Un fallo de la Corte Suprema argentina que por primera vez favoreció a un preso condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1976-83), reabrió heridas en el país y avivó temores de que sirva de precedente para liberar a violadores de derechos humanos.
La decisión del máximo tribunal declaró aplicable la derogada ley 24.390, conocida como "2×1″, que estuvo vigente entre 1994 y 2001. Permite computar por un día de prisión preventiva dos de encarcelamiento efectivo.
El beneficiado fue el exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión- porque estuvo preso poco más de 9 años por su participación en el secuestro y tortura de cinco personas en 1976.
Aunque los constitucionalistas difieren sobre los alcances del fallo, Juan Manuel Morente, abogado de la organización Madres de Plaza de Mayo, dijo en una rueda de prensa con las activistas que "la aplicación forzosa (de la ley) por parte de la Corte crea una amnistía general porque deja las puertas abiertas para los demás".
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"Esto va en sintonía con resoluciones previas de la corte como otorgar prisión domiciliaria a genocidas y desvincular a la corte del sistema interamericano de Derechos humanos", acusó Morente.
De su lado, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, se dijo avergonzado por la decisión de los máximos jueces de su país.
El letrado lamentó que no se hayan tenido en cuenta "los tratados internacionales de .derechos humanos, que en 1994 fueron incorporados con jerarquía de cláusula constitucional, y por tanto son ley suprema de la nación" y ahora se beneficie "a genocidas"
Referentes en derechos humanos, juristas y políticos temen que el fallo beneficie a unos 750 militares y exrepresores que están presos sin condena firme por sus delitos durante la dictadura que dejó 30.000 desaparecidos, según defensores de derechos humanos.
También reaviva el debate sobre la flexibilización del beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta, tal como reclaman familiares y abogados de los condenados, en su mayoría mayores de 70 años.
– Acatar un ‘engendro’ –
El ministro de Justicia del gobierno del presidente derechista Mauricio Macri, Germán Garavano criticó el fallo de la Corte pero pidió respeto a la decisión de la justicia.
"Me parece que, tanto en este caso como en otros, esa ley fue uno de los peores engendros, de las cuestiones más perversas que se ha hecho en materia de política criminal en nuestro país", dijo Garavano al agregar que "no es justo" que se aplique la ley del 2×1 a cualquier condenado.
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Pero el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel apuesta a que detrás está la mano del gobierno. "Esto tiene que ver con la política del Gobierno" del presidente Mauricio Macri, denunció.
"Quiere minimizar todas las políticas de derechos humanos, esto es más que evidente", señaló Pérez Esquivel, al igual que las activistas Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, de las organizaciones Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
"Ni olvido ni perdón ni reconciliación. 1000 años de prisión", hicieron el lema las Madres el jueves.
– Retrocesos –
Argentina ha juzgado a más de 1.000 implicados en violaciones sistemáticas de derechos humanos, que además de los desaparecidos, llevaron a cabo un plan en el que se robaron unos 500 bebés, de los cuales fueron recuperados 122.
La política de derechos humanos argentina ha sido reconocida en el mundo como un ejemplo para saldar las cuentas de una época siniestra para la sociedad.
"Creo que una vez que logramos un determinado techo de protección no podemos bajar al piso y eso es lo que estamos haciendo", dijo el abogado constitucionalista Daniel Sabsay sobre el fallo "2×1″.
El abogado indicó que "los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto del 2×1. Además, se trata de una ley que ya había sido derogada por lo tanto es una situación regresiva", advirtió en declaraciones a radio El Mundo.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró el fallo "un grave retroceso injustificado en la jurisprudencia desarrollada por la corte y en el cumplimiento de los tratados que ratificó la Argentina y tienen jerarquía constitucional".
– Grietas con la Iglesia –
Macri ha dicho en público que no puede confirmar la cifra de víctimas durante la dictadura. Los organismos humanitarios lo acusan de "negacionismo". La grieta no hace más que profundizarse en Argentina.
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La polémica coincide con un llamado a la "reconciliación" entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado durante la dictadura que planteó esta semana la Conferencia Episcopal Argentina.
"Esto es herir susceptibilidades, es abrir una brecha más que cerrarla. Acá no hay odio, no hay rencor, no le deseo el mal a nadie. Nosotros queremos justicia porque acá hubo un genocidio", declaró Estela de Carlotto.
Fuente: AFP
