nuevo México protegería a los proveedores de servicios de aborto ya los pacientes de la interferencia, el enjuiciamiento o los intentos de extradición fuera del estado.
En 2021, la Legislatura liderada por los demócratas de Nuevo México aprobó una medida para derogar un estatuto inactivo de 1969 que prohibía la mayoría de los procedimientos de aborto, lo que garantizaba el acceso al aborto después de que la Corte Suprema de EE. UU. anulara Roe v. Wade el año pasado.
Las ordenanzas contra el aborto, adoptadas en los últimos meses por funcionarios de las ciudades de Hobbs, Clovis y Eunice, junto con los condados de Lea y Roosevelt, hacen referencia a una oscura ley estadounidense contra la obscenidad que prohíbe el envío de medicamentos u otros materiales destinados a ayudar en los abortos.
Por separado, el fiscal general demócrata del estado, Raúl Torrez, instó a la Corte Suprema del estado a intervenir contra las ordenanzas locales sobre el aborto que, según él, violan las garantías constitucionales estatales de igual protección y debido proceso.
Los gobernadores demócratas de 20 estados lanzaron este año una red destinada a fortalecer el acceso al aborto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. que niega el derecho constitucional de una mujer a interrumpir un embarazo. La decisión transfirió los poderes regulatorios sobre el procedimiento a los gobiernos estatales.
Muchos estados también han promulgado o contemplado límites o prohibiciones absolutas sobre el tratamiento médico transgénero, y los legisladores estadounidenses conservadores dicen que les preocupa que los jóvenes luego se arrepientan del tratamiento irreversible que altera el cuerpo.
Fuente: Sandiegouniontribune
