El Político.- El inventario más fresco de bienes de la desmovilizada guerrilla de las Farc, detectado por la Fiscalía General, data apenas del 16 de julio pasado, reseñó el diario colombiano El Tiempo.
Ese día, investigadores de Policía judicial encontraron 27 predios de señalados testaferros de Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’, y del frente 48. Fueron en total 14 fincas en Puerto Leguízamo, Putumayo; 5 en Florencia y una hacienda en Cartagena del Chairá, Caquetá. Además, una lujosa propiedad en Garzón, Huila; cuatro casas en Bogotá y cuatro más en Medellín y en Bello, Antioquia.
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Al listado se unieron 17 propiedades de un comerciante ligado a la empresa Multiservicios y Transporte La Dulzana S. A. S., en el Meta, a quien le atribuyen nexos con el frente 40. En total, son más de 450.000 hectáreas de terreno, repartidas en 10 departamentos y valoradas en más de un billón de pesos, que no figuran en el polémico listado elaborado por las Farc, entregado a la ONU y revelado esta semana, desatando una tormenta.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue el encargado de alertar de que los activos entregados por la exguerrilla al gobierno Santos ni siquiera están identificados catastralmente, lo que impide su localización y uso para indemnizar a los cientos de víctimas.
Además, reveló que incluyeron en el inventario de activos desde exprimidores de naranjas hasta pocillos, platicos y sal de frutas, acto calificado como una burla por algunos sectores.
La controversia surge en la antesala de su lanzamiento como partido político, una apuesta que le costará al país 39.688 millones de pesos y en la que se medirá el compromiso de los jefes de esa organización con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Contabilidad perdida
“El inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible. No hemos sido una persona jurídica; nuestro accionar se ha desarrollado por fuera del orden existente (…); la dinámica de la guerra condujo a la pérdida de información, mucha de ella a manos del adversario”, dijo el ex jefe guerrillero.
En ese terreno, la Fiscalía tiene información sobre activos de la exguerrilla en los estados de Barinas y de Apure, en Venezuela, donde solían refugiarse sus jefes. Además, empresas en Panamá, Ecuador y Costa Rica.
“Estamos rastreando también las marcas de hierro que traen las reses encontradas que están supuestamente ligadas a las Farc. A través de ellas se realiza una búsqueda masiva de bienes de los propietarios de esas marcas”, explicó el superintendente de Notariado, Jairo Mesa Guerrero.
Las trampas
La Superintendencia de Notariado identificó seis tipos de trampas a través de las cuales miembros de las Farc se apropiaron de 150.143 hectáreas en San Vicente del Caguán, Caquetá.
Entre otras, hallaron suplantaciones de campesinos que aparecen vendiendo, falsedad documental de escrituras, modificaciones ilícitas de áreas y la adjudicación de bienes baldíos de la nación a ganaderos y comerciantes millonarios, identificados por pobladores como testaferros de las Farc.
Lo que muestran las investigaciones son inversiones y propiedades originadas en la explotación ilegal de tungsteno y coltán, en Guainía, de las que no se hablan en el inventario oficial. De hecho, más de cinco millones de dólares fueron lavados a través de una empresa minera, American Mineral World S. A. S., que también fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio.
Caletas, pendientes
Y hay millonarias inversiones en el sector de la construcción, en casas de cambio y en estaciones de gasolina en los departamentos del suroriente del país.
En el 2015, cuando una quirúrgica operación de la Fuerza Pública acabó con el ‘Becerro’, jefe del frente 57, considerado uno de los grandes narcos de la guerrilla, también cayó su computador personal. Solo el frente 57 tenía una docena de caletas y se sabe que los frentes más ricos eran los de los bloques Sur y Oriental.
En noviembre del 2014, ya en pleno proceso de paz, estas eran las cuentas del ‘Becerro’: por lo que el frente 57 llamaba ‘caso Pichindé’, se relacionaban 1.050 billetes de 100 dólares (US$ 105.000), 11.800 billetes de 20 dólares (US$ 221.600) y 1.400 billetes de 50 dólares (US$ 70.000). En esa sola caleta había casi 400.000 dólares, casi lo mismo que reporta ahora toda la organización en su relación de bienes, además de 355 millones de pesos en efectivo.
Y tanto el país como la comunidad internacional esperan una respuesta.
La entrega de bienes para reparar a sus víctimas fue, de lejos, el compromiso más incumplido por los paramilitares que firmaron la paz con el gobierno de Álvaro Uribe en la década pasada.
Mientras el Estado colombiano ha invertido 8 billones de pesos en la reparación administrativa para las víctimas, los ‘paras’ han entregado, en los 12 años que lleva vigente la Ley de Justicia y Paz, bienes por un valor de 303.003 millones de pesos.
Esos bienes, según las cuentas de las Farc, valen casi un billón de pesos. Pero, de facto, hay que descontar aproximadamente la mitad, porque corresponde a activos que no sirven para indemnizar a las víctimas: armas, infraestructura vial e inversión social.
Frente a las críticas, las Farc se defendieron y en un comunicado señalaron que “el inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible, pero considerando condiciones excepcionales y únicas”.
