Un juez de Morona Santiago dictó prisión preventiva para las seis personas detenidas en la parroquia Panantza, del cantón San Juan Bosco. Esto luego de que se cumpliera la audiencia de formulación de cargos la tarde del 17 de diciembre, en el cantón Gualaquiza de esa provincia.
Ellos están acusados de tentativa de asesinato contra policías, por los hechos violentos registrados la tarde del pasado miércoles en el campamento minero La Esperanza, en la comunidad de Nankints, Panantza. Ahí está emplazado el proyecto de cobre de la empresa china Explorcobres. En ese enfrentamiento falleció el policía José Mejía y otros siete uniformados quedaron heridos. El Ministerio Coordinador de la Seguridad atribuyó este ataque a los nativos que reclaman los territorios donde está la concesión minera y se oponen a este proyecto considerado estratégico por el Gobierno.
Los detenidos son Danny M. y Milton R., presidente y vocal de la Junta Parroquial, respectivamente, además de otros cuatro comuneros. Tras la audiencia, ellos fueron trasladados al Centro Penitenciario de Macas, donde el juez ordenó que las investigaciones se extiendan por 90 días. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, publicada en sus redes sociales, se abrió el proceso judicial porque se habrían encontrado evidencias. En la lista de pruebas se mencionó armas de fuego, municiones, perdigones, pólvora y otros objetos que se utilizan en la mina.
Las seis personas fueron detenidas durante operativos realizados en diferentes centros shuar de la parroquia Panantza. Para esto se realizaron 18 allanamientos de viviendas en la parroquia y la ciudad de San Juan Bosco, con la intervención de policías de élite y militares. Agustín Guachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, dijo que los uniformados ingresaron disparando y vulnerando los derechos de los nativos.
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Como Federación exigen la salida de los uniformados de la zona y responsabilizan al Estado de lo que pueda ocurrir. Guachapá también anunció que empezarán movilizaciones en toda la Amazonía del país. Ayer, Luis Altamirano, encargado de las operaciones militares en Morona Santiago, dijo que no han realizado acciones contra la comunidad indígena, sino de apoyo a la Policía para localizar y ubicar a personas que han estado actuando al margen de la ley. “No hemos disparado ninguna bala”.
Según él, en la provincia no hay un conflicto. Consideró que la causa del estado de excepción es una grave conmoción interna. La zona permanecerá militarizada durante el mes de vigencia del estado de excepción decretado por el presidente Rafael Correa. Pero Altamirano dijo que estarán en la zona el tiempo necesario. Desde el sábado 19 de diciembre, los dirigentes shuar están dialogando con abogados y con organizaciones de Derechos Humanos que podrían asumir la defensa de los detenidos, pues las penas por este delito van desde los siete a los 14 años de cárcel.
“A ellos se los juzga porque son dirigentes y pertenecen a la línea de Pachakutik”, dijo Guachapá. Por su parte, el colectivo Yasunidos mostró su preocupación por las detenciones y especialmente por el ofrecimiento de una recompensa de USD 50 000 por los presuntos responsables de la muerte del policía Mejía, pues teme que se originen persecuciones a dirigentes y miembros del pueblo shuar. Por eso, a partir de las 12:00 de hoy realizará un plantón en la Plaza Grande (centro de Quito). La Federación shuar de Morona Santiago también anunció que realizará movilizaciones. Autoridades del Gobierno han señalado que en los operativos se garantizaron los derechos humanos. Además, aclararon que no se ha trasladado a la zona tanques de guerra sino vehículos blindados.
Con información de: El Comercio
