Este martes se conoció que aunque será el Consejo General el que decida en definitiva, el Comité de Radio y Televisión aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual, las 369 emisoras cuya cobertura abarca dos entidades, podrán contratar propaganda gubernamental aún en periodos de proceso electoral en la entidad contigua a donde tienen su sede. Esto, en razón a un cambio de criterio que podría ratificar el Consejo, cuando sus contenidos alcancen territorio de otro estado donde ni población ni electores.
Durante la sesión del Comité de Radio y Televisión, siete de los 10 partidos políticos, con excepción del PRI, el Verde y Movimiento Ciuddano, objetaron el nuevo criterio basado en información del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INEGI y el Registro Federal de Electores por considerar que no hay elementos que den certeza jurídica del acuerdo y de que efectivamente en el radio de acción de la cobertura de las emisoras, no hay población.
Si bien se tenía previsto que este lunes se aprobara el acuerdo por parte del Comité, la consejera Pamela San Martin hizo notar que de acuerdo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se trate de fijar nuevos criterios, la facultad debe recaer en el Consejo General del INE y no en el Comité.
Las objeciones de la consejera no solo fueron de procedimiento sino de forma porque dio a conocer ejemplos en donde la información original para sustentar el acuerdo no concuerda con el íultimo reporte del RFE sobre la inexistencia de electores. Citó un caso en donde el Comité da por hecho de que había cero población, cuando el reporte insitucional asumía que en esa área había 11 mil 700 electores, por lo que cuestionó el sustento del acuerdo.
Para el representante del PRD, Fernando Vargas en el fondo lo que pretende el INE es abrir más el cauce para que las estaciones de radio y televisión vendan espacios a los gobiernos, es decir, ampliar el margen de comercialización aún a costa del potencial efecto en la equidad de la contienda, ante la incertidumbre en la información en que se sustenta el proyecto.
En el mismo sentido se pronunciaron las representaciones del PAN, Morena, Encuentro Social, Partido del Trabajo, todos ellos censurando que el proyectado acuerdo lesionará los comicios, porque abre la puerta a la difusión de propaganda con repercusiones en el proceso electoral de la entidad contigua. La representación de Morena fue más allá y acusó al Comité de actuar de manera oficiosa a favor del interés de las emisoras sin mediar ponderación sobre el impacto electoral.
En el origen, el acuerdo proviene de una consulta de 34 emisoras sobre la viabilidad de exentarlas de esta restricción porque sus contenidos no tienen audiencia en los estados aledaños, por lo que, de entrada, los partidos cuestionaron cómo es que el INE pasó de una consulta de 34 emisoras a exentar a 369 sin mediar petición alguna.
El consejero electoral, Benito Nacif aseveró que el acuerdo se sostiene sobre la base de un criterio definido como población base cero, es decir, que el territorio de cobertura en el estado donde no está la emisora, no tiene realmente un efecto electoral pues adolece de población residente.
Para el consejero, Ciro Murayama, en el fondo, el diferendo tiene su origen en el “barroco electoral” que aun prevalece en la legislación en la materia y que proscibe, para el caso, la contratación de propaganda electoral porque la cobertura va más allá de la entidad aunque sólo lo escuchen las piedras. Fue más allá y dijo que en realidad lo que debería de cuestionarse es que los gobiernos tengan que comprar espacios publicitarios aun cuando tienen ya 48 minutos diarios para transmitir mensajes oficiales, además de que expresó sus dudas sobre el efecto electoral de esta propaganda.
Al término de la sesión, el presidente del comité, el consejero Marco Antonio Baños dijo que será el Consejo Feneral el que determine en definitiva la viabilidad de este acuerdo, si bien precisó que para efectos de las elecciones del próximo año, las estaciones involucradas son solamente 80 y que en 2018 no tendrá impacto alguno porque al tratarse de elecciones federales, la restricción es generalizada. Sin embargo, admitió que este acuerdo fijará criterios para años subsecuentes.
Con información de La Jornada
