El Tribunal Supremo español confirmó la condena de cárcel impuesta al único acusado y condenado por la Audiencia Nacional por el asesinato del ex jesuita y fundador de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría, además de otras siete personas.
El Político
El condenado, el militar salvadoreño Inocente Orlando Montano, tendrá que cumplir la condena, que como máximo será de 30 años, pero que previsiblemente saldrá mucho antes dada su avanzada edad, 77, y su delicado estado de salud, ya que padece varias enfermedades crónicas.
El Tribunal Supremo decidió entonces rechazar el recurso de Montano, confirmando la existencia de pruebas suficientes para declarar probado que, como miembro del alto mando, estuvo presente en todas las reuniones en las que se decidieron los asesinatos y que los cuerpos de seguridad dependían directamente de él.
La resolución del alto tribunal español confirma punto por punto lo dictaminado en la histórica sentencia que emitió el septiembre pasado la Audiencia Nacional y que supuso la primera condena internacional de uno de los crímenes más atroces en Centroamérica en aquellos años turbulentos y de guerras civiles.
La sentencia estableció una condena a Montano de 26 años y ocho meses de prisión por cada uno de los asesinatos cometidos en la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, crímenes que tuvieron un “carácter terrorista”, según la misma doctrina del Tribunal Supremo.
En la resolución también se concluyó que Montano fue autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, la cocinera de la universidad y la hija de ésta de 15 años, ejecutados junto con los religiosos, si bien no se le pudo condenar por estos hechos al no haber concedido Estados Unidos su extradición por esos crímenes.
El tribunal considera acreditado que los miembros componentes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, como núcleo decisor colegiado, entre los que se encontraba el acusado, Inocente Orlando Montano, al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrolla en noviembre de 1989 por el FLMN, decidieron “ejecutar a Ignacio Ellacuría, la persona que de forma más intensa y efectiva impulsaba, desarrollaba e intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, a través del diálogo y la negociación”, según se afirma en la resolución.
Ellos no eran parte del conflicto armado
Además, en la sentencia se advierte que “al acusado no le apremiaba ningún conflicto de intereses que hiciese necesario dar muerte a Ignacio Ellacuría, a sus compañeros, a su cocinera y a la hija de ésta; ellos no eran parte del conflicto armado, no se estaban enfrentando a quienes ordenaron el crimen, no existiendo causa de justificación que permitiría justificar la agresión mortal a la vida de ocho personas, cometiendo un crimen que fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado contra la vida de las víctimas, pues pretendía aniquilar las esperanzas de paz de toda una sociedad, hostigada después de diez años de guerra interna”.
Además se advierte que se utilizó al “aparato del Estado para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado, cuando lo que se perpetró es un auténtico asesinato con modalidad amparada en el terrorismo de Estado para alterar en realidad la convivencia social y llevar a cabo crímenes de Estado, que conceptualmente no se diferencia del terrorismo realizado por grupos organizados”.
El excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, fue declarado responsable de los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989 y condenado a 133 años de cárcel.
La Justicia española ratificó la sentencia de 133 años y cuatro meses de cárcel al excoronel salvadoreño El tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid, que juzgó al exmilitar entre junio y julio, lo consideró "autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista" por esos hechos ocurridos en la Universidad Centroamericana (UCA), en el marco de la guerra civil del país centroamericano (1980-1992).
Máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena
Por cada uno de estos delitos, el tribunal estableció una pena de 26 años y ocho meses, lo que suma 133 años y cuatro meses. Sin embargo, el tribunal estableció un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un período al que habrá que restarle el tiempo que lleva en prisión provisional, desde 2017, año de su extradición.
En su sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, los magistrados también lo consideran responsable de los otros tres asesinatos ocurridos contra otro religioso salvadoreño, una empleada de la orden y su hija. Sin embargo, no pudieron condenarlo por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.
Orden religiosa, intermediaria en conversaciones de paz
En medio de una ofensiva guerrillera sobre la capital San Salvador, el 16 de noviembre de 1989, efectivos del ahora proscrito batallón militar Atlacatl asesinaron a los religiosos.
Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la Universidad Católica), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.
En esa época, la orden religiosa, en especial Ignacio Ellacuría, estaba ejerciendo de intermediario entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para encauzar unas negociaciones de paz.
Eso, según el comunicado de la Audiencia Nacional, "les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios".
Montano negó dar orden de matanza
El tribunal considera probado que los "ocho asesinatos fueron urdidos, planeados y ordenados por los Miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando Montano en su condición de viceministro de Seguridad Pública", indicó en un comunicado. Junto a otros cuatro integrantes de ese grupo, Montano "transmitió la orden de realizar las ejecuciones".
Durante el juicio, en el que compareció en silla de ruedas y con mascarilla, el coronel aseguró que no había participado en ninguna reunión "en la cual se diera la orden de matar a los curas".
La guerra civil en El Salvador concluyó con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y el FMLN, tras dejar más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.
