Un juez federal bloqueó el miércoles la ejecución de la orden ejecutiva del presidente Trump que permitiría a los funcionarios estatales y locales optar por no aceptar refugiados, el último obstáculo judicial para las políticas de inmigración de la administración.
El Político
El juez federal de distrito Peter Messitte acordó emitir la orden judicial preliminar, que había sido solicitada por tres agencias nacionales de reasentamiento basadas en la fe: HIAS Inc., Church World Service Inc. y el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados.
Trump emitió la orden ejecutiva en septiembre diciendo que el gobierno federal solo reasentaría a los refugiados si los estados y los gobiernos locales hubieran dado su consentimiento para hacerlo, dando a los estados un veto de facto sobre si reasentarían a los refugiados. Se espera que el gobierno apele la orden judicial.
"Los gobiernos estatales y locales están mejor posicionados para conocer los recursos y capacidades que pueden o no tener disponibles para dedicar al reasentamiento sostenible, lo que maximiza la probabilidad de que los refugiados ubicados en el área sean autosuficientes y libres de dependencia a largo plazo del público asistencia", decía la orden.
La semana pasada, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que Texas se convertiría en el primer estado en optar por no participar, y dijo que "Texas ha aportado más de lo que le corresponde en ayudar al proceso de reasentamiento de refugiados" y que "sigue teniendo que lidiar con las consecuencias de un sistema de inmigración que el Congreso no ha podido arreglar ".
Pero quienes se oponen a la orden afirman que es ilegal e inconstitucional, y agregan que arruinaría el programa de refugiados y tendría "consecuencias desastrosas no solo para los Demandantes y los refugiados elegibles, sino para la imagen de Estados Unidos como un faro de libertad", según el fallo
Sin embargo, la administración dijo que la orden es legal y argumentó que, dado que el presidente tiene autoridad sobre cuántos refugiados van a ser reasentados, también tiene el poder de decretar si los estados tienen la autoridad para determinar si los quieren.
El juez Messitte falló en contra de la administración, diciendo que el caso probablemente tendría éxito por sus méritos. Al hacerlo, dictaminó que más allá del análisis del texto legal, "se vislumbra una barrera constitucional potencialmente insuperable" porque el poder de admitir o excluir a los no ciudadanos es de naturaleza exclusivamente federal, lo que significa que la decisión no puede dejarse en manos del estados.
"Hacer que el reasentamiento de los refugiados dependa totalmente de los consentimientos de los gobiernos estatales o locales, como lo tendría el componente de veto de la Orden propuesta, plantea de esta manera cuatro puntos muy serios de preferencia federal bajo la Constitución", escribió… "Es difícil ver cómo la Orden, si se implementa, no subvertiría la delicada estructura federal-estatal contemplada por la Ley de Refugiados".
El fallo también dice que la administración parece no haber tenido en cuenta una serie de "factores críticos", incluida la forma de manejar la migración secundaria, donde un refugiado reasentado se muda a una jurisdicción sin consentimiento.
Fuente: Foxnews
