La fiscal que dictaminó rechazar un polémico acuerdo alcanzado entre el Estado y el Correo argentino para saldar una deuda, debido un posible conflicto de intereses con la familia del presidente Mauricio Macri, acusó a la empresa de actuar de mala fe mientras continúan hoy las críticas políticas.
En un dictamen que da seguimiento al que ya lanzara el pasado jueves, la fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín califica la conducta del Correo como "contraria a la buena fe" procesal e insiste en denunciar el carácter "abusivo" de las negociaciones con el Estado por una deuda millonaria originada en el 2001.
La empresa estaba entonces administrada por el padre del actual presidente -Franco Macri- y tenía la concesión oficial de los servicios postales pero entró en concurso de acreedores en medio de la grave crisis económica que azotó a Argentina ese año.
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En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, y ante la millonaria deuda que tenía la familia Macri con el Estado -de 300 millones de pesos, lo que en su día equivalía a 300 millones de dólares por el régimen de convertibilidad cambiaria- se decretó rescindir el contrato de concesión del correo oficial.
En todo este tiempo, en el que también transcurrió la Presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), no hubo acuerdo entre las partes para cobrar esa deuda hasta que en 2016, tras la asunción de Mauricio Macri, se firmó un acuerdo que, para la fiscal, implica "una quita velada del orden del 98,82 %".
El pacto de conformidad entre las partes permite saldar la deuda en 15 cuotas anuales, desde 2018 hasta 2033 con un interés del 7 % y solo sobre el capital.
Según cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), esto implica restar unos 4.000 millones de pesos ahora (256,24 millones de dólares, por la diferencia de los tipos cambiarios) y cerca de 70.000 millones a 2033 (más de 4.000 millones de dólares).
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En el nuevo dictamen, fechado el viernes, la fiscal considera que la empresa no actuó de buena fe porque no informó de las condiciones que exigía en una acción judicial paralela, en la que el propio Correo reclamaba dinero al Estado por inversiones no canceladas, en cifras e intereses mejores de los que a su vez ofrecía para la cancelación de su propia deuda con la Administración pública.
"Su posición en este expediente convierte en más abusiva aun la propuesta formulada por el Estado Nacional, pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 % anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 % por lo menos hasta 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago", indica la fiscal.
Mientras, el acuerdo continúa generando críticas de diferentes referentes de la oposición.
El peronista Frente Renovador anunció hoy, en un comunicado, que exigirá al Ejecutivo que presente al Congreso informes con "todos los pormenores del arreglo".
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"El conflicto de interés está", señaló hoy la diputada Margarita Stolbizer en declaraciones a Radio Mitre, quien apuntó también contra el kirchnerismo por considerar que le facilitó las cosas a Franco Macri durante doce años.
Ante la polémica generada por el duro pronunciamiento de la fiscal que revisó el acuerdo, la Oficina Anticorrupción (OA) anunció este viernes la apertura de un expediente.
Respecto a esa actuación, la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, opinó hoy que le parece "razonable" que se investigue dado que el nivel de "sensibilidad es muy alto".
"Que la Justicia lo revise, nadie se va a meter", añadió Michetti, en declaraciones a Radio Nacional.
Con información de: EFE
