Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) instan a Colombia a "desmantelar las organizaciones armadas ilegales".
El Político
El presidente del Comité, Claude Heller, aseguró que, a pesar de que el Acuerdo de Paz de 2016 es
satisfactorio, la violencia ejercida en numerosas zonas por organizaciones criminales y otros actores
armados no estatales sigue siendo "preocupante", según un comunicado, reportó Notimerica.
Los expertos exhortaron a las autoridades del país para "redoblar los esfuerzos" en la
elaboración de un plan que consiga "erradicar la violencia" y "desmantelar a las organizaciones armadas ilegales" y que debe seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia.
Se trata de un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial creado para "conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad".
Sobre la planeación de las operaciones conjuntas a inicios de los años 90, Mancuso reafirmó que en Córdoba "no hay un solo oficial superior que diga que no participó conmigo y operó en operaciones conjuntas, o en planeación o apoyo. Así de claro y contundente". #MancusoEnLaJEP pic.twitter.com/FKS2kamUD2
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 11, 2023
En contexto
Un minicuioso trabajo NYT reveló que miles de combatientes de las FARC abandonaron las armas. Pero en muchos lugares, el gobierno nunca llegó.
En lugar de ello, a numerosas zonas rurales de Colombia han vuelto los asesinatos, los desplazamientos y una violencia que, en algunas regiones, es ahora tan grave, o peor, que antes del acuerdo.
Las masacres y los asesinatos de defensores de derechos humanos se han disparado desde 2016, según Naciones Unidas.
Y el desplazamiento sigue siendo sorprendentemente alto, con 147.000 personas obligadas a huir de sus hogares solo el año pasado, según datos del gobierno.
No es porque las FARC, como fuerza de combate organizada, hayan vuelto. Más bien, el vacío territorial que dejó la antigua insurgencia, y la ausencia de muchas de las reformas gubernamentales prometidas, han desencadenado un marasmo criminal a medida que se forman nuevos grupos, y los antiguos mutan, en una batalla por controlar las florecientes economías ilícitas.
El trabajo agrega que aunque muchos colombianos llaman a estos nuevos grupos “los disidentes”, en referencia a los combatientes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz, su composición es más compleja.
En algunos se han unido antiguos enemigos —rebeldes, soldados y paramilitares— así como nuevos reclutas y miembros del crimen organizado, todos en torno al atractivo de un sueldo.
Estos combatientes se enfrentan ahora a sus antiguos aliados por el control de un tráfico de drogas revitalizado, en una oleada de disturbios que se parece más a la violencia de las bandas criminales que a la insurgencia civil que hizo estragos durante tantos años.
En conclusión
El Comité también pidió a las autoridades investigar las denuncias de tortura física, psicológica, de
malos tratos y otras "graves violaciones" a manifestantes pacíficos, defensores de DDHH y
periodistas, presuntamente cometidas por la Policía en las protestas "pacíficas" de 2021.
Además, alentaron al Gobierno colombiana a reforzar los mecanismos de protección para los
defensores de los derechos fundamentales, a líderes sociales y a comunicadores, que a menudo sufren
represalias o ataques por sus actividades, llegando a ser asesinados en muchos casos, y han reconocido
los esfuerzos en dicha materia.
Por otra parte, han manifestado "inquietud" por el hacinamiento en las cárceles colombianas y por las
condiciones de vida en la mismas, y han pedido a las autoridades que completen el proceso de
ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
