El final de una nueva novela brasileña ya tiene fecha: el último paso en el proceso de destitución contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff iniciará este jueves, cuando la mandataria nacional echará el resto para defenderse de los supuestos “delitos de responsabilidad” que podrían sacarla definitivamente del poder y dejarle el testigo oficialmente al presidente interino Michel Temer.
Félix Gutiérrez / El Político
Los cargos formulados contra Rousseff son de carácter administrativo. A la representante del Partido de los Trabajadores (PT) se le acusa de emitir decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del su gobierno. Estas acciones significarían violaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los presupuestos y estipula como pena tanto la destitución como la pérdida de los derechos políticos por ocho años.
El pedido del denominado "impeachment" a la presidenta llegó al Congreso en octubre del año pasado, con la firma de tres juristas. Uno de ellos fue Hélio Bicudo, quien fue fundador del partido de Rousseff. La denuncia inicial aludió a las “peladas fiscales”, es decir, el uso uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. Aunque esta acción fue común en gobiernos anteriores, hay datos oficiales que demuestran que durante la gestión de Rousseff se volvió más frecuente.
La acusación asegura que el gobierno de Rousseff amplió el límite de gastos en 1.750 millones de reales (530 millones de dólares), que había sido autorizado por el Congreso en 2015. La jugada aumentó el déficit público en 1,5%. Sin embargo, la defensa ha insistido en que estos decretos no necesitaban autorización parlamentaria porque habían sido reservados por el Estado.
El Senado será el que tenga la última palabra sobre este juicio, que estará dirigido por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski. Pero Rousseff y sus defensores saben que la decisión parece estar más cerca del destino que no quieren: la destitución.
Los escenarios
Michel Temer será el encargado de terminar el período de Rousseff, hasta el 1 de enero de 2019, en caso de destitución. Pero si el Senado decide lo contrario, la mandataria recuperará el poder una vez que se publique la sentencia.
Está previsto que la decisión se tome la próxima semana (martes o miércoles), después de las audiencias que empezarán este jueves y en las cuales comparecerán dos testigos de la parte acusadora y otros seis presentados por la defensa, que estarán recluidos e incomunicados en un hotel de Brasilia.
Se espera que las audiencias terminen la noche del viernes o la madrugada del sábado para luego retomar el juicio el lunes, cuando Rousseff se presentará personalmente para su defensa.
"Voy al Senado porque creo en la democracia. Debo eso al pueblo brasileño. No voy porque creo en la belleza de mis ojos. Tengo absoluta claridad de lo que están haciendo. Sé que es una injusticia y mi presencia es muy incómoda, extremadamente incómoda", declaró Rousseff este martes en un acto de su partido.
Media hora es el tiempo que tiene la mandataria para exponer sus alegatos. Después, será sometida a las preguntas que podrán hacerle los 81 senadores, que en su mayoría se han mostrado a favor de la destitución.
Para la destitución definitiva de Rousseff se necesita una mayoría calificada de 54 votos, que representa dos tercios de los escaños del Senado. Las encuestas locales aseguran que al menos 51 senadores han anticipado su apoyo a la destitución, mientras que 19 respaldarían la continuidad. Pero el entorno de Temer espera que los favorables a la salida sean 60, esto después de que la votación por la continuidad del proceso y la suspensión de la mandataria quedó 59-21 a favor de los opositores el 12 de mayo.
Temer, confiado y preparado
"Debemos tener entre 60 y 63 votos a favor del juicio político; siendo conservador, deberemos tener 61 votos", afirmó el jefe del Gabinete de Temer, Eliseu Padilha.
La confianza en la destitución de Rousseff y el éxito en los Juegos Olímpicos Río 2016 le han dado impulso al actual presidente interino de Brasil y su equipo, quienes parecen tener una agenda de gobierno que esperan activar con la decisión final del Senado brasileño.
Dos puntos serían primordiales en esta agenda, explicó Padilha: "El recorte a la expansión del déficit público y la reforma del sistema previsional". El gobierno pretende elevar de 65 a 70 años la edad de retiro de los hombres y de 60 a 65 (salvo docentes y otras excepciones) la de las mujeres para aquellos que hoy tienen menos de 50 años de edad.
Sin embargo, Rousseff no se da por vencida hasta el veredicto final, por lo que su renuncia, para anular el juicio, no es una opción: "No tengo la mínima intención de renunciar. No les daré ese regalo a mis adversarios", sentenció. Habrá que esperar entonces a que el Senado defina su destino y termine esta semana decisiva para la historia política de Brasil.
