El representante legal de la empresa peruana Graña y Montero, Mario Alvarado, que fue socia minoritaria de la brasileña Odebrecht en la construcción del Gasoducto Sur Peruano y otros proyectos, afirmó que esa compañía los engañó pues desconocían el pago de coimas hecho a exfuncionarios peruanos.
"Estamos claros que hemos sido engañados, sabemos hoy que ha sido una mala decisión, lo que hemos perdido es mucho, y hemos pagado las consecuencias de ese engaño", declaró Alvarado ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo de corrupción Lava Jato en Perú.
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El representante dijo que a consecuencia de sus vínculos empresariales con Odebrecht han perdido 38 millones de dólares en 2016, así como la caída del valor de sus acciones en la bolsa.
Alvarado remarcó que "ningún funcionario nuestro ha participado en temas de corrupción" y que "el hecho de que hayamos estado durmiendo con un corrupto, no nos hace corruptos".
Aseguró que Odebrecht tenía una organización paralela para cometer los actos de corrupción denunciados y admitidos en un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.
Odebrecht nunca dejó que Graña y Montero, a cargo de la ingeniería en las obras de construcción, tuviera una participación que no fuera minoritaria, precisó el representante ante el grupo parlamentario.
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Alvarado explicó que cuando se supo el escándalo de las coimas pagadas por Odebrecht en varios países y la detención de sus directivos, Graña y Montero no le compró su participación en el proyecto, sino que hizo un aumento de capital para forzar su salida.
El gobierno peruano aprobó ayer un decreto de urgencia para contratar a un administrador de los bienes del proyecto, que tiene un 37 % de avance en su construcción, tras la cancelación del contrato con Odebrecht, y debía entrar en operación en 2018.
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, dijo hoy a la comisión Lava Jato que el gobierno ha hecho el cobro de la carta fianza del proyecto, que ascendió a 262,5 millones de dólares, y es la más grande en la historia del país.
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En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Después de que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó la semana pasada que Odebrecht "se tiene que ir" de Perú, la empresa aseguró el viernes último que apoyará las investigaciones que hace la Justicia peruana sobre este caso, "aún si no le permiten continuar su actividad en el país".
El representante de Odebrecht en Perú, Mauricio Cruz, declaró ayer ante la misma comisión legislativa que la compañía está dispuesta a colaborar con la justicia peruana y a pagar el cálculo que haga la Fiscalía y la Procuraduría sobre el perjuicio que representó el pago de coimas para adjudicarse licitaciones en el país.
Con información de EFE
