Este lunes se conocieron las nuevas sanciones europeas contra 19 chavistas. Los nuevos sancionados entra están sujetos medidas restrictivas por parte del Consejo Europeo.
El Político
Dos actos clave son los que se tomaron en cuenta para castigar a los nuevos funcionarios. Sus acciones contra contra la democracia y el estado de derecho y graves violaciones de derechos humanos.
Esta decisión se deriva de las conclusiones del Consejo de 25 de enero de 2021, tomadas en vista del deterioro de la situación en Venezuela tras las elecciones de diciembre de 2020, reportó Primer Informe.
Nueva tanda de sanciones a 19 chavistas
El detonante de esta nueva tanda de sanciones es el fraude electoral de pasado diciembre que eligió ilegalmente a una nueva Asamblea Nacional.
Y, desde luego, las continuas violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales. Para identificar a este lote de sancionados fue clave el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DDHH de la ONU.
En consecuencia, las nuevas sanciones europeas contra 19 chavistas implica que no podrán visitar territorio de ningún país de la UE. Al mismo tiempo se congelarán activos que posean en esa zona.
Contrario al discurso chavista, las medidas específicas no tienen efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana, aclaró un comunicado del Consejo Europeo.
Alacranes y magistrados entre los 19 sancionados
Uno de los que encabeza la lista de los nuevos sancionados es el alacrán José Brito. Al diputado de la ilegal Asamblea Nacional chavista, lo acusan por ser un instrumento en el deterioro de la democracia y el estado de derecho en el país.
Junto a él caen Omar Prirto, el ilegítimo gobernador del estado venezolano de Zulia. También está Bernabé Gutiérrez, quien ilegalmente se hizo con el control del partido Acción Democrática para ponerlo al servicio de Nicolás Maduro.
En la destrucción de la legalidad en el país suramericano, la Unión Europea juzga como fundamental el papel desempeñado por varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia chavista.
Allí son varios los jueces alcanzados por las nuevas sanciones europeas contra los 19 chavistas. Estos son: Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Andersos, Calixto Antonio Ortega Ríos, René Alberto Degraves Almarza, Arcadio Delgado Rosales y Carmen Zuleta de Merchán.
La Unión Europea apuntó contra los instrumentos del fraude electoral chavista del pasado diciembre.
Las viciadas votaciones que eligieron una Asamblea Nacional ilegal son responsabilidad Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral. La funcionaria chavista fue sancionada. Junto a ella cayeron Tania D’Amelio y Leonardo Morales también integrantes de ese organismo.
Torturadores y violadores de DDHH
Entre los violadores a los derechos humanos, encabeza la lista el general chavista Remigio Ceballos Ichaso. Ese funcionario es jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada de Maduro.
Le atribuyen responsabilidad por uso excesivo de la fuerza y tratos inhumanos y degradantes por parte de agentes de fuerzas bajo su mando. Entre ellas, la Guardia Nacional Bolivariana.
Junto a Ceballos, está José Miguel Domínguez Ramírez, director de las criminales Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Ese cuerpo represivo es conocido por sus habituales ejecuciones extrajudiciales.
Además, Domínguez está identificado porque disparó contra la manifestación en la que murió el estudiante Bassil Da Costa. Ese hecho ocurrió el 12 de febrero de 2014.
Crímenes de lesa humanidad
En el mismo lote entra el general Carlos Ramón Carvallo Vergara, por ser director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La DGCUM comete delitos de lesa humanidad como tortura, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias. Carvallo tiene responsabilidad de esos crímenes por estar al frente del ente represor.
El general de brigada Carlos Enrique Terán Hurtado también fue incluido en la lista como parte de la DGCIM como uno de los responsables y se le vincula al caso del capitán de la Sotta
También se identifica a los al fiscal militar Jesús Emilio Vásquez Quintero por usar la justicia militar para perseguir a la población civil.
El general Manuel Pérez Urdaneta es sancionado porque anteriormente fue director de la Policía Nacional Bolivariana. En el ejercicio de este cargo, fue responsable de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas el recurso a la fuerza física extrema contra manifestantes pacíficos.
Por último, entra en el lote de los violadores a los DDHH, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Se le atribuye responsabilidad por los abusos cometidos por ese cuerpo policial bajo su mando.
