Un informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido en la pieza del Caso Taula que investiga los presuntos sobornos en Valencia bajo el mandato de Rita Barberá, ha sacado a la luz multitud de propiedades y bienes de lujo que los investigados por el escándalo de las comisiones acumularon en los años de eclosión de la trama. El juzgado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha iniciado el proceso de decomisado de hasta 20 propiedades; cuatro locales comerciales y siete vehículos de alta gama para cubrir la responsabilidad Civil de los delitos que se investigan. Además, rastrea hasta 23 cuentas corrientes de personas físicas y jurídicas en busca del dinero presuntamente malversado.
Según consta en un auto del magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, «es difícil evaluar en este momento el perjuicio económico derivado de las ganancias que se hayan podido generar con la actividad ilícita de los investigados, pero este instructor, atendiendo al número y entidad de los hechos que cabe reputar en este momento como objeto de la causa, estima ese valor entre 10 y 20 millones de euros». La investigación judicial abarca doce años (2003-2015) y esta cifra no incluiría los presuntos pagos al partido para llenar la ‘Caja B’ del PP de Valencia.
El sumario ha revelado que las mordidas también sirvieron para enriquecer al equipo de la ex alcaldesa Rita Barberá que el juzgado investiga por estos hechos. Según la UCO, las diligencias han acreditado la «intención manifiesta» de los cargos del PP investigados «de adjudicar los contratos a empresas concretas en perjuicio de terceros licitadoras, intención que se traduce en realidad tal y como se desprende del análisis de la documentación intervenida».
El juez comparte este análisis al afirmar que de «lo actuado hasta el momento, y fundamentalmente del contenido de conversaciones grabadas a lo largo de los años 2005 y 2006 por Marcos Benavent, las declaraciones de éste, y el contenido de la documentación intervenida y análisis parcial de la misma, revelan indicios que desde los cargos de responsabilidad que ostentaban Marcos Benavent, Vicente Burgos, y la que entonces era su esposa, María José Alcón y el entonces asesorPedro Aracil, se habrían enriquecido personalmente, cobrando comisiones ilegales de distintas empresas a las que por la Concejalía de Cultura adjudicó contratos».
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Es la primera vez que el juzgado da una cifra estimada del reparto del dinero. En el auto en el que se ordena la intervención a efectos de decomiso de bienes de los investigados, el magistrado destaca que «no hay certeza sobre el destino del dinero así conseguido, más allá de la del lucro personal de los citados, pero hay conversaciones en las que Marcos Benavent dice a Alcón que una parte es para el partido». El juez dice que «las presuntas ganancias delictivas obviamente son dinero» aunque admite que «conocemos muy poco de su posible transformación y de su destino».
Blanqueo desde 2014
Esta nueva pieza separada se instruye al margen de la que investiga el presunto blanqueo por el método del pitufeo de hasta 50.000 euros en la campaña de las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, el sumario relaciona las comisiones con la financiación irregular del grupo municipal del PP de Valencia.
Según consta en la declaración de Alcón ante la Guardia Civil tras su detención, la ex concejal admitió que ya blanqueó dinero a finales de 2014, sólo unos meses antes de que medio centenar de cargos fueran requeridos para realizar un ingreso de 1.000 euros que más tarde se devolverían en dos billetes de 500, según la UCO. Preguntada por los sistemas de financiación del PP de Barberá, Alcón respondió que «el partido hacía Lotería para ganar fondos. Que coincidiendo con la recogida de la Lotería en la sede del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster -secretaria del grupo y presunta cajera de los fondos opacos- le daba un billete de 500 euros que la manifestante tenía que devolverle en billetes más pequeños». Sucedió «en las navidades del año 2014 a 2015».
Las propiedades
Sólo María José Alcón, actual esposa del ex vicealcalde Alfonso Grau, acumuló hasta cuatro propiedades a su nombre, dos en Cullera y dos en la cotizada costa de Calpe, así como un BMW. La investigación patrimonial también ha revelado que su asesor Pedro Aracil, quien también habría participado en el presunto blanqueo de la última campaña electoral, posee una finca en la partida Caña Romeu de Quart de Poblet y una plaza de garaje en el mismo municipio.
Sobre Vicente Burgos, ex presidente de NNGG y uno de los presuntos recaudadores, el juzgado ha iniciado el decomiso de otra propiedad que el investigado adquirió en Rocafort; y a Marcos Benavent, el yonki del dinero que ha delatado a la organización, una propiedad en Valencia. Sus cuentas están bajo la lupa del juez a la espera de que la UCO entregue el nuevo análisis.
Fuentes de la investigación sospechan que los dirigentes salpicados por la trama esconden más propiedades en sociedades pantallas que no han podido ser decomisados porque no figuran como titulares.
Respecto a Thematica, en cuyo accionariado también participó el grupo Engloba -competidores de Gürtel en Valencia-, el juzgado ha localizado hasta cinco propiedades y viviendas unifamiliares repartidas entre Valencia, Godella y Rocafort. El administrador de Thematica es Rafael García Barat, contratista habitual en los grandes eventos que impulsó Francisco Camps y ex socio de Jorge Castillejo, hijo de la ex secretaria autonómica de Cultura, Concha Gómez. Castillejo es el presidente de honor de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, un colectivo que la oposición sitúa muy próximo al PP.
El juez también ha ordenado el rastreo de cuentas corrientes a nombre de García Barat, familiares y sus empresas; además de varias cuentas a nombre del grupo Engloba y una de las sociedades que gestiona el centro La Rambleta tras encontrar un Mercedes Benz, un Toyota y un Yamaha a nombre de una de las sociedades de José Adolfo Vedri.
La UCO también ha encontrado bienes a nombre de Estudio Métodos de la Restauración (EMR), la empresa que habría pagado comisiones a cambio de obras en los principales monumentos históricos de Valencias. En concreto, tres Mercedes y cinco propiedades entre las que destacan dos situadas en la costa de Oropesa del Mar.
La investigación patrimonial incluye a Carles Turró, el constructor de Cleop. La UCO ha localizado una vivienda unifamiliar en Sueca, de 162 metro cuadrados, y tres plazas de garaje: una en Sueca y dos en el centro de Valencia.
Con información de El Mundo
