Las muertes, las desapariciones, la cárcel y el exilio se ensañaron particularmente con los militantes y dirigentes de izquierda que, hace más de cuarenta años se opusieron, con diferentes métodos, al golpe de Estado militar de junio de 1973.
Fue tal la violencia desatada que, pese al tiempo transcurrido, el pasado suele volver una y otra vez condicionando la relación entre unas Fuerzas Armadas, que han ido decantando a sus peores elementos, y al ahora oficialista Frente Amplio.
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Ni los treinta años de democracia, ni la década que la izquierda lleva gobernando y decidiendo la suerte de los uniformados, ha podido calmar el rechazo que sectores como el Partido Comunista (PCU) o el Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) sienten hacia esa institución que, bajo el pretexto de la lucha antisubversiva, hizo desaparecer a decenas de sus militantes de los que todavía no se sabe el paradero.
A otros grupos de más reciente creación, como el Frente Líber Seregni (FLS) que orienta Danilo Astori, aquellos hechos les quedan un poco lejos y, por tanto, les cuesta menos confiar en las fuerzas represivas del Estado.
El propio Seregni era un militar progresista pero un militar al fin; y tras padecer más de diez años de cárcel, como presidente del Frente Amplio siempre fue cuidadoso al referirse a los camaradas que lo apresaron.
El caso del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) es atípico. Mientras los veteranos exguerrilleros no suelen guardar rencor hacia aquellos con los que anduvieron a los balazos en las calles –el caso del fallecido exministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, es un ejemplo extremo-, los tupamaros más jóvenes siguen advirtiendo acerca de la presencia de un aparato represivo menos evidente pero igual de peligroso.
Es así que mientras el ministro del Interior, Eduardo Bonomi (MLN), no tuvo prejuicios al proponer el pasaje de la Policía Caminera a la órbita de la Guardia Republicana, el sector estudiantil del MPP fue explícito cuando esa fuerza de choque desalojó el Codicen luego de que el presidente Tabaré Vázquez amenazara con decretar la esencialidad de la enseñanza. "Las fuerzas que reprimen compañeros deben ser eliminadas de nuestra sociedad", advirtieron los jóvenes a través de un comunicado.
En cambio, los viejos guerrilleros prefieren a los uniformados de su lado. "Yo quisiera que todos los militares estuviesen con el Frente Amplio porque creo que es la propuesta que está más cerca de la gente y, en el caso concreto de las tropas, hemos mejorado mucho los salarios. Debemos recordar que en el país los militares votan y por lo tanto en su momento tienen que tomar una definición política y elegir", ha dicho la senador Lucía Topolansky.
Los militares uruguayos no solo votan sino que, en las tres últimas elecciones, fue creciendo progresivamente el respaldo al Frente Amplio en aquellos barrios en donde los cuarteles tienen su área de influencia.
Las nuevas generaciones de soldados, particularmente aquellos de bajo rango, no parecen congeniar demasiado con las aprensiones de los oficiales más veteranos.
Reforma
En tanto, el grupo Casa Grande de la senadora Constanza Moreira -aliado del PVP en las pasadas elecciones nacionales- ha insistido tenazmente en la necesidad de reducir la cantidad de efectivos militares. El PCU no le va en zaga y observa en las Fuerzas Armadas a un potencial enemigo.
El diputado del PCU, Gerardo Núñez, ha dicho a El Observador que es necesario impartir cursos de derechos humanos en las FFAA si no se quiere correr el riesgo de que se formen "sectores antidemocráticos que se opongan a los cambios".
El ya mencionado Fernández Huidobro solía despreciar a quienes, desde el Frente Amplio, piden que el Estado destine menos dinero a la instrucción militar. "La estigmatización que padecen los militares es organizada", dijo más de una vez.
Por su lado, el presidente electo del Frente Amplio, Javier Miranda, es un reconocido militante por los derechos humanos al que la represión de los 70 lo golpeó muy fuerte cuando recién se le terminaba la niñez.
Su padre, Fernando Miranda, es uno de los militantes comunistas desaparecidos durante la dictadura cuyo cuerpo fue hallado muchos años después enterrado en un viejo batallón castrense.
Eso sí: la propuesta de reformar la caja militar que le ocasiona unos $400 millones de dólares de pérdidas anuales a las arcas del Estado, ha juntado a los frenteamplistas de todos los colores.
Ese proyecto generó la reacción del Centro Militar, desde donde se advirtió que las Fuerzas Armadas "están siendo frontalmente atacadas mientras el país asiste atónito a los despilfarros de recursos más grandes de su historia: ANCAP, Alur, Pluna, Casinos, Fondes, etc".
Como se ve, cuarenta años después del golpe de Estado, buena parte de militares y de la izquierda siguen en pie de guerra aunque la pelea acontezca en otro campo de batalla.
Con información de El Observador
