Dos investigaciones más se desprenden de la venta de pases policiales. La fiscal de Pichincha, Tania Moreno, confirmó ayer, 1 de noviembre del 2016, a este Diario que abrirá dos indagaciones por fraude procesal y peculado. Los agentes detectaron estos delitos en las últimas semanas.
Allí se menciona nuevamente a Fausto Tamayo, excomandante de la Policía, y al teniente Alexis Cifuentes, quienes fueron condenados, el lunes, a 13 años y tres meses de cárcel por presuntamente ser los cabecillas de la red que tramitó de forma irregular 1 317 pases. Ese día los jueces de la Corte Provincial leyeron las sanciones para otras 13 personas.
En el fallo detallaron que los dos oficiales fueron quienes conformaron la estructura criminal, y por eso les fijaron la máxima pena, mientras que al resto les dieron condenas de nueve y cinco años.
En el caso de tres exagentes, por una “colaboración eficaz” se les dictó 10 meses de cárcel. Estos últimos dieron pistas del delito de peculado, ya que en un testimonio mencionaron que el excomandante Tamayo dio a Cifuentes un vehículo del Estado para que se transportara. La Fiscalía incluso menciona que existe un contrato de por medio.
Esto ha sido negado por Carlos Cuchala, abogado de Cifuentes. El defensor desmiente que exista prueba alguna de estos hechos. Por otro lado, desconoce sobre la otra indagación de fraude procesal. Según las investigaciones fiscales, dentro del juicio por delincuencia organizada, la defensa del exteniente aparentemente usó documentación falsa para “confundir a los jueces”. Esto debido a que habría dos certificados que avalarían la presencia de Cifuentes en distintos lugares en un mismo día. “A menos que haya ido en avión, eso es imposible y lo investigaremos”, advierte la fiscal Moreno.
Pero estas no son las únicas indagaciones que se han derivado de este caso. Actualmente existen otras tres investigaciones por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Esta última es una de las más amplias, ya que aquí se juzgará a los agentes que pagaron para ser cambiados de puestos de trabajo.
Según la Fiscalía, actualmente se realiza un cotejo de datos con la Dirección de Personal de la Policía para detectar a los gendarmes que pagaron entre $1 000 y 2 000. En tanto, en la indagación por enriquecimiento ilícito se espera un informe que la Contraloría está preparando. Los resultados de la indagación de lavado de activos se conocerán a finales de este mes.
En este delito, los agentes han rastreado los bienes de los procesados y con la orden de enajenamiento de bienes que dispuso el lunes el Tribunal se completaría la teoría del caso. En cuanto a las condenas impuestas por delincuencia organizada, cuatro abogados han confirmado que apelarán.
Uno de los argumentos con el que pretenden liberar de los cargos a sus clientes es la posición de la jueza Dilsa Muñoz, quien fue la única que salvó su voto. En su fallo señaló como único cabecilla de la organización al exteniente Cifuentes, mientras que al exjefe policial lo inculpó como colaborador en grado de cómplice.
Para Maritza Tamayo, esposa del excomandante, la condena de 13 años es injusta y recalca que la Fiscalía nunca presentó pruebas en contra de su esposo. Por eso ha anunciado que apelarán hasta las “últimas instancias judiciales”. Lo mismo han dicho los defensores de otros ocho procesados, quienes hasta ayer esperaban la notificación por escrito de las sentencias para presentar el recurso de apelación.
Con información de El Comercio
