Para este reportaje se accedió a documentos exclusivos que recogen más de 800 movimientos entre las cuentas bancarias controladas por Raúl Gorrín e individuos y empresas vinculadas tanto sectores políticos de oposición como a funcionarios del régimen chavista. Conozca el mecanismo que usó y quiénes fueron beneficiados por estas operaciones, el hoy acusado en la corte del Distrito Sur del estado de Florida por conspirar para blanquear capitales y corrupción; además de ser formalmente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El Político
uentes expertas en inteligencia financiera explicaron la forma cómo Raúl Gorrín y sus socios — empresarios, funcionarios chavistas y hasta miembros de la oposición — constituyeron decenas de empresas y usaron lo que se conoce como bancos de inversión o “de segundo piso” para establecer una compleja estructura que aún opera sobre el mercado cambiario venezolano.
Su pronóstico no podía ser menos alentador. “Es casi imposible desenmarañar estas redes, llevará mucho tiempo desmontarla y con ella el control de cambio. Por eso las reservas internacionales del país se esfumaron”.
Los movimientos bancarios que se rastrearon a partir de esta filtración, tuvieron lugar entre mayo de 2011 y abril de 2013, en un primer paquete de documentos filtrados a este medio. En esta entrega se conocerán apenas los primeros hilos de una red de dimensiones nunca vistas. Decenas de sociedades de papel, prestigiosas empresas venezolanas y de otras latitudes, familiares y socios de funcionarios chavistas de alto nivel y políticos de oposición fueron depositarios del dinero proveniente de una estafa articulada con precisión quirúrgica entre Raúl Gorrín y sus socios.
A pesar de la gigantesca masa de dinero que movilizaron estas operaciones, se trata de un reducido grupo de individuos y sociedades, algunas con un marco de operaciones reales, que Gorrín junto a cómplices dentro del régimen chavista como el ex tesorero nacional Alejandro Andrade, hoy convicto y a punto de pasar una década tras las rejas en Estados Unidos, empresarios de dilatada tradición en el país y políticos, crearon para devorar las arcas de la Nación por medio del asalto al sistema cambiario impuesto por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Aun cuando hoy se habla de Raúl Gorrín y otros actores -el magistrado desertor Christian Zerpa lo relacionó con Maikel Moreno-, el origen del “mecanismo” (en alusión a la producción brasileña que cuenta cómo los poderosos de este país levantaron una red de corrupción conocida como Lavajato que tocó incluso la silla presidencial) está un poco antes, entre 2004 y 2007, según se recoge de esta filtración.
Ya para esas fechas se había instaurado en el país un mecanismo muy articulado para apoderarse de las divisas extranjeras, impulsado por el entonces ministro para las Finanzas, Tobías Nóbrega, por medio de lo que se conoció como las notas estructuradas. En esa época, Alejandro Andrade se erigió como el todopoderoso de las finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez, al ocupar tres cargos de inmensa importancia y accesibilidad a los dineros del Estado: la Oficina Nacional del Tesoro, la presidencia del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y el viceministerio de Gestión Financiera del ministerio para las Finanzas.
Cuenta la fuente que durante ese período, la inversión en bonos argentinos (operaciones por las cuales se señala en las investigaciones conocidas como la ruta del dinero K que realiza la Fiscalía de este país al fallecido presidente Hugo Chávez y al también ex presidente de Argentina Néstor Kirchner de haber recibido coimas por estas operaciones), eran excesivas, por los cual el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) siguiendo las instrucciones del ministerio para las Finanzas, ya acumulaba para 2006 más de 6200 millones de dólares.
Es por esto que se requería con urgencia la conversión en dinero fresco de estos bonos, por lo cual se instrumentaron las conocidas “notas estructuradas” que fueron ofrecidas por los bancos de inversión internacionales vendidas a través de corredores de Bolsa y así lograr además la disminución del valor del dólar.
Semanalmente estos paquetes de bonos — que también incluirían papeles ecuatorianos- eran vendidos a los bancos venezolanos, y en el proceso se ganaban grandes cantidades de dinero por el diferencial cambiario. Nelson Merentes al mando de la cartera de Finanzas realizaba la adjudicación directa, sin formalizar las subastas, mientras que Alejandro Andrade aceleró el proceso y jugó con la asignación, compra y venta de los papeles, según comenta una fuente experta en el tema.
Recuerda esta fuente como detalle a tomar en cuenta, que la mayor cantidad de adjudicaciones fueron otorgadas a los bancos venezolanos pequeños y medianos. Algunos violaron el límite de inversión del patrimonio que es de 30%, llegando a superarlo incluso más del 400% de su capital en estos papeles.
