La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) acusa al ex embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, de pagar a un alto cargo del vicepresidente del dictador venezolano Hugo Chávez en Miami para conseguir contratos millonarios de la petrolera estatal PDVSA, según El Mundo.
El Político
La Udef asegura que la familia Morodo "contó con la colaboración de René Arreaza en las negociaciones con el Gobierno venezolano y sus autoridades" y que éste fue "coordinador de Vicepresidencia y mano derecha de José Vicente Rangel", número dos de Chávez durante siete años.
Dicho informe elaborado por la Policía Judicial al que ha tenido acceso el diario El Mundo asegura que el ex alto cargo Arreaza "participó en las negociaciones y en los contactos iniciados por Alejo Morodo -hijo del embajador de Zapatero- en Venezuela para la implantación de sociedades extranjeras y de otras en el país sudamericano".
El Mundo reveló detalles
Y "fruto de esta representación se explican los pagos realizados por Alejo Morodo a la mercantil March, LTD" por valor de 61.000 euros.
La Udef afirma que el ex alto cargo socialista utilizó a "testaferros para evitar problemas de incompatibilidad con su cargo"; y que las sociedades vinculadas a Morodo realizaban "servicios de asesoría jurídica en posibles negocios en Portugal y España".
Y para ello "se aprovecharía de sus buenas relaciones con autoridades de dichos países, así como con personas bien posicionadas -como René Arreaza-; para conseguir mediar en contratos que les reporten altos beneficios".
El Mundo informó de varias transferencias
El embajador español en Venezuela del Gobierno de Zapatero, Raúl Morodo; hizo numerosas transferencias al coordinador general de la Vicepresidencia de la República bolivariana, René Alberto Arreaza –mano derecha del vicepresidente de Hugo Chávez; José Vicente Rangel–, desde cuentas suyas y de su familia en Suiza y las Islas Vírgenes en 2004.
Estas operaciones tuvieron lugar después de que la familia Morodo percibiera importantes cantidades del Gobierno de Chávez; por asesorías que la Fiscalía Anticorrupción y Hacienda consideran ficticias.
Por ello, la Audiencia Nacional tiene en estos momentos abierta una causa en la que mantiene como investigados a los principales miembros de la familia del embajador; a los que atribuye la comisión de los delitos de falsedad documental, corrupción en las transacciones internacionales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda.
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