Para el gobierno de Portugal que preside Marcelo Rebelo de Sousa, pareciera que el dinero no tiene diferencia o procedencia si es legal o ilegal, y lo demuestra con el caso de las venezolanas María Eugenia Baptista Zacarías y María Eugenia Nuñez Alarcón, según una investigación dada a conocer por el portal informativo Armando Info.
El Político
Ambas adquirieron un visado de oro en Portugal, que les selló el acceso a la nacionalidad portuguesa y el derecho a circular libremente por el espacio Schengen.
Las dos venezolanas se casaron con hombres con un perfil muy particular. El tipo de hombres etiquetados en los departamentos de cumplimiento de los bancos como personas políticamente expuestas o PEP (Politically Exposed Person), a los que hay que prestar especial atención.
Las dos Marías Eugenias, Baptista Zacarías y Núñez Alarcón, fueron las únicas ciudadanas venezolanas que se beneficiaron de visados dorados hasta 2014.
ARI
Este es un programa de Permiso de Residencia por Actividad de Inversión (ARI) en Portugal, según una lista del Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) obtenida y analizada por el diario portugués Expresso.
El dinero que utilizaron para obtener sus visados dorados procedía de sobornos recibidos por sus maridos.
Este dinero pasó por empresas offshore encontradas en los Pandora Papers, una filtración de paraísos fiscales que contiene 11,9 millones de archivos.
Estos archivos son la base de un proyecto de investigación coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con Armando Info y decenas de otros medios de comunicación.
María Eugenia Baptista Zacarías, una de las ungidas con el privilegio dorado, es la esposa de Haiman El Troudi, exministro de Obras Públicas del gobierno de Nicolás Maduro y hoy diputado a la Asamblea Nacional oficialista por el estado Miranda, entre muchos otros cargos.
Según una investigación de Pandora Papers revelada por Expresso, Armando.info y el diario Miami Herald en octubre del año pasado, El Troudi recibió más de 90 millones de dólares en sobornos de la constructora multinacional brasileña Odebrecht a través de un esquema de lavado de dinero creado por el Grupo Espírito Santo (GES).
Los pagos a El Troudi fluyeron a través de cuentas de Cresswell Overseas, una sociedad offshore constituida en Panamá y administrada por el gestor portugués Paulo Murta, colaborador clave del banquero Ricardo Salgado.
Esto se hizo en operaciones secretas de lavado de dinero del GES que incluyeron la canalización de cientos de millones de euros a miembros del gobierno de Maduro y a ejecutivos de la petrolera estatal Pdvsa y de otras empresas públicas en Venezuela.
Nacionalidad portuguesa por 1,5 millones de euros
La esposa de El Troudi recibió un visado de oro a finales de 2013 tras comprar un apartamento dúplex en un edificio de lujo en Chiado, un barrio gentrificado en el corazón de Lisboa, por 1,5 millones de euros.
Casualmente la compra, en la calle Ivens 31, sucede apenas meses después de que su marido se incorporara al gabinete ministerial de Maduro.
El Trudi había figurado como presidente de las empresas del Metro de Caracas y del Metro de Los Teques, y aún antes, como fundador y gurú del think tank ideológico del chavismo, el Centro Internacional Francisco de Miranda.
La cartera de la "señora Ortega"
Por su parte, la otra María Eugenia, con apellidos Núñez Alarcón, estaba casada con Abraham Ortega, ex director de Pdvsa.
Ortega fue uno de los responsables de poner en marcha las operaciones financieras internacionales de esta petrolera estatal venezolana, incluyendo una inversión de 500 millones de dólares en bonos del GES entre 2011 y 2013.
Esto se hizo en un momento en el que el banquero Ricardo Salgado se enfrentaba a una desesperada falta de liquidez en el principal activo de su grupo, el Banco Espirito Santo (BES).
Además de invertir en bonos del GES, en 2011, Pdvsa traspasó al BES el sistema de transacciones internacionales de cobro y pago de servicios y bienes, hasta entonces a cargo de JP Morgan y BNP, lo que convirtió a la petrolera venezolana en el mayor cliente del banco portugués.
Banco do Spiritu Santo y PDVSA
Cuando abrió su primera cuenta en un banco del BES en la isla atlántica de Madeira, en 2010, Abraham Ortega era todavía apenas un gestor de financiación en la petrolera.
La declaración de la renta que forma parte de la documentación de apertura de la cuenta, incautada por la fiscalía, muestra que sólo había tenido 16.000 dólares de ingresos netos el año anterior.
Aunque en 2013 ya era adjunto al director financiero de Pdvsa, difícilmente se habría podido permitir entonces un apartamento de lujo en Lisboa.
Los fiscales de Portugal han ido acumulando pruebas contra Ortega.
Es uno de los sospechosos en la investigación penal sobre los sobornos pagados a políticos y funcionarios venezolanos que se lleva a cabo en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (Dciap). Gran parte de estas pruebas se recogieron durante la investigación del caso principal del BES, que concluyó en el verano de 2020.
Los fiscales descubrieron que Ortega recibió 10,7 millones de dólares del GES entre mayo de 2012 y junio de 2014.
Gobierno de Portugal acepta dinero "sucio"
La mayor parte del dinero se originó en Espírito Santo Enterprises, una empresa offshore que funcionaba como un gigantesco fondo de compensación para el GES, y terminó en una cuenta de Dubái a cargo de una empresa offshore panameña, Linux Advisors, administrada por Paulo Murta.
María Eugenia Núñez solicitó un visado de oro cuando compró un apartamento en la Rua Rosa Araújo, en el centro de Lisboa, en octubre de 2013.
La compra la hizo después de haber recibido una transferencia de 1,3 millones de euros procedentes del fondo ilícito del GES, en nombre de Linux Advisors, a una cuenta que tenía en la sucursal financiera del BES en la isla de Madeira en junio de 2013.
Según un informe elaborado por la Fiscalía en 2018, Paulo Murta informó por correo electrónico a un gestor de cuentas de ESBD, el banco del GES en Dubái, de que esos 1,3 millones de euros transferidos a María Eugenia Núñez iban a ser utilizados para comprar una casa y dos automóviles.
El piso de la calle Rosa Araújo costó 1.152 millones de euros y se pagó en efectivo a través de una empresa abierta en Lisboa por María Eugenia Núñez y de su propiedad al 100%, Alvansal Unipessoal Lda.
Meses después, en abril de 2014, la esposa de Abraham Ortega hipotecó la casa por 515.000 euros al BES y, con esa cantidad, compró un segundo apartamento en el puerto deportivo Parque das Nações, en el frente fluvial del borde oriental de Lisboa.
