La Asamblea Nacional (AN) de Francia está discutiendo un proyecto de ley destinado «reforzar el respeto de los principios de la República», para frenar los avances del separatismo musulmán.
El Político
El legislativo francés aprobó la madrugada del martes la prohibición y castigo penal de los «certificados de virginidad», reclamados por muchos padres musulmanes. Este es uno de los aspectos culturales más sensibles del proyecto de Ley destinado «reforzar el respeto de los principios de la República» y combatir la gangrena islamista.
El proyecto de Ley solicitado por Emmanuel Macron, desde hace poco menos de un año, fue concebido para combatir con nuevos recursos policiales y judiciales las muy diversas dimensiones del «secesionismo cultural» musulmán islamista.
La futura Ley tendrá muchas medidas policiales contra la propagación del odio y el proselitismo islamista. Pero, de entrada, comenzará por combatir las raíces culturales más profundas de esa deriva gangrenosa del islam francés.
Se trata de un arma institucional que permita frenar el separatismo que han impuesto diversos sectores musulmanes que pretenden establecer sus propias leyes dentro de Francia.
La aprobación de esta ley es un giro histórico en la regulación de los cultos religiosos y, muy en particular, del campo de minas de la religión musulmana.
El origen del proyecto
Hace un año que Emmanuel Macron, el presidente francés, comenzó a denunciar el «separatismo» cultural y religioso, sin nombrar expresamente al islam. Tras los estallidos de violencia suburbana durante el primer trimestre del año 2020, y los atentados yihadistas de septiembre y octubre de ese mismo año, comenzó a denunciarse la «gangrena islamista».
Tras un semestre de discusiones y concertación, Gérald Darmanin, ministro del Interior, presentó el lunes 1 de febrero el definitivo proyecto de Ley destinada a reforzar el respeto de los principios de la República.
El gobierno decidó eliminar cualquier alusión directa a la religión musulmana, que es el «blanco» muy preciso del proyecto, cuyos objetivos legislativos, judiciales y policiales están directamente dirigidos contra el proselitismo musulmán, velada o directamente islamista.
Nueva ley es un arma institucional
El proyecto de Ley se convertirá, en su día, a lo largo del próximo semestre, en un arma institucional para combatir «todo tipo de separatismo», de este modo: defendiendo la neutralidad laica en los servicios públicos y las asociaciones «culturales», ofreciendo a la justicia y a las fuerzas de seguridad nuevos recursos para proteger mejor a las víctimas.
La nueva Ley permitirá cerrar expeditivamente mezquitas, escuelas privadas, y asociaciones donde se propaguen ideas contrarias a todos los principios cardinales del Estado. Las asociaciones y lugares de culto estarán sometidas a un control judicial, policial y económico estricto. Con el fin de conocer , eventualmente, perseguir ingresos «extranjeros» o «equívocos».
Podrá perseguirse rápidamente a los individuos, particulares y asociaciones que propaguen información «sensible o particular» de maestros y profesores, a través de las redes sociales, contra las agresiones de todo tipo, .
Sin prohibir ningún culto, policía y justicia podrán perseguir con más eficacia, la propagación de ideas «separatistas» de carácter religioso, político y cultural.
Problemas de integración
La Ley evita nombrar a ningún culto o religión, en particular. Pero no es un secreto que católicos, judíos y protestantes no tienen mayores problema con el Estado y las instituciones.
Solo la religión musulmana, sus imanes y los franceses musulmanes tienen problemas de fondo con las leyes francesas. A su juicio, la ley musulmana «está por encima». Esa es la matriz que espera combatir el proyecto de Ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional.
Las distintas fuerzas políticas parlamentarias han presentado 2.647 enmiendas, anunciándose varias batallas campales.
Autoridades religiosas dispuestas a apoyar nueva ley
Las autoridades religiosas musulmanas han firmado una «carta» de «buenos principios» diciéndose dispuestas a apoyar la nueva ley. No obstante, la «Carta» fue rechazada por muchos imanes radicales, hostiles a la integración.
Las autoridades religiosas católicas, judías y protestantes contemplan con relativa reserva un proyecto de ley. Su aprobación está llamada a consumar un giro en la historia de la regulación de los cultos religiosos en Francia. El país galo es un Estado laico, en el cual existe la separación entre el Estado y las religiones.
El Estado es neutro desde un punto de vista religioso. Por lo que se prohíbe cualquier injerencia en la vida de las distintas religiones presentes en ese país.
La mayor parte de la población francesa, el 80,85%, es creyente. La religión más extendida es el Cristianismo, con un 70,19% de personas que lo profesan.
Fuente: ABC
