Normalmente los días de asueto, como el jueves de Semana Santa, son poco noticiosos en Venezuela. Este año no fue así, debido a una carta.
Alejandro Armas/El Político
Los firmantes son un conjunto de ciudadanos venezolanos, incluyendo a politólogos, economistas y periodistas. El destinatario es el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En cuanto al contenido, lo más llamativo es una crítica severa a las sanciones de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro. Tácitamente da a entender que su remoción sería preferible.
¿Realmente el fin de las medidas punitivas beneficiaría al país? Veamos.
Estado rico, país pobre
Los autores de la misiva no atribuyen la crisis humanitaria en Venezuela a las sanciones, pero argumentan que la empeoraron. Esta afirmación es en todo caso discutible. Ciertamente las sanciones tuvieron consecuencias que afectan al ciudadano común, como agudizar la escasez de gasolina. Pero por otro lado, ha sido con ellas en pie que la economía venezolana frenó su desplome vertiginoso y ahora apunta hacia una muy limitada recuperación.
Algunos expertos han señalado que las sanciones alentaron el abandono por el régimen chavista de las políticas económicas de extrema izquierda que arrasaron con el aparato productivo nacional. Dado que limitaron considerablemente la capacidad de la elite gobernante para hacer negocios, se volvió necesario reactivar el sector privado para que este genere aunque sea un mínimo de actividad económica.
Por lo tanto, un chavismo que se vea nuevamente capacitado para maximizar sus ingresos pudiera darse el lujo de interrumpir la apertura económica parcial de los últimos años. Además, la perdurable falta de Estado de Derecho en Venezuela supone que la elite gobernante puede perjudicar arbitrariamente a cualquier empresa privada, aunque haya mayores facilidades para hacer negocios.
Sin incentivos para el cambio
Pero los riesgos de este proceder no se restringen al ámbito económico. El objetivo de las sanciones es presionar al régimen chavista para que acepte una transición democrática, negociada con la oposición. Si bien por sí solas no pueden cumplir con este propósito, en este momento son la única presión fuerte sobre el chavismo.
Presiones internas no hay. La base opositora está casi totalmente desmovilizada. Persiste el miedo a la represión, como la que extinguió las manifestaciones de 2014 y 2017. La posibilidad de que esa represión amaine es poca. El chavismo sigue persiguiendo a quienes considera indeseables. Para muestra el caso del activista por los Derechos Humanos Javier Tarazona, encarcelado desde el año pasado.
En la carta a Biden, sus autores dicen exhortar al régimen chavista a emprender reformas que tiendan hacia la reinstitucionalización del país. Pero si las sanciones no han sido suficiente para que la cúpula gobernante se vaya por ese camino, la falta de ellas lo haría menos probable aún. No habría ningún incentivo.
En todo caso, tocaría al chavismo un primer gesto de buena voluntad al que se le pueda corresponder. Solo entonces un aflojamiento de las medidas punitivas pudiera estimular mayores avances.
Destinatario inconsciente
Es bastante improbable que Biden lea la misiva de los venezolanos. No porque no quiera, sino porque ni siquiera se enteraría de su existencia. Venezuela no es una prioridad para Estados Unidos. Mucho menos ahora que su política exterior se concentra en apoyar a Ucrania de cara a la invasión rusa.
La carta tal vez sí sea recibida con entusiasmo por agencias de cabildeo en Washington que tengan clientes interesados en hacer negocios en Venezuela y estén constreñidos por las sanciones. Por ejemplo, petroleras como Chevron. Estas agencias pudieran tratar de propagar la carta en la capital norteamericana. Pero, de nuevo, debido al poco interés en el tema, cuesta creer que tendría una circulación amplia.