El caso del masivo fraude en el Ejército con dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre, sumado a los problemas económicos que hoy tiene Codelco, han provocado que esta norma sea objeto de escrutinio público, en lo particular en lo referente al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Incluso se generó un intercambio de opiniones entre el vocero del Gobierno, Marcelo Díaz, y personeros de la administración pasa –incluido el ex Presidente Piñera-, respecto a cuánto avanzó legislativamente el Gobierno anterior respecto al fin de la norma.
Uno de los principales puntos de discusión entre los parlamentarios a la hora de hablar del una eventual derogación o modificación a la citada normativa es la forma en que se reemplazaría la entrega de recursos a las ramas castrense. De hecho, este punto es una de las pocas diferencias que existen entre los proyectos para cambiar el financiamiento militar presentados por la Presidenta Michelle Bachelet, durante su primer mandato en el año 2009, y por el ex Mandatario Sebastián Piñera, en 2012.
El primero quedó sin trámite legislativo, mientras que el segundo fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero luego no avanzó en su pasó por el Senado. Según el presidente de la comisión que investiga el fraude en el Ejército, diputado Jaime Pilowsky (DC), "las dos iniciativas no buscan derogar simplemente la Ley Reservada del Cobre, sino que pretenden establecer un sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas estable y más transparente y con mayor participación del Congreso Nacional".
"El proyecto de la Presidenta Bachelet, no consideraba inicialmente un piso mínimo, pero si una previsión respecto a los gastos de los años siguientes, y además contemplaba algunas instituciones, como el fondo de contingencia, que luego el ex Presidente Piñera hizo suyo", explicó. Similitudes Pilowsky agregó que ambos proyectos buscaban el fin de la norma, "pero estableciendo un sistema que permita la planificación a largo plazo, la autorización presupuestaria del Congreso y mayores mecanismos de control". Asimismo, ambas iniciativas establecían presupuestos plurianuales de cuatro años, con una proyección de 12 años, así como también un "Fondo de Contingencia Estratégico" para hacer frente a determinadas situaciones.
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"En cuanto al control, el proyecto de Piñera contempla la obligación del Ministerio de Defensa Nacional de informar una vez al año a las comisiones de Defensa Nacional del Congreso Nacional. Además, se debe rendir cuenta anual a la Contraloría General de la República, directamente a través del Contralor General. Y también la cartera deberá informar a la Cámara de Diputados de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República", añadió. Enero sería plazo fatal Pilowsky recordó que el compromiso de la Presidenta Bachelet esavanzar mediante una indicación sustitutiva en el Senado, que busca modificar varios aspectos entre los que se encuentra el de los pisos mínimos de financiamiento.
"Esto es lo que demandamos al Gobierno. Cerrarnos a discutirlo me parece ‘miope’. Debemos tratar de lograr acuerdos entre los distintos actores y aquí el Ejecutivo debe tener un liderazgo", afirmó.
¿Es posible cambiar en forma definitiva esta norma? -"Si es posible. Hay un contexto político que permitiría llegar a un acuerdo. En este sentido, hago presente que la recomendación número uno de la Comisión que investigó el fraude en el Ejército, aprobada de manera unánime y transversal, es precisamente la derogación de la ley y el establecimiento de un nuevo sistema de financiamiento".
¿Se debe hacer pronto? -"A mi juicio, queda poco tiempo para discutirlo "de manera seria y responsable"; si no lo hacemos de aquí a Enero será muy difícil avanzar. En marzo, la carrera presidencial ya lanzada copará la agenda. Nos quedaremos con un ‘tercer saludo a la bandera'".
¿Es posible que sea el Congreso Nacional el que apruebe los gastos militares, como se hace en otros países, como por ejemplo EE.UU.? -"En la actualidad el Congreso Nacional se encuentra ‘interdicto’ en materia de autorizaciones presupuestarias para la adquisición y mantención del potencial bélico.
No veo ninguna razón seria para seguir excluyendo a la Cámara de Diputados y al Senado de una materia tan relevante para la defensa nacional. El Congreso debe participar en la discusión de los recursos necesarios para aquello. Lo anterior, sin duda, exige dotar al Parlamento de las capacidades técnicas para una efectiva fiscalización, de las que hoy carece".
¿Esta medida ayudaría a Codelco? -"Codelco ha aportado, en los últimos 10 años, más de 12 mil millones de dólares en virtud de esta ley. Parte ha ido a la adquisición de material bélico y su mantención, y otra parte, se encuentra en un Fondo de Contingencia que maneja el Banco Central en el exterior. Resulta lógico no mantener un "impuesto específico" a una empresa que requiere capitalizarse. Si no tomamos medidas en la materia, podemos terminar perjudicando sustancialmente a ‘la gallina de los huevos de cobre’ que representa Codelco".
¿Por qué aún no existe una norma que reemplace a la actual ley Reservada del Cobre? -"Un proyecto como éste debe siempre, por manual, presentarse en la primera parte de un nuevo Gobierno. Sin embargo, insistiremos para que se discuta. Ahora bien, son varias razones para no haber avanzado realmente en una nueva ley: a los ministros de Hacienda no les gusta los presupuestos plurianuales, al de Defensa no le gustan los anuales, la comodidad de mantener el statu quo y la implementación de otras reformas estructurales, son un cóctel perfecto para no avanzar".
Con información de Emol
