En Estados Unidos un juez federal asegura haber determinado que el gobierno de Perú puede solicitar la extradición del ex presidente Alejandro Toledo y entregarlo a la justicia de la nación suramericana. En razón de hacer frente a las acusaciones de corrupción relacionadas con la empresa constructora brasileña Odebrecht.
El Político
De acuerdo con una versión de la agencia noticiosa estadounidense AP, aunque la extradición del exmandatario podría llevarse largo tiempo, tal como ocurrió con el también ex presidente panameño Ricardo Martinelli, la extradición de Toledo es viable. A la sazón al líder centroamericano se le sindicó por malversación de fondos y escuchas telefónicas. El proceso demando una agenda judicial durante diez meses. Al fin de cuentas el juez la certificó. Hasta que Martinelli llegó a su país en junio de 2018.
AP desglosa algunos aspectos relevantes sobre la manera como puede conducirse la extradición. El asunto comienza con un pedido del gobierno —de Perú, en el caso de Toledo— o del país que requiere a la persona fugitiva, al gobierno de Estados Unidos. La solicitud generalmente la hace la embajada en Washington o representantes diplomáticos de ese país. En general los tratados de extradición también requieren que las solicitudes de arresto sean por vía diplomática.
Posteriormente el Departamento de Estado revisa el pedido para asegurarse de que haya un tratado de extradición con ese país. Se fija también que el o los delitos por los que se requiere a la persona estén incluidos en ese pacto como razones de extradición. Y que los documentos que avalan el caso estén certificados y cumplan con todos los requisitos.
#ULTIMAHORA Juez estadounidense: expresidente Alejandro Toledo puede ser extraditado a Perú.
— AP Noticias (@AP_Noticias) September 28, 2021
El nombre de Toledo en el tintero judicial
Si todo está en orden, un litigante de la oficina de asuntos legales del Departamento de Estado prepara un certificado en el que asegura que existe un tratado de extradición y se han cumplido con los requisitos. Luego se envía a la oficina de asuntos internacionales junto con el pedido original de extradición que envió el país solicitante.
Dicha dependencia, conocida como OIA por su nombre en inglés, revisa el pedido formal de extradición para verificar que es correcto. Evalúa también si los documentos establecerán una causa probable para creer que se han cometido delitos y que la persona cuya extradición se solicita los ha cometido. Revisa asimismo el pedido de arresto. Al terminar, reenvía todos los documentos al distrito judicial donde se cree que está la persona.
Desde el Departamento de Estado los casos pasan al de Justicia para que un juez determine si la persona puede ser extraditada o no. El gobierno estadounidense, que ha recibido el pedido de extradición de otro país, estará representado por los fiscales en las audiencias y tratará de cumplir con el acuerdo de extradición. Los fiscales alegarán que, de acuerdo con las leyes y los hechos, el tribunal debería ordenar la extradición de la persona para que enfrente acusaciones en su país.
La persona cuya extradición se busca tendrá su propia defensa en el caso para impedir su extradición. Toledo, por ejemplo, tiene abogados públicos. Podría suceder también que la persona decida no disputar su extradición. En ese caso el
Pese a una decisión judicial, no significa que la repatriación sea inminente
En cuanto al proceso judicial, no existen plazos máximos en los procesos de extradición. El de Toledo tomó unos tres años desde que Perú envió el pedido hasta que el magistrado Hixson certificó que el exmandatario es extraditable. Esa decisión fue comunicada al Departamento de Estado y el secretario Antony Blinken tiene la última palabra. Ni la decisión del juez ni la del secretario de Estado pueden ser apeladas, explicó Abraham.
Al consultársele su decisión sobre Toledo, el Departamento de Estado dijo a la AP que su política es no hacer comentarios sobre casos de extradición.. Expertos consultados por la AP dijeron que los tiempos son impredecibles y podrían pasar semanas, meses o incluso años hasta que suceda.
En los casos en que los jueces fallan en contra de la extradición, a diferencia de lo que sucedió con Toledo, los fugitivos pueden permanecer en Estados Unidos y ajustar su estatus migratorio.
Fuente: AP
