La desaceleración económica que afecta a Chile desde hace tres años y las severas divergencias políticas en el seno de la coalición gobernante han mermado las expectativas de cambio que impulsó Michelle Bachelet a su llegada a La Moneda y abren la posibilidad del retorno de la derecha al poder.
El complicado panorama internacional y los bajos niveles de consumo e inversión están llevando a la economía chilena a ritmos de crecimiento por debajo de lo previsto, aunque el país sigue situado sobre la media de la región.
Por otro lado, la desconfianza y el pesimismo se han asentado entre los consumidores y la clase empresarial, esta última afectada por los escándalos de corrupción y muy crítica con las reformas del Gobierno.
Este panorama ha llevado al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a recortar el gasto fiscal para mantener las finanzas públicas bajo control.
Chile cierra el año 2016 con una perspectiva nada halagüeña: Fitch bajó la perspectiva crediticia del país a negativa. Es la primera vez que esto sucede desde que esta agencia de valoración de riesgo empezó a calificar los instrumentos soberanos de deuda, en 1994.
Pero además, el Fondo Monetario Internacional ha proyectado que el país cerrará 2016 con un modesto crecimiento del 1,7 %, al tiempo que advirtió de los riesgos derivados de una "ralentización inesperada" de sus principales socios comerciales, Brasil y China.
Y para el año próximo, la institución financiera que lidera Christine Lagarde pronostica en su revisión anual de la economía chilena una recuperación "gradual" a causa del bajo crecimiento en los salarios, la débil creación de empleo y la reducida confianza empresarial.
Proyecciones que preocupan a los agentes económicos e inquietan al oficialismo, temeroso de un eventual castigo en las elecciones presidenciales y legislativas, como ya ocurrió en las municipales de octubre pasado.
En esa ocasión, las fuerzas políticas que respaldan al Gobierno de Michelle Bachelet encajaron una severa derrota a manos de la coalición opositora Chile Vamos, cuyos candidatos arrebataron alcaldías emblemáticas a la Nueva Mayoría.
Los comicios locales, los cuartos que se celebran en Chile desde que la ley electoral fue reformada para establecer el voto voluntario, registraron una participación de apenas el 35 % y estuvieron precedidos por una agria controversia sobre la validez del padrón electoral y la amenaza velada de la derecha de impugnar los resultados.
El sistema electoral chileno, considerado un modelo de eficiencia y fiabilidad, quedó en entredicho por un gigantesco y garrafal error en el censo que afectó a decenas de miles de votantes y que le costó el puesto a la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
La baja participación hace que muchos duden de que las elecciones municipales sirvan para proyectar los resultados a las presidenciales del próximo año, pero pocos cuestionan que sí fueron un buen trampolín político para los aspirantes a gobernar Chile en 2018.
Dos pesos pesados de la política chilena, los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, y dos figuras emergentes que no militan en partidos, los senadores Alejandro Guillier y Manuel José Ossandon, se perfilan como candidatos para las presidenciales de 2017.
Algunos analistas y dirigentes políticos, la cúpula empresarial y un sector de la opinión pública consideran que un duelo Lagos-Piñera es el mejor escenario electoral para superar la situación generada por el desgaste del Gobierno de Michelle Bachelet y el descrédito de la política como consecuencia de los casos de corrupción.
Pero también hay quien piensa que los problemas que emergen en la sociedad chilena son difíciles