El Plan Control Territorial creado por el gobierno de Nayib Bukele busca reducir los homicidios en uno de los países más violentos del mundo. Para el ministro de Seguridad “Los pandilleros no son niños, sino terroristas”.
El Político
El Salvador es, desde hace dos décadas, uno de los países que, sin estar en guerra, es de los más violentos del mundo. Una violencia ejercida por las pandillas o maras que se disputan el poder territorial con el gobierno, y que viven de extorsionar a los ciudadanos.
Después de meses de descenso de las cifras de homicidios, a finales del pasado mes de abril se quebró la tendencia con más de 80 asesinatos en apenas cuatro días. Para entonces, el país estaba inmerso, como el resto del mundo, en la lucha contra el coronavirus.
El presidente Nayib Bukele, que llegó a la presidencia el 1 de junio de 2019 con tres objetivos claros en su agenda: acabar con la corrupción, disminuir la violencia y renovar el país, decidió decretar el estado de emergencia en las cárceles, la segunda vez en su corto mandato.
Impuso unas medidas extremas: autorizó la fuerza letal contra los pandilleros; selló sus celdas para que no pudieran comunicarse y mezcló a miembros de bandas rivales en ellas, algo que no sucedía desde 2002. Unas medidas que han sido duramente criticadas tanto dentro como fuera de El Salvador por políticos y organizaciones de derechos humanos.
Disminuye la tasa de homicidios
El resultado es un balance “de 28 asesinatos hasta el 16 de mayo”, indica Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, lo cual “sitúa el promedio de homicidios diarios en 1,7”. Pero el dato más importante es que durante cinco días de este mes no ha tenido lugar ningún asesinato, algo inédito en los últimos 30 años.
“El sábado hubo solo uno”, dice este ingeniero civil, que rompe con la tradición militar de sus antecesores en el cargo. Reconoce que no tenía experiencia en seguridad pública, pero que aceptó el cargo “porque el presidente Bukele me dijo que necesitaba a alguien que fuera capaz de ejecutar su visión de la seguridad”, necesaria para cambiar la vida y la imagen del país.
“La violencia ha enlutado a muchas familias salvadoreñas, desmejoraba el clima de inversiones y las calificaciones del país en el exterior. El gobierno de Estados Unidos de América nos había dado un nivel de alerta 3 para que sus ciudadanos no visitaran El Salvador por ser muy inseguro. Ahora tenemos categoría 2”, observa el ministro.
Plan Control Territorial
Su principal misión ha sido la de implementar el Plan Control Territorial, que comenzó a funcionar el 20 de junio del año pasado.
El objetivo de este plan no es más que recuperar los territorios que habían sido cedidos por falta de políticas públicas y de visión a grupos criminales. En ellos dominaba la anarquía por la falta de los cuerpos de seguridad. Se inició con 22 municipios. Y en ese esfuerzo hay un acompañamiento de la fuerza armada cuyo uso fue declarado constitucional hace años para el acompañamiento en las labores de seguridad pública.
“Hicimos patrullas conjuntas, con agentes policiales y de las fuerzas armadas. Nuestro objetivo también era impactar en las extorsiones que ejercen los pandilleros sobre los comercios, que suponen importantes ingresos para ellos. Buscábamos cortar ese flujo financiero a las pandillas, que están consideradas como grupos terroristas. El resultado de este plan ha sido muy importante”, añade.
Indica que las cifras de homicidios descendieron hasta marzo, pero que a finales de abril hubo un aumento porque tanto las fuerzas armadas como la policía se pusieron en primera línea en apoyo del ministerio de Salud para la contención de la pandemia, que era la fase 1.
Agrega que después en la fase 2 se les atribuyó la búsqueda de los nexos epidemiológicos lo que requirió un gran apoyo de los agentes, reduciendo el número de los elementos de seguridad en los territorios. Obviamente las pandillas notaron esa ausencia de seguridad pública e intentaron recuperar sus territorios con esa fuerza que ellos emplean.
“A esto se suma que coincidió con la liberación de un reo, miembro de la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha), que había sido condenado a 350 años de cárcel por haber cometido alrededor de 150 homicidios. Era un alto líder de la pandilla, que quedó en libertad por un tecnicismo de la justicia, que he pedido que se investigue. Salió de la cárcel con órdenes para ejecutar homicidios, algo que ya hemos cortado porque hemos bloqueado las comunicaciones dentro de los penales”, manifiesta el ingeniero Rivas.
Con relación a otra versión que circula de que existía una tregua encubierta entre las pandillas y el gobierno, y que utilizaron los asesinatos como medida de presión, enfatizó que “Es lo que está utilizando la oposición porque la administración del presidente Mauricio Funes (con varios casos abiertos por corrupción en el país y que vive asilado en Nicaragua), pactó una tregua. Fue la única forma que ellos encontraron para reducir los homicidios.
—Con el tiempo se demostró que era completamente ilegal sentarse a negociar con grupos terroristas. Al ser la bajada de homicidios un logro de la seguridad pública del gobierno de Bukele, la oposición está intentando desacreditar estos resultados. Pero esa acusación se puede desmontar fácilmente, porque en el Plan Control Territorial hemos tomado medidas drásticas, la más reciente la de poner en la misma celda a pandilleros rivales.