El órgano superintendente bancario, Sudeban, conoció de estas irregularidades a mediados de 2007 pero fue en mayo de 2008 cuando se obligó a los bancos a vender estas notas en 90 días, operaciones que fueron objetadas por la Contraloría General de la República. Estos movimientos dejaron ganancias cercanas al medio billón de dólares con lo cual Alejandro Andrade y Rafael Isea (ministro de Finanzas en 2008), recibieron comisiones millonarias como recompensa por las asignaciones. Con cada operación, Andrade fue tejiendo una inmensa red de contactos con banqueros y brokers para lo que sería el asalto final a los dineros públicos y al sistema cambiario.
De estos vientos vino la tempestad. En 2010 explotó la crisis bancaria y con ella la salida de Andrade, al menos formal, de los cargos públicos, pero no así del control dentro de la Oficina Nacional del Tesoro, que siguió operando bajo sus designios — y de sus superiores y socios — ahora bajo la figura de Claudia Díaz Guillén, ex enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, quien es solicitada por la justicia estadounidense y la venezolana. Esta última solicitó su extradición a España, país donde se encuentra con medida de libertad condicional tras apelar la decisión del pasado 26 de octubre en la cual Audiencia Nacional española aprobó su extradición.
Se pudo conocer que cerrando 2010, Andrade ordenó a Díaz Guillén realizar una operación de canje de propiedad de títulos de valores con letras del Tesoro del Reino Unido por un contravalor de 100 millones de dólares a favor de la empresa Tucker Trade Corp. El contravalor honrado a la tasa del dólar fijado por el Banco Central de Venezuela en el Sitme era pagado en cuentas de compañías en el banco Banplus y Banco Industrial de Venezuela.
Esta operación se repitió de forma ininterrumpida, semanalmente, desde la primera semana de junio de 2011, y en 2012 se incrementaron mucho más los volúmenes de dinero manejados en estas operaciones, a partir de las cuales el grupo de Andrade y sus socios se adueñaron del mercado cambiario, generando cientos de movimientos entre empresas creadas por estos para blanquear capitales y transacciones con empresas venezolanas operativas en el país, pero también aquellas pertenecientes a socios y amigos. El dinero también tuvo como destino individualidades del mundo político y social del país, registros que serán desglosados para este reportaje.
Y entonces, Gorrín los unió
Es durante esta adquisición de bonos del Tesoro del Reino Unido, que el actual propietario de Globovisión comienza a operar con sus empresas. Los papeles se emitían en libras esterlinas y ese dinero obtenido en moneda inglesa se le vendía a los bancos suizos y así los conspiradores obtenían los dólares necesarios para colocarlos en el mercado paralelo, lógicamente a un precio muy superior y así obtener ganancias extraordinarias por el diferencial cambiario.
Estas operaciones generaron especulación en el mercado cambiario y dispararon el valor de la moneda estadounidense en el único al que los ciudadanos y las empresas venezolanas podían acudir, más allá de Cadivi y Sitme, sólo reservado para privilegiados. Por supuesto, esta maniobra no habría sido posible sin el conspirador necesario: Alejandro Andrade al frente de la Oficina Nacional del Tesoro y sus cómplices dentro de esta entidad y en las carteras económicas del gobierno.
Entonces, como se dijo, la venta de estos bonos del Reino Unido fue hecha a las empresas controladas por Raúl Gorrín y sus socios. Estas empresas, tal y como reflejan los documentos bancarios filtrados son Bellsite Overseas, S.A, firma que posee una cuenta en el banco suizo HSBC y su apoderado es Raúl Gorrín, que, según una fuente consultada para este trabajo, sería manejada con Mariano Aveledo quien sería el apoderado de la misma.
Otras dos sociedades son Mahogany Commercial S.A y Vineyard Ventures, con cuentas en otra entidad bancaria suiza de nombre EFG. Allí es Gustavo Perdomo Rosales, principal socio de Gorrín quien funge como apoderado y la única firma a la vista de estas cuentas bancarias.
Una vez la masa de dinero estadounidense era colocada en el mercado paralelo, los “clientes” del grupo adquirían los dólares a una tasa mucho mayor que la deuda contraída con la Oficina Nacional del Tesoro por la compra de estos bonos. Los compradores en el mercado paralelo realizaban sus depósitos en bolívares en al menos una docena de cuentas bancarias pertenecientes a seis empresas controladas por Gorrín y sus socios.
El Banco Industrial de Venezuela y Banplus fueron las entidades venezolanas receptoras de los millonarios depósitos en bolívares provenientes de la venta de dólares en el mercado paralelo. Según los documentos filtrados, fue el 21 de octubre de 2009 que los ciudadanos Janiny Coromoto Rangel, Nelson Enrique Meneses Francheschi y Ramon Arnoldo Araguainamo Buriel, inscribieron por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Anzoátegui, las empresas mercantiles usadas para esta operación.
Todas estas sociedades fueron protocolizadas en presencia de Javier Ernesto Francheschi Dávila, registrador mercantil segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
Recuerda además el portal Cuentas Claras Digital que “las firmas autorizadas en las cuentas venezolanas son las de Nelson Enrique Meneses Franceschi, CI. V-10.276.240, familiar del registrador de las empresas y Elizabeth de Goveia, asistente personal de Raúl Gorrín”.
