En los últimos años, el chavismo ha recurrido al método de la inhabilitación para proscribir a cualquier candidato opositor que le amenace.
El Político
De acuerdo con la Voz de América, en Venezuela hay candidatos opositores que están inhabilitados para ejercer cargos públicos. Si uno de ellos gana las primarias, la oposición tendrá que llegar a un acuerdo con el chavismo para participar en las elecciones presidenciales del próximo año, reportó VozdeAmerica.
¿Por qué es importante?
Acceso a la Justicia, una organización especializada en el estado de derecho, aseguró que el régimen de Maduro “modifica las reglas del juego” para minimizar los riesgos de perder unas elecciones y que la inhabilitación es una de sus “herramientas referidas”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Jesús María Casal, explicó que las inhabilitaciones son medidas “arbitrariamente impuestas” por el oficialismo durante años contra los principales líderes de la oposición.
Lo cierto es que el chaavismo ha defendido desde principios de siglo ese tipo de sanciones por supuestos malos manejos de fondos públicos, mientras la oposición las considera inconstitucionales y discrecionales para evitar que líderes antichavistas gobiernen en el país suramericano.
La Plataforma Unitaria de partidos políticos que enfrentan al régimen de Nicolás Maduro espera escoger a su abanderado para las presidenciales de 2024 en una votación primaria que se realizará el domingo 22 de octubre.
Según sus organizadores, los políticos inhabilitados por el chavismo podrán participar sin inconvenientes en la contienda.
En contexto
Entre 2000 y 2012, el Estado venezolano confirmó 924 inhabilitaciones. Según el contralor de entonces, Clodosbaldo Russián, hubo apenas cinco dirigentes políticos en la lista hasta 2008.
La oposición ha denunciado que esas sanciones ocurren incluso sin notificación previa, como ocurrió en 2021, cuando el bloque antichavista se sorprendió al no poder postular a la esposa del político Freddy Superlano a la gobernación de Barinas por estar inhabilitada.
En esas votaciones, candidatos de oposición e incluso del chavismo, como el exministro Eduardo Samán, denunciaron que nunca pudieron oficializar sus postulaciones porque fueron sorprendidos por inhabilitaciones de última hora que nunca les notificaron.
Si bien no existe aún una lista definitiva de aspirantes a la primaria opositora, varios de los precandidatos tienen o tuvieron en algún momento medidas de inhabilitación en su contra.
El reglamento de la primaria no prohíbe la postulación de un candidato inhabilitado.
Toda la confianza y emoción que logremos consolidar con este proceso de primarias también debe alcanzar a las bases del chavismo.
Aquí hay un espacio para ellos. Muchos han sido presos de este sistema criminal. pic.twitter.com/PsMiLkJegN
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 27, 2023
Entre líneas
María Corina Machado, dirigente del partido Vente Venezuela, que encabeza la intención de voto en ese proceso electoral del antichavismo, es una de las afectadas.
Machado fue inhabilitada por parte de la Contraloría General para ejercer cargos públicos durante un año con base en la Ley contra la Corrupción. A mediados de 2016, esa restricción venció oficialmente. En 2014, el chavismo la acusó de “traición a la patria”.
Henrique Capriles Radonski, dos veces candidato presidencial y potencial abanderado del partido Primero Justicia en la primaria de octubre, también fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por presuntas “irregularidades administrativas” en tres años fiscales mientras era gobernador del estado Miranda, según la Contraloría General.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela entre 2019 y 2022, potencial candidato para la primaria por parte del partido Voluntad Popular, también fue inhabilitado en 2021 por 15 años junto a otros 27 diputados tras no haber presentado una declaración jurada de patrimonio, argumentó la Contraloría.
César Pérez Vivas, un exgobernador que aspira a la primaria, también fue inhabilitado en 2015 por siete años debido a presuntas irregularidades administrativas en su gestión. En la práctica, su sanción se cumplió a cabalidad en el primer semestre del año pasado.
En conclusión
El uso de las inhabilitaciones para gobernantes electos es “un exceso” y constituye “una violación a derechos humanos”, según el dirigente del partido Copei y miembro de la delegación opositora para las negociaciones en Ciudad de México, Roberto Enríquez.
“La participación política, el derecho a elegir y ser elegido han venido siendo vulnerados con este mecanismo de persecución política. La Constitución es muy clara, debe haber sentencia firme” por corrupción contra el inhabilitado, comenta a la Voz de América.
Recuerda que el informe presentado por la comisión de la Unión Europea que participó en las elecciones regionales de noviembre de 2021 advierte “con claridad” que unas elecciones con líderes inhabilitados y partidos secuestrados “estarían llenas de vicios”.
“Ante el tema de las inhabilitaciones debemos tener una posición de principio, no acomodaticia. Es el pueblo el que debe decidir y no el gobierno”, asevera Enríquez.
Las inhabilitaciones condicionan las candidaturas de los aspirantes opositores de cara a 2024, opina el politólogo y presidente de la firma Poder y Estrategia, Ricardo Ríos. A su juicio, son “un peso a cuestas” de los afectados desde el inicio de la carrera electoral.
Víctor Maldonado, politólogo y profesor universitario, dice que “el régimen no cesa en imponer unas reglas de juego que le dan ventaja”.
Para él, la primaria de octubre es solo un método de selección del candidato de los cuatro principales partidos de la oposición, “con la presencia como invitados de otros partidos”.
“No hay piso parejo. No hay nada parecido a amnistía política. Y si siguen el guion nicaragüense, tendrán como competidores candidatos a la medida de sus expectativas”, afirmó, recordando cómo el presidente Daniel Ortega anuló los derechos políticos de al menos siete candidatos opositores en las últimas presidenciales del país centroamericano.
