El domingo 15 de octubre Venezuela votará a sus nuevos gobernadores de provincias en un evento electoral de categoría local que parece destinado a recomponer el escenario de la crisis política que atraviesa el país. Los comicios debieron tener lugar en 2016, de acuerdo a los plazos dispuestos por la Constitución. Pero el Gobierno de Nicolás Maduro, en vista de su baja popularidad, se valió del control que detenta sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) para posponerlos cuanto pudo. Reprogramadas las elecciones inicialmente para diciembre de este año, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -otro organismo teledirigido por el alto mando chavista- decidió celebrarlas el próximo domingo.
La fecha coincide con un momento en que las negociaciones entre Gobierno y oposición, iniciadas en República Dominicana bajo auspicios internacionales, han caído en punto muerto. Aunque en días recientes el presidente Maduro aseguraba a su par ruso, Vladimir Putin, que los acuerdos con la Mesa de Unidad Democrática (MUD) han avanzado “hasta un 95%”, lo cierto es que la delegación opositora dejó de asistir a las rondas de conversaciones tras fracasar en su intento por obtener del Gobierno un gesto que garantizara su disposición real para la negociación, como lo pudo ser la liberación de los presos políticos.
Washington y la Santa Sede no participan en la mesa de diálogo convocada por el presidente dominicano, Danilo Medina, y el mediador José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, con el aval del Secretario General de Naciones Unidas, pero sí la apoyan tras bambalinas aunque han dejado saber a las partes su preocupación por la falta de logros concretos.
La crisis económica, con sus rasgos de desabastecimiento crónico de productos de consumo masivo, aumento descontrolado de los precios cercano a la hiperinflación y escasez de divisas para el pago de compromisos externos, sigue haciendo mella en la situación social, lo que seguramente tendrá consecuencias políticas. La presión en este flanco se incrementó con las sanciones financieras adoptadas por el Gobierno de Donald Trump, que limitan sustancialmente las posibilidades de Caracas para conseguir dinero fresco. Quedan por calibrar los efectos de las sanciones que, según se prevé, también impondrá la Unión Europea probablemente en noviembre próximo, una vez que las labores diplomáticas superen la solitaria resistencia que Grecia ha planteado ante la iniciativa.
El oscuro panorama económico venezolano tras sanciones de Trump https://t.co/J7cb8PM2MC pic.twitter.com/FGNpVdkp20
— El Político (@elpoliticonews) 8 de octubre de 2017
En medio de este panorama de expectación, las venideras elecciones regionales representan una oportunidad de movimiento en la configuración del tablero político. Y no solo por sus eventuales resultados, sino también por la manera en la que se lleven a cabo.
La oposición “institucional”, agrupada en torno a la MUD, tiene frente a sí no sólo la tarea de superar al adversario sino, además, debe lidiar con el desafío sin precedentes de movilizar a un electorado infectado por el desaliento y el escepticismo. La oposición más radical, agrupada en el movimiento disidente Soy Venezuela, favorece la abstención, temiendo que la participación en el proceso signifique el reconocimiento tácito de un régimen que llegó a quedar en jaque durante las protestas de abril y julio, y que el reparto burocrático de gobernaciones y otras canonjías locales contribuya a apagar definitivamente el impulso rebelde.
De acuerdo a recientes estudios de opinión, ocho de cada diez electores que se identifican de “oposición” expresan algún grado de disposición a acudir a las urnas el próximo domingo. Esos mismos estudios muestran una tendencia general de intención de voto por la oposición que duplica a la del oficialismo. Con ello, lucen amplias las probabilidades de que la MUD supere las actuales tres gobernaciones bajo su control y que, incluso, conquiste más de la mitad de las 23 jefaturas en liza.
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