Cuba atraviesa uno de sus peores momentos desde la revolución de 1959, con una escasez que ha alentado una emigración récord y protestas. Las pandillas controlan las calles de la capital de Haití, disparan contra los aviones comerciales y provocan retrasos en las elecciones para reemplazar al presidente asesinado Jovenel Moïse.
El presidente de Nicaragua ha encarcelado a manifestantes, miembros de la oposición y líderes religiosos. En Venezuela, una carencia de insumos básicos y una de las tasas de inflación más elevadas del mundo han expulsado a casi 8 millones de los 28 millones de habitantes.
Medio millón de personas con privaciones y dificultades en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han ingresado legalmente a Estados Unidos a través de un programa del gobierno demócrata de Joe Biden conocido como “parole humanitario”, una herramienta sustentada en una ley de los años 1950 que ha permitido la llegada de inmigrantes de Hungría, Vietnam y Laos, entre otros países. Pero el presidente electo Donald Trump parece encaminado a desmantelar esa política y ha expresado en su campaña que va a terminar con el “abuso escandaloso del parole”.
Trump hizo de la retórica anti-inmigrante una parte clave de su campaña para volver a la presidencia y advirtió que expulsará a cientos de miles de inmigrantes que han ingresado a través de programas creados por la administración de Biden.
“Prepárense para irse porque van a salir muy rápido”, dijo Trump refiriéndose a más de un millón de personas que han llegado con “parole”, un permiso legal temporal humanitario de permanencia.
Un grupo gigante de personas amparadas bajo la administración de Biden con un estatus legal temporal frágil podrían perder esas protecciones de un plumazo.
Esos programas incluyen las políticas de permiso de permanencia humanitario, el respaldo al programa de acción diferida DACA para los menores que llegaron ilegalmente al país con sus padres hace años; el permiso legal de ingreso temporal para cerca de un millón de personas, incluidas las que entraron tras obtener citas fronterizas a través de una aplicación denominada CBO One, y un extensivo uso del estatus de protección temporal para frenar deportaciones, conocido como TPS.