Estas sociedades recibieron ingentes cantidades de dinero en bolívares producto de las masivas operaciones cambiarias en manos exclusivamente de este grupo. Tales operaciones generaron un alerta por parte de la oficial de cumplimiento de Banplus, quien le notificó la irregularidad a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y recomienda en su informe “una investigación exhaustiva para determinar el origen de los fondos” con los que estas empresas estaban operando.
Los millonarios movimientos con regularidad semanal, por altos montos y hechos por las mismas personas generaron un informe de Operaciones Sospechosas
Tal fue el nivel de ganancias, que Gorrín y sus socios adquirieron decenas de bienes en el exterior y en Venezuela, entre ellos la planta televisiva Globovisión cuya junta directiva para el 14 de mayo de 2013 la integraron nombres conocidos: Juan Domingo Cordero, Leopoldo Castillo, Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Javier Franceschi y Juan José Ramírez.
Las autoridades de la Unidad Financiera levantaron un informe que confirmó “hallazgos de naturaleza criminal que debían ser estudiados por el Ministerio Publico”, basados en los períodos regulares en que se realizaban las operaciones, montos y el mismo grupo de personas involucradas que “hacían sospechar la existencia de delitos económicos, en este caso de lavado de capitales”.
Una vez en manos del Ministerio Público con su respectivo impulso de una solicitud de investigación, un fiscal emite un sobreseimiento en la causa en 2012, por no encontrar elementos de convicción que hagan presumir la existencia de delitos. El cierre de la causa fue avalado más adelante por el tribunal 27 de control del Área Metropolitana de Caracas, en ese mismo año.
Las cuentas a las que se tuvo acceso pertenecen a Interbursátil Casa de Bolsa (Ibcdb, INC) y fueron abiertas en el banco suizo CBH, que no es otro que Compagnie Bancaire Helvetique propiedad del francés Charles Henry de Beaumont, conocido en los ámbitos chavistas por sus diligentes asistencias en el manejo de los millonarios capitales extraídos de las arcas de la Nación y fuertemente vinculado a los llamados “bolichicos” al mando de un imperio levantado con dinero extraído de la estatal petrolera venezolana Pdvsa al hacerse con millonarios contratos con esta y otros organismos del Estado..
El investigador Alek Boyd reseñó además en 2013 , que las autoridades estadounidenses estarían mencionando a CBH como uno de los vehículos que usó la firma de corretaje estadounidense Direct Access Partners (DAP) en su esquema para proporcionar sobornos a los funcionarios del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), en los cuales estuvo involucrada María de los Ángeles González de Hernández, vicepresidenta de esta entidad venezolana y quien evitó la cárcel en Estados Unidos al asumir su responsabilidad penal en esta acusación.
Además de las cuentas alojadas en esta entidad bancaria, existen otros registros en las entidades suizas HSBC Private Bank, EFG, BSI y otras en Davos International Bank.
Los movimientos bancarios en el CBH por parte de la sociedad panameña IBCDB, INC, alter ego de la venezolana Inter Bursa Casa de Bolsa, C.A. y el resto de operaciones hechas desde mayo de 2011 hasta abril de 2013 se acercan a los 3000 millones de libras esterlinas (unos 4000 millones de dólares al cambio actual), que pudieron generarle utilidades a los conspiradores por más de 1500 millones de dólares. El súbito enriquecimiento de este pequeño grupo se tradujo en el inicio de la peor crisis económica y humanitaria de Venezuela, al disparar el valor de la moneda estadounidense de 12 Bs a 43 Bs por dólar.
Esta sociedad “es propiedad de Gorrín, Perdomo y Juan Domingo Cordero”, afirma el portal Cuentas Claras Digital que además recuerda que esta firma fue autorizada por los organismos financieros venezolanos “para operar en el mercado alternativo de divisas (Sicad II) en 2014 y en el Sistema Marginal de Divisas Simadi en 2015”.
Es necesario acotar que dentro de este gran volúmen de operaciones también existen empresas venezolanas que se vieron obligadas a recurrir a este mercado cambiario especulativo para poder seguir operando en el país, casos muy distintos a las decenas de empresas fachadas constituidas en el país y en el exterior con el propósito de desfalcar los dineros públicos.
Aquí se presentarán breves reseñas que contienen las identidades y contextos de los beneficiarios cuyos datos pudieron ser suficientemente corroborados. Es importante aclarar que muchas de las entidades que realizaron estas operaciones, se vieron obligadas a acudir al mercado especulativo del dólar por las restricciones aplicadas por el gobierno en materia de acceso libre a las divisas necesarias para la producción. Es, si se quiere, lo perverso de este mecanismo usado para blanquear dineros producto de la corrupción: muchos inocentes terminaron siendo presas de los conspiradores.
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