Se trata de la mayor causa de corrupción abierta nunca en España, que puso al descubierto la trama diseñada por la cúpula del gobierno andaluz del PSOE para sustentar su propio poder a través de un arbitrario reparto de fondos millonarios a cambio de lealtades y favores
El Político
Dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; una ex ministra de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez; y otros 16 ex altos cargos de los gobiernos socialistas, entre ellos seis ex consejeros, Álvarez incluida, idearon y desarrollaron en esta comunidad un sistema ilegal para disponer y otorgar a discreción 679 millones de euros saltándose todos los controles y todas las normas con un solo fin: apagar los fuegos sociales que en aquella época, a partir del año 2000, amenazaban la hegemonía del PSOE en uno de sus feudos.
Un sistema que, además, adolecía de cualquier publicidad y concurrencia, en el que las subvenciones se daban a discreción y sin primar el interés público, sólo el ajeno y, muy especialmente, el de las empresas para cuyo enriquecimiento sirvieron, fundamentalmente, las ayudas. Y todos los condenados eran conscientes de su "palmaria ilegalidad".
De todo ello ha quedado convencida la Audiencia Provincial de Sevilla que enjuició la denominada Pieza política, la cual ha repartido condenas para casi todos los 21 acusados –sólo dos se han salvado– pero que, además, ha certificado que los ERE fraudulentos, una denominación bastante simplificada de lo que sucedió, no fue cosa de "cuatro golfos".
En la legislación española, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) es un procedimiento mediante el cual una empresa en una mala situación económica busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores.
¿En qué consistió el fraude de los ERE?
La sentencia de la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula socialista del PSOE andaluz censura con tono grave el “sistema fraudulento” que instauró la Junta de Andalucía en el año 2000 para conceder subvenciones directas a empresas en crisis y pagar el costo que suponían los ERE y que tuvo un gasto de 680 millones de euros durante una década.
Los hechos probados del fallo describen cómo el cambio en el mecanismo de pago “posibilitó que se aplicaran, se gastaran y se ejecutaran las ayudas, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, según los jueces, que recogen palabra por palabra la censura de la Intervención General (Contraloría) en 2005 cuando examinó el fondo de ayudas por primera vez.
El nuevo procedimiento de pago supuso “la ausencia de control alguno de la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias incluidas en las pólizas de renta sufragadas con fondos públicos”. Es decir, permitió que ciertas personas (intrusos) fueran prejubilados en los ERE de las empresas sin haber trabajado nunca en ellas, entre ellos amigos y vecinos de alguno de los condenados.
¿Por qué la Junta implementó este cambio normativo?
El cierre de grandes empresas en Andalucía, a finales de los años 90, resultó traumático para miles de trabajadores y la Junta optó por un atajo legal para lograr un sistema de ayudas tras las observaciones que la Intervención había puesto previamente.
“La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos socio laborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, reza el fallo.
El control lo ejercía hasta entonces la Intervención General, que con esta modificación presupuestaria solo pudo examinar ciertas ayudas, pero siempre a posteriori, nunca de manera previa. “El denominador común de todas las ayudas socio laborales y ayudas a empresas, debido al uso de las transferencias de financiación [herramienta presupuestaria del cambio], fue la falta de fiscalización”.
La consecuencia principal de esta decisión fue un caos en las ayudas: “El resultado fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones socio laborales y a empresas en crisis, al omitirse la fiscalización previa en la Consejería de Empleo”.
El gasto de los expedientes se aprobaba en la agencia Idea, pero la concesión residía en la Consejería de Empleo, con poderes casi plenos para el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, por lo que Idea estaba a ciegas respecto a si se daban de manera correcta las ayudas. A pesar de las denuncias de la Intervención General, la Consejería de Economía ignoró los avisos, denuncia la sentencia. “Los abonos realizados no tenían reflejo contable alguno, ni en la contabilidad del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), llamado luego agencia IDEA, en la de la Consejería de Empleo”, critican los jueces.
Los sentenciados
La Audiencia Provincial de Sevilla, en su sentencia de 1.821 páginas,ha condenado a José Antonio Griñán, expresidente socialista de la Junta de Andalucía, a seis años de prisión por malversación y prevaricación continuadas en el caso de los ERE; mientras que a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, el histórico dirigente del PSOE, le ha impuesto una condena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Por este mismo delito han sido inhabilitados también durante nueve años la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías.
También han sido condenados a prisión otros cuatro exconsejeros de la cúpula socialista andaluza: Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez Aguayo (Economía). La pena más alta es para Fernández, siete años y 11 meses. En el caso de Vallejo y Viera, la condena es de siete años; y la de Martínez Aguayo, de seis.
Solo dos de los 21 procesados han resultado absueltos: Manuel Gómez, el ex interventor general de la Junta y Francisco del Río, el exjefe de los servicios jurídicos. Al primero se le acusaba de malversación y prevaricación, y al segundo sólo de prevaricación.
A estos se les suman cuatro antiguos dirigentes acusados también de ambos delitos y para los que Anticorrupción pedía cárcel, pero que podrán eludir la prisión porque han sido absueltos de malversación, aunque inhabilitados por prevaricación. Estos son los ex directores generales de la agencia Idea Jacinto Cañete (ocho años y seis meses de inhabilitación), y los ex secretarios generales de Empleo Javier Aguado y Juan Francisco Sánchez (nueve años) y Lourdes Medina (ocho años y seis meses).
