ERC insiste en que espera un pronunciamiento favorable a Junqueras por parte de la Abogacía del Estado sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Político
Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y una de las negociadoras en el proceso de llegar a una abstención que facilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente de gobierno de España, cree que esta negociación dependerá, en muy buena parte, del sentido del pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Este tribunal reconoció el pasado jueves la inmunidad del presidente de ERC cuando fue elegido eurodiputado y que debería haber recogido el acta como resultado de ser cargo electo para el Parlamento Europeo. Junqueras no pudo hacerlo porque el Tribunal Supremo, que estaba en pleno juicio de la causa del procés (conjunto de hechos sociales y políticos que se han desarrollando desde el año 2012 hasta finales de 2019 en la comunidad autónoma de Cataluña con el objetivo de lograr la autodeterminación y la independencia de Cataluña de España), no lo permitió.
Pese a la suspensión temporal de las reuniones de los equipos negociadores desde el jueves tras el fallo del Tribunal europeo, Vilalta ha reconocido que los contactos han persistido y que solo quedan "algunos flecos".
Emplazamiento al Estado español
—Lo que no puede ser es que la “doctrina Junqueras” sirva para todos menos para él. Emplazamos al Estado y a la justicia española que se actualice, tienen una oportunidad de rectificar el camino de la represión— ha afirmado Vilalta este lunes.
—Si el Estado quiere continuar con la represión, la derrota será más dura para la justicia española. Cuanto más tarde en rectificar, más dura será la caída— ha subrayado.
Vilalta ha reconocido la satisfacción de que la doctrina Junqueras, que defiende la inmunidad del eurodiputado desde el mismo momento de su elección, haya servido para Carles Puigdemont y Toni Comín:
—Nos alegramos mucho de que la sentencia haya tenido efecto en ellos, pero lo que no puede ser es que no repercuta en el propio actor. ERC defiende que Junqueras debe acceder en libertad a recoger el acta y sostiene que todo el proceso debe anularse desde el mismo momento "en el que produjo la violación de sus derechos".
Siguen las conversaciones
Pese a la suspensión temporal de las reuniones de los equipos negociadores desde el jueves tras el fallo del Tribunal europeo, Vilalta ha reconocido que los contactos han persistido y que solo quedan "algunos flecos". Eso sí, prácticamente ha descartado que, si finalmente las negociaciones culminan en un acuerdo, el proceso previo a la investidura pueda culminar esta semana. Se inclinan, más bien, por los días previos a Reyes (6 de enero).
Vilalta también ha querido hacer una valoración del 28º congreso del partido, celebrado el pasado sábado y que se cerró de una forma tranquila y con un guion de la dirección que se cumplió prácticamente a rajatabla: "Estamos muy satisfechos del proceso del congreso, la organización política sale reforzada y la dirección elegida en septiembre ha sido avalada. Salimos con una cohesión interna bien fuerte, tal como demostraron las votaciones". El 93,4% de los militantes que votaron refrendaron la ponencia política.
Aunque ERC insiste en que la investidura de Pedro Sánchez está supeditada a un gesto previo de la Abogacía respecto a Junqueras, su diputado en el Congreso Joan Josep Nuet ha asegurado esta mañana que tienen reservados en sus agendas los días entre el 27 de diciembre y el 4 de enero por si un acuerdo, que podría producirse "en horas o en días", facilita que el líder socialista, en las próximas dos semanas. se convierta en presidente del gobierno.
El PP apela a los partidos regionalistas
El foco está puesto en la abstención de ERC, pero la fragmentación parlamentaria hace que la investidura de Pedro Sánchez y, por ende, la formación de gobierno, dependa de una suma de apoyos donde también son determinantes los votos de las formaciones regionalistas.
Partidos como PRC, Teruel Existe, CC, BNG, Compromís con los que el PSOE está en negociaciones para obtener su apoyo. Cada uno presenta sus exigencias. Pero el Partido Popular (PP) apela a ellos, sobre todo a los primeros, para que no faciliten un Ejecutivo "con Podemos en la vicepresidencia y condicionado por ERC".
Esos votos, de uno en uno, el de los cántabros, gallegos, canarios, valencianos son claves a la hora de sumar una mayoría a Sánchez que le permita superar los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos. De ahí que en las últimas semanas, el PSOE se haya reunido en el Congreso con sus portavoces para atender sus exigencias y buscar su apoyo. Adriana Lastra y Rafael Simancas, portavoz y secretario del grupo parlamentario, respectivamente, han sido quienes han pilotado los contactos.
Si esos votos se descuelgan del apoyo a Sánchez, su investidura estaría en peligro y no alcanzaría con la abstención de ERC. Ellos han sido los destinatarios del último mensaje del PP para impedir que PSOE y Unidas Podemos formen gobierno.
Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha pedido que "reflexionen sobre su papel en el Parlamento y que se den cuenta de sus compromisos en campaña, donde se presentaron como una garantía para la igualdad entre todos los españoles y van a apuntalar un gobierno con Podemos y ERC".
En concreto, para el PP hay dos destinatarios muy concretos: el PRC cántabro y Teruel Existe. "Muchos de sus votantes ven con estupor cómo van a hacer vicepresidente a Iglesias" y con el apoyo de ERC que, apuntan los populares, sus postulados atacan la igualdad entre españoles.
En concreto, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) siempre ha manifestado su defensa de la Constitución, la legalidad y la "igualdad" entre los españoles; mientras que uno de los mensajes de Teruel Existe ha sido trabajar por "un país con equilibrio e igualdad".
