Al no haber logrado persuadir a la mayoría de los electores estadounidenses, la campaña de reelección del presidente Donald Trump está ahora llevando su caso ante los tribunales del país para que un juez acepte sus demandas de "fraude".
El Político
Pero la campaña y sus aliados no han avanzado en este intento mucho más que en el primero.
Alrededor de la mitad de los cerca de dos docenas de casos presentados en los principales estados clave desde el día de las elecciones ya han sido retirados o desestimados por los jueces y los demás parecen destinados a una suerte similar.
La política estadounidense puede estar muy polarizada, pero en las cortes parece prevalecer un ejemplo de unanimidad: independientemente de que los jueces sean liberales o conservadores, que presidan en los tribunales estatales o federales, han exigido mayoritariamente que Trump y los demandantes republicanos presenten pruebas que respalden sus reclamaciones y han rechazado con prontitud lo que consideran demandas infundadas.
Patrón de demandas
Ha emergido un patrón en medio del aluvión de demandas: la búsqueda frenética de un juez simpatizante.
En cada uno de los cuatro estados —Pennsylvania, Michigan, Nevada y Arizona—, la campaña de Trump y sus aliados han presentado una serie de peticiones legales que formulan esencialmente las mismas reclamaciones ante diferentes jueces estatales y federales, reportó Telemundo.
En poco más de una semana de ola de litigios poselectorales, las demandas de la campaña de Trump han generado mucho ruido y pocas nueces. El Partido Republicano ha obtenido algunas victorias menores, como, por ejemplo, la orden de un juez del estado de Pennsylvania que descartó un puñado de boletas con información faltante de electores a los que se les había concedido más de seis días después de las elecciones para que completaran los datos requeridos.
Varios reveses
Las cosas no están marchando de acuerdo con el plan de la campaña de Trump, en la medida en que se pueda discernir algún plan legal coherente a partir del patrón de las demandas.
Por ejemplo, en Michigan donde el margen actual de 148,000 votos a favor de Biden hace que las probabilidades de una revocación sean particularmente escasas, la campaña de Trump y otras entidades republicanas han presentado un total de cinco demandas.
Por su parte, en Wisconsin, donde el margen de 20,500 votos es mucho menor, solo se ha presentado una, el jueves, por un grupo externo pro-Trump.
Aun así, el fracaso no ha frenado el ritmo de las impugnaciones legales, que pueden parecer caóticas. Una demanda presentada en Michigan fue expedida aparentemente con tal rapidez que se presentó inicialmente en el tribunal federal equivocado —el de reclamaciones— antes de ser presentada nuevamente el mismo día en el tribunal federal de distrito.
Otras demandas
Una nueva demanda iniciada el miércoles por la campaña de Trump en la corte federal de Michigan ha llegado hasta el punto de adjuntar otra demanda completa —un documento de 77 páginas—, presentada por un par de observadores electorales republicanos dos días antes en la corte estatal de Detroit.
Ambas demandas piden a los tribunales que bloqueen la certificación de la elección presidencial de ese estado.
Alegan irregularidades y fraudes generalizados por parte de los funcionarios electorales que presuntamente impidieron a los observadores republicanos llevar a cabo la supervisión de la votación.
Las demandas están respaldadas por docenas de declaraciones juradas que contienen mucha retórica, pero poco fundamento factual.
Postura Timothy Kenny
Uno de los jueces, Timothy Kenny, fue asignado para presidir el nuevo pleito presentado esta semana ante el tribunal estatal.
“A estas alturas, ya lo hemos visto antes y lo estamos viendo en diversos lugares", le dijo David Fink —quien representa a la ciudad de Detroit y a otros demandados municipales en ese caso— al juez Kenny durante una vista judicial el miércoles por la tarde. “En cierto modo, esto empieza a percibirse, al menos en esta sala, como [la película] el Día de la Marmota", dijo refiriéndose al largometraje de ficción de 1993.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, también el miércoles, la principal funcionaria judicial de Michigan, responsable de investigar las acusaciones de fraude electoral, dijo en voz alta lo que Fink insinuaba.
“En mi opinión, este es realmente un caso desvergonzado de búsqueda de un foro", afirmó la procuradora general Dana Nessel, quien es demócrata, refiriéndose a la práctica legal de escoger el tribunal o jurisdicción que tiene las reglas o leyes más favorables a la posición del litigante.
Demandas en Detroit
Aunque la nueva demanda federal de la campaña de Trump se centra en Detroit, Nessel observó que no se presentó en el distrito este de Michigan —el tribunal federal cuya jurisdicción abarca Detroit— sino en el distrito oeste, donde sus cinco jueces fueron nombrados por presidentes republicanos.
El abogado contrapuesto a Fink en Michigan, David Kallman, dijo durante la vista judicial del miércoles que ni él, ni su bufete de abogados, ni sus clientes tenían participación alguna en otras demandas republicanas.
Kallman calificó las acusaciones de búsqueda de un foro en su caso como “simplemente tontas".
Aseguró que no está en coordinación con la campaña de Trump ni con el Comité Nacional Republicano y que no buscó el caso, sino que decidió tomarlo después de que un trabajador electoral de Detroit se le acercó.
Una maniobra similar se ha producido en Arizona, donde dos casos casi idénticos centrados en el presunto trato injusto hacia los rotuladores Sharpie usados por los votantes de Trump en los distritos electorales de la zona de Phoenix estuvieron trabados varios días en procedimientos judiciales fallidos hasta que los abogados republicanos parecieron conseguir por fin que ambos casos se consolidaran bajo el juez que ellos preferían.
Demandas en Michigan
Thor Hearne, el abogado de la campaña de Trump al frente de la demanda federal de Michigan, presentada el miércoles, y un propagandista de larga data que sostiene que el fraude electoral está desenfrenado en el país, llevó este tipo de tácticas un paso más allá y buscó un juez específico.
La designación de “relacionada” permite asignar el mismo juez a ambos casos. Denominar al nuevo caso y al caso de junio como relacionados —lo que significa, según la normativa local del tribunal, que los hechos subyacentes se superponen y que los casos comparten cuestiones legales similares— es, cuando menos, una exageración.
La demanda de junio tenía como fin exigir a los funcionarios de Michigan que eliminaran a 800.000 votantes registrados de las listas estatales en virtud de una ley federal de registro de electores. No tiene nada que ver con la forma en que se llevó a cabo la elección de 2020.