Los jueces consideran que todos los condenados eran "plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron". "La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno autónomo en su conjunto", señala el tribunal.
Cómo funcionaba
Para poner en marcha este nuevo mecanismo, la Junta aprobó dos modificaciones presupuestarias que reducían las partidas legalmente establecidas para la concesión de subvenciones y dotaban de fondos a otras que no existían en el presupuesto inicial aprobado y que, según los jueces, eran "inapropiadas" para otorgar estas subvenciones.
A partir del año 2001, las ayudas las pagaba directamente el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), a través de un convenio marco firmado entre su presidente, Antonio Fernández, y José Antonio Viera, máximo responsable de Empleo. Este convenio dejaba en manos del director general de Trabajo, el principal imputado en la causa, Javier Guerrero (condenado a siete años y once meses de prisión), la facultad de ordenar al IFA el pago de las ayudas, pese a que Guerrero, según el tribunal, "carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones".
Con este nuevo sistema, el gobierno andaluz del PSOE se ahorraba cumplir con los requisitos legalmente establecidos para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones y eludía la fiscalización por parte de la Intervención General de la Junta, lo que favoreció "un descontrol absoluto", afirman los jueces.
El juez ponente Juan Antonio Calle ha elaborado la sentencia de la pieza política de la macro causa de los ERE durante los últimos 11 meses, desde que el juicio en la Audiencia de Sevilla finalizó el pasado diciembre, después de un año y 152 sesiones. La macrocausa de los ERE ha marcado la política andaluza durante los últimos nueve años por los escándalos destapados en la concesión de fondos públicos desde la Junta y ha sido empleado como reproche habitual del resto de partidos en Madrid contra los socialistas por su corrupción.
Chaves y Griñán, expresidentes y líderes históricos del socialismo andaluz, se dieron de baja en el PSOE en 2016 tras su inculpación durante la instrucción. Ambos gobernaron la comunidad durante 23 años, el primero de 1990 a 2009 y el segundo tras sucederle desde este año hasta 2013.
Cronología
El 19 enero de 2011 la juez de Sevilla Mercedes Alaya abre las diligencias previas que dieron lugar al caso ERE. Inicialmente, se iba a investigar un presunto fraude en ayudas públicas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis. Unos días antes, el 27 de diciembre, el diario El Mundo había publicado en exclusiva que la Junta de Andalucía llevaba 10 años pagando prejubilaciones de forma ilegal.
El 15 noviembre, la juez apunta por primera vez en un auto al entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como "cúspide" de una "estructura piramidal" que propició el presunto fraude durante una década.
El 9 marzo de 2012 declara Francisco Javier Guerrero,
ex director general de Trabajo de la Junta, que al día siguiente ingresa en prisión. Es el primer ex alto cargo que va a la cárcel por los ERE fraudulentos y el principal acusado en esta causa. Guerrero fue alto cargo durante nueve años, desde 1999 hasta 2008, con tres consejeros de Empleo diferentes: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, siempre en la etapa de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía.
El 16 de marzo, Juan Francisco Trujillo, que fue chófer de Javier Guerrero, declara ante la juez que llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero de las ayudas públicas de la Junta que recibieron irregularmente sus empresas.
24 abril 2012, tras cuatro días declarando en el juzgado, la juez envía a prisión a Antonio Fernández, ex consejero de Empleo. Sale en agosto de 2012 tras pagar 450.000 euros de fianza.
20 marzo 2013, la Guardia Civil despliega la operación Heracles con decenas de detenidos y registros en aseguradoras y bufetes de abogados que presuntamente se lucraron con sobrecomisiones para tramitar los ERE ante la Junta.
20 julio, José Antonio Griñán, presidente del gobierno andaluz, anuncia su dimisión para "preservar" a la Junta de la "erosión" del caso ERE.
31 julio 2014, la juez remite al Tribunal Supremo la exposición razonada con los indicios de delito que ve en Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno, todos diputados o senadores en aquella fecha.
16 junio 2015, Mercedes Alaya deja el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla tras conseguir una plaza en la Audiencia y la sucede María Núñez Bolaños. Se consuma así la maniobra para apartar a Alaya de la instrucción del caso ERE y de otras causas de corrupción. Ella pretendía retrasar su incorporación a la Audiencia y continuar con la instrucción de estas macrocausas, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobaron un plan de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que enterró esa posibilidad.
20 junio, el Supremo imputa a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de los entonces diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera.
26 junio,
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera dejan sus escaños en las Cortes.
31 julio
La juez Núñez Bolaños divide la macrocausa de los ERE en piezas separadas que se reparte con el juez de refuerzo Álvaro Martín. Su antecesora, la juez Mercedes Alaya, siempre se había opuesto a la división de la causa.
1 junio 2016, Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo se dan de baja en el PSOE un día después de que el juez Álvaro Martín les notificara el auto de transformación en procedimiento abreviado del caso ERE, el paso previo para sentarlos en el banquillo.
3 noviembre 2016, El juez Álvaro Martín abre juicio oral y remite a la Audiencia de Sevilla el procesamiento de 26 acusados (cuatro son luego desimputados) por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita. La Fiscalía Anticorrupción eleva a 741 millones de euros el botín del PSOE por los ERE.
13 diciembre 2017, comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio por la pieza principal del caso con Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, y 13 ex altos cargos de sus gobiernos en el banquillo. En el juicio declararon 120 testigos, finalizó el 17 de diciembre de 2018 y quedó visto para sentencia.(Con información de El Mundo, El País)
