Desde el 2004, el Estado ecuatoriano ha enfrentado 29 litigios internacionales y 12 de ellos todavía están activos. De los que concluyeron, 11 se desecharon o archivaron luego de acuerdos entre las partes. Como parte de esos acuerdos, el Estado pagó USD 128,5 millones en indemnizaciones.
El Estado perdió seis procesos, aunque pagó compensaciones por un valor menor al que pretendían esas empresas internacionales. Esas firmas buscaban indemnizaciones por USD 5 944 millones y el Estado pagó una quinta parte de ese monto.
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De esos casos, el más importante fue Occidental II, por el cual el Estado canceló el año pasado USD 1 062,7 millones. El país fue condenado por “incumplir su obligación de conceder un trato justo y equitativo a la inversión de Occidental”, al declarar la caducidad del contrato con la petrolera, el 15 de mayo del 2006.
Las áreas revertidas a Oxy están entre las más productivas del país. Generan el 20% de la producción de la petrolera estatal Petroamazonas. Estos litigios internacionales se fundamentan en los convenios bilaterales de inversión firmados por Ecuador desde la década de los 80, especialmente con Estados Unidos. Establecen la posibilidad de que cualquier inversionista que se sienta afectado en sus intereses pueda acudir a tribunales internacionales. De los casos que están activos, los más sensibles son Chevron II, Ecuador TLC, Consorcio Arch Trading, Perenco y Burlington.
