La larga luna de miel que el llamado gran capital de Nicaragua ha mantenido con el presidente Daniel Ortega a lo largo de sus diez años de gobierno —en los que los empresarios no han expresado mayor preocupación por los desmanes del exguerrillero sandinista— parece amargarse. La principal cámara empresarial del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), exigió al Ejecutivo el respeto de la Constitución y evitar “la concentración del poder en perjuicio de la democracia”, tras el despojo de los escaños a 28 diputados de la oposición electos en las elecciones generales de 2011, lo que ha sido considerado por los opositores como un “golpe de Estado” contra el Parlamento.
El Tribunal Electoral de Nicaragua, controlado por el presidente Daniel Ortega, emitió un fallo el viernes en el que despoja de sus escaños a los diputados opositores y sus suplentes. Tras las elecciones de 2011, Ortega mantenía la mayoría parlamentaria con 62 de los 91 diputados, pero los escaños opositores eran para él una voz incómoda que denunciaba todas las arbitrariedades del Ejecutivo. Desde el viernes el gobernante Frente Sandinista se hace del control total del Legislativo y Ortega aferra todo el poder en Nicaragua.
Además del Parlamento y el Tribunal Electoral, Ortega controla la Corte Suprema (que garantizó la reformas que han permitido al mandatario perpetuarse en el poder), los juzgados y tribunales de cuentas, las alcaldías del país y —a través de una controvertida legislación denominada Ley de Seguridad Soberana que da amplias márgenes a Ortega para reprimir a la población, a decir de organismos de derechos humanos— se ha garantizado la sumisión de la Policía y la lealtad del Ejército.
Para los empresarios el último golpe de Ortega a la legalidad de este país centroamericano “debilita la democracia representativa, el pluralismo político y la división de poderes”, por lo que, dicen, “resulta imperioso y urgente que nos propongamos y dispongamos a la brevedad a establecer las condiciones mínimas para fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país”.
De la misma manera se expresó la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, una organización empresarial que promueve el intercambio comercial con Estados Unidos, que en un comunicado aseguró que la maniobra del presidente Ortega “profundiza la crisis política e incertidumbre que vive el país”.
La debilitada oposición nicaragüense apenas ha podido reaccionar al golpe político del viernes. Los diputados destituidos dijeron que el despojo de sus escaños “constituye la demolición del último bastión de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, porque violenta todos los procedimientos legales y destruye las bases del sistema constitucional nicaragüense”, a decir de Wilber López, quien fue el jefe de la bancada opositora en el Parlamento.
Los opositores convocaron la tarde del viernes a una conferencia de prensa para sentar su posición. Sus rostros decían más que sus palabras, porque denotaban perplejidad. A juicio de una fuente política de Managua, que durante años luchó contra el régimen dinástico de Somoza, el asombro de los opositores es una muestra de que no estaban preparados, porque la acción del presidente se veía venir. “No saben lo que es vivir en dictadura”, dijo. Los opositores se limitaron a informar que acudirán a las “instancias nacionales correspondientes” y denunciarán el despojo ante las organizaciones internacionales, lo que significa que tocarán las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ortega ha demostrado que todavía tiene margen de maniobra para fortalecer su régimen personalista, de partido hegemónico y cada vez más autoritario, aunque no está claro si sobrevivirá a los vientos desfavorables que llegan desde Venezuela, gran aliada y soporte económico del gobierno sandinista.
Sin oposición y con altos índices de popularidad según las encuestas, al mandatario parece no afectarle ni los escándalos de corrupción que desbordan al Ejecutivo, principalmente relacionados al desvío a arcas privadas de la ingente cooperación venezolana (más de 3,500 millones de dólares desde 2007), ni la mano dura con que castiga cualquier indicio de rebelión u oposición a su gobierno, ni el hecho de que aísla a Nicaragua al expulsar del país a extranjeros (principalmente periodistas, activistas y académicos) y diplomáticos. Sin embargo, algunas voces críticas ven en las últimas maniobras de Ortega un blindaje frente a un futuro incierto. “¿Sobrevivirá Ortega al desgaste de la corrupción desenfrenada y el efecto nocivo del personalismo en la centralización del poder, con más represión? La liquidación del pluralismo político al menos sugiere que el régimen se está preparando para su mala hora”, advirtió el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro.
Con información de El País
