El Tribunal Internacional de Desalojos, que se reunió esta semana en Quito y que es crítico a la Conferencia sobre Desarrollo Urbano Sostenible Habitat III de la ONU, recomendó una "moratoria global de desalojos" y llamó a proteger a las comunidades afectadas por los intereses inmobiliarios.
El tribunal, una organización de activismo social que se reunió durante el foro "Resistencia a Habitat III", recogió las denuncias presentadas por representantes de siete comunidades afectadas por desalojos en varios países del mundo.
Revisó casos de desalojos forzados en la República Democrática del Congo, el de familias rumanas en Francia, el de comunidades en Belo Horizonte (Brasil), otro en Corea del Sur, el de la palestina Bedouin, el de la Isla ecuatoriana de Muisne y una denuncia de desalojo por falta de pago de agua potable en Detroit (EE.UU.).
"Podemos concluir que en la totalidad de los casos presentados se han constatado desalojos forzosos, prohibidos por el derecho internacional", que han afectado de forma agravada a "niños, mujeres, migrantes, adultos mayores y otros colectivos y minorías", señala el informe sobre el dictamen del tribunal.
Asegura que este tipo de desalojos, "lejos de representar casos aislados, son fruto de un modelo de desarrollo de las ciudades que prioriza el negocio inmobiliario por sobre los derechos y de autoridades que se muestran cómplices de esta situación".
Por ello, alerta de que muchas de estas "violaciones a los derechos humanos, son producto del modelo de desarrollo que la ‘Nueva Agenda Urbana’ de Habitat III busca consagrar".
Además reclama "el respeto de las obligaciones de derechos humanos contraídas por los Estados", especialmente "la promoción del derecho a la vivienda, a la tierra, al hábitat de las personas y comunidades".
El documento sostiene que "las obligaciones no se limitan solo a los agentes públicos, sino que comprende al resto de los agentes que intervienen en la ciudad", como los desarrolladores inmobiliarios y otros actores privados.
También llama a "profundizar la democracia en la toma de decisiones sobre la gestión y planificación del hábitat, que reconozca la función social y ecológica del territorio".
Exhorta a los Estados y a Naciones Unidas a "proteger de manera urgente y adecuada a los defensores de derechos humanos involucrados en los procesos de desalojo" que, según afirma, en algunos casos "han sufrido ejecuciones, persecución penal, cárcel o amedrentamiento mediante acciones civiles".
El llamado Tribunal Internacional de Desalojos está integrado por activistas y profesionales como el italiano Cesare Ottolini, el argentino Luis Agustín Territoriale, el chileno Miguel Robles Durán y el zimbabuano Blessing Nyamaropa.
El anuncio, aún preliminar, del veredicto es una de las actividades del llamado Foro Social o alternativo a Habitat III, que ha congregado en Quito a decenas de activistas de todo el mundo.
El encuentro, llamado también "Resistencia a Habitat III", busca elaborar una "agenda urbana sostenible" con la participación de todos los sectores de la sociedad, señaló recientemente su portavoz, Ricardo Buitrón.
Este foro se desarrolla en las instalaciones de la Universidad Central (Estatal) de Quito, ubicado en el centro-oeste de la capital, no muy lejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (centro-este de la ciudad), donde tiene lugar la Conferencia Habitat III de la ONU, que concluirá mañana jueves.
Con información de: EFE