Los populares, ante lo que parece una posible investidura inminente, elevan el tono contra Sánchez, al que acusan de "humillar a todo un país con tal de seguir en La Moncloa", y ponen el foco en los barones socialistas y en los partidos minoritarios como último llamamiento para frenar un acuerdo ya encarrilado. "¿Dónde están los barones del PSOE?", se ha preguntado García Egea, tras la reunión del Comité de Dirección.
El PP, como pide también Ciudadanos, quieren que líderes socialistas como Emiliano García-Page o Javier Lambán pasen de las palabras a los hechos. Para forzarlos, los populares van a presentar mociones en los ayuntamientos, las diputaciones y los parlamentos autonómicos "para instar a Sánchez a que no alcance acuerdos que vulneren la Constitución y el ordenamiento jurídico".
García Egea ha pedido directamente a los líderes socialistas que actúen para que el líder del PSOE "rompa ya los pactos y negociaciones" con ERC. "Esa mesa de la vergüenza de la que deben levantarse".
El silencio de Sánchez
La ofensiva parlamentaria de PP y Ciudadanos (Cs) contra Pedro Sánchez está en marcha, pese a que aún no se haya formado gobierno. Las dos formaciones han registrado una petición de comparecencia del presidente en funciones para que explique el criterio de las alegaciones de la Abogacía del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras.
Esta acción conjunta se produce después de que el partido republicano catalán haya mostrado su posicionamiento de que para facilitar la investidura será más difícil si el Abogado del Estado no pide la puesta en libertad de Junqueras tras la sentencia.
En los últimos días, desde la dirección de ERC se ha explicitado su pretensión de ver un "gesto concreto". El partido independentista ha recordado que la Abogacía del Estado depende directamente del gobierno, a través del Ministerio de Justicia.
En este sentido, tanto el PSOE como el Ejecutivo esperan que el escrito que los servicios jurídicos del gobierno remitan al Tribunal Supremo se acerque a estos argumentos porque, ya en su día, cuando tuvo que posicionarse, la Abogacía defendió que se debía permitir al líder de ERC presentarse ante la Junta Electoral para jurar o prometer su cargo de eurodiputado y asistir a la constitución del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
PP y Ciudadanos exigen la comparecencia de Sánchez precisamente después de que ERC haya exigido "un gesto" por parte de la Abogacía del Estado para que la investidura salga adelante y por el, consideran, "grave y sospechoso el silencio del gobierno en funciones". "El PP y Cs exigimos que no presione a la Abogacía del Estado y saber si los criterios utilizados por dicha institución sobre el caso de Junqueras son políticos o jurídicos", señalan desde estas formaciones.
Piden ejecutar la inhabilitación a Junqueras
El PP ha registrado un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) en el que pide la ejecución inmediata de la condena de inhabilitación al presidente de ERC, Oriol Junqueras, de manera que éste pierda su acta de eurodiputado.
La petición tiene como base legal un cambio normativo de hace unos años según la cual la Junta Electoral Central "puede actuar para quitar el escaño a un condenado por inhabilitación". "Junqueras no puede tener acta de eurodiputado", ha dicho García Egea.
El PP ya presentó la semana pasada ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona una petición para que se le quite el escaño autonómico al presidente catalán, Quim Torra, condenado a inhabilitación por el Tribunal Supremo.
García Egea ha dejado claro que en ambos casos su intención es ir "hasta el final". "No pueden representar a los españoles quienes están condenados por intentar cercenar su libertad", ha recalcado.
Piden la suspensión de la inmunidad de Puigdemont y Comín
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este lunes al magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, que solicite "a la mayor urgencia posible" al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Comín.
El ministerio público, que ha llegado a esta conclusión tras estudiar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, pide además al Supremo que mantenga todas las medidas cautelares vigentes sobre Puigdemont y Comín, que están en Bélgica fugados de la justicia española.
Horas después de que se hiciera pública la sentencia del tribunal europeo sobre el líder de ERC, el magistrado Llarena, que mantiene procesados en rebeldía a Puigdemont y Comín, pidió a las acusaciones y las defensas que se pronunciaran sobre cómo afectaba a ambos dirigentes independentistas el fallo del TJUE y si debía suspender las medidas cautelares vigentes contra ellos: las euroórdenes de detención dictadas en octubre pasado (el mismo día que se notificó la sentencia del Supremo por la que Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación) y la orden nacional de ingreso en prisión y una declaración de rebeldía que Llarena dictó el verano de 2018 tras procesarles y que nunca ha levantado.
En un escrito de respuesta a esta petición, el ministerio público se opone a que se levanten ninguna de estas medidas. Según la Fiscalía, la orden nacional e internacional de detención y la declaración de rebeldía solo podrán dejarse sin efecto “cuando comparezcan voluntariamente o sean entregados para responder de los cargos que se les atribuyen”.
El texto está firmado por los cuatro fiscales del procés (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno), que recuerdan que la Constitución y los reglamentos del Congreso y el Senado solo contemplan la necesidad de pedir permiso a las Cámaras para "inculpar o procesar" a un diputado o senador, y Puigdemont y Comín están procesados desde 2018, casi un año antes de convertirse en eurodiputados.
“No forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador —si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya ha sido procesado y la investigación está concluida— imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las Cámaras”, señala el ministerio público.
En su texto, la Fiscalía pide también a Llarena que comunique “a la mayor brevedad posible” a la Eurocámara el mantenimiento de las medidas cautelares “para salvaguardar los fines del proceso penal”. Asimismo, solicita que se informe “de forma inmediata” al juez encargado de tramitar la euroorden en Bélgica de que se ha pedido al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad. Según los fiscales, la justicia belga debería dejar sin efecto los plazos para la resolución de la entrega de Puigdemont y Comín hasta que el Parlamento Europeo decida sobre la inmunidad de ambos.
(Con información de El Mundo y El País)
