Un total de 612 inmigrantes perjudicados por la estafa de la empresa de paquetería OGC presentan querella conjunta ante la Audiencia Nacional de España.
Stephanie Lozada Madriz/ El Político
El embajador de Ecuador, Miguel Calahorrano, acompañado por la viceministra de Movilidad Humana, Esther Cuesta, que participa en Madrid de un taller dirigido a cónsules.
El caso de la empresa OGC, que dejó de entregar unos 3.200 paquetes cuando saltó el escándalo, en marzo pasado, y que ha dado lugar a catorce detenciones en Ecuador, entre ellas las de los responsables de la sociedad.
Para cubrir los daños causados, la querella cifra en 1,1 millones de euros la cantidad para indemnizar a los afectados.
La investigación llevada a cabo en Ecuador apuntó a que los envíos fueron efectuados bajo la figura de menaje de casa, cuando en realidad se trataría de mercadería que esta sometida al pago de impuestos.
La querella fue presentada recientemente por abogados en representación de los afectados, por "presuntos delitos de estafa y apropiación indebida", señaló la embajada en Madrid.
La presunta ilegalidad, explicó entonces la Fiscalía, fue detectada cuando en los contenedores con los cargamentos se identificaron artículos diferentes a los permitidos.
Con información de El Telégrafo