Agregó que ya no hay penales exclusivos. “Además durante estos meses han muerto un centenar de pandilleros en las calles. Si hubiera un pacto, esto no se hubiera producido. Esa es una estrategia de la oposición para desacreditar los resultados, porque no solo hemos impactado en el número de homicidios, también en el de desaparecidos. Hasta el 17 de mayo, la tasa promedio de homicidios diarios es de 1,8. Y desde enero hasta ahora se ha reducido en un 34% el número de desaparecidos, en total han sido 590 casos”.
Mezclar pandilleros en los penales
Explica el ministro que aunque la mezcla de pandilleros se ha visto con mucha preocupación ante un posible estallido de violencia dentro de las cárceles, pues la MS-13 y Barrio 18 son pandillas históricamente rivales, se hizo como una manera de cortar la comunicación, porque evidentemente no van a contar sus estrategias delante de una pandilla rival.
“Y había la suficiente experiencia para saber que dentro no iba a pasar nada porque tienen un pacto entre ellos, que son enemigos en las calles pero no necesariamente van a ser rivales. Cortamos las comunicaciones para evitar que dieran órdenes hacia el exterior”, indica.
Uso de la fuerza letal
El ministro Rivas señala que hay protocolos en los cuales se indican en qué momento debe utilizarse la fuerza letal. “Evidentemente nosotros cumplimos esos protocolos. Durante el incremento de homicidios en el mes de abril solamente hubo una agresión ilegítima en la que falleció un pandillero. La policía al llegar a un lugar fue recibida con disparos y ella respondió con una fuerza proporcional. Los agentes aunque van bien preparados deben velar por su legítima defensa. Eso es lo que dijo Bukele”.
“Lo que sucede es que el país no está acostumbrado a tener un presidente que mandara y que comandara. Por eso dio su autorización para neutralizar al terrorista. La Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa han declarado a estos grupos de pandilleros como terroristas porque ejercen el terror en sus comunidades. Estos no son grupos de jóvenes y niños que simplemente están contra el sistema. Son grupos que tienen armamento de grueso calibre como fusiles M-16, escopetas y pistolas, que son de uso militar y policial”.
Se le dijo al ministro que el hacinamiento de los pandilleros en las cárceles ha sido denunciado por el riesgo de propagación del Covid-19, y respondió que “El hacinamiento es un problema histórico en el sistema penitenciario. Tenemos alrededor de 40.000 personas privadas de libertad, de ellas, 28.000 son pandilleros. Estamos realizando proyectos de ampliación y de mejoras dentro de los centros penales para reducir el hacinamiento. Y se está haciendo un esfuerzo muy importante implementando protocolos sanitarios, aprobados por el ministerio de Salud del país, para tener un mayor control.
No hay contagios en las cárceles
Observó el ministro que hasta la fecha, en los centros penales no ha habido contagio de Covid-19, pero que en las celdas provisionales (bartolinas) en las instalaciones de la Policía Nacional Civil se detectaron el sábado nueve casos. “Lo que hemos hecho es dejar vacía una de las 28 cárceles que hay en el país. En ella daremos atención médica a los reos que puedan estar dando positivo, tanto en bartolinas como en los centros penales”.
Como se sabe, el número de contagios (1.338) y el de fallecimientos (27) por el Covid-19 no ha sido excesivamente alto en El Salvador, pero la pandemia sigue avanzando, y el presidente Bukele decretó el estado de emergencia sin pasar por el Congreso, lo que ha vuelto a provocar las críticas de la oposición e incluso de la Fiscalía General de la República.
¿Qué es la mara salvatrucha?
La etimología del nombre es Mara (grupo de personas) y Salvatrucha (por El Salvador, el país de origen).
Lo más probable es que el nombre se origine en el neologismo «mara» utilizado popularmente como sinónimo de ‘grupo de amigos’ que en los años 1970 y 1980 tuvo un uso extendido y sin ninguna vinculación criminal..
Salvatrucha podría deberse a que se utilizó durante algún tiempo el término “salvatrucho” como un gentilicio despectivo deformado de «salvadoreño» y, puesto que los miembros de la pandilla se considerarían parias de su mismo país, podrían haberlo asumido como tal.
Tomando en cuenta exclusivamente el argot popular de El Salvador, el nombre de la pandilla vendría a significar de manera simple: pandilla salvadoreña, lo cual sería coherente con el origen de pandilla étnica en el sur de Los Ángeles. No obstante, con el paso del tiempo la misma se ha compuesto por otros centroamericanos, como guatemaltecos y hondureños. Estas pandillas tiene diferentes células o clicas, de entre 700 a mil miembros, para poder controlar sus territorios.
La mara salvatrucha se creó en los años 80 y 90 en las calles de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, con el propósito de cuidar a los salvadoreños emigrantes que huyeron de su país por la guerra civil que había.
(Con información de ABC)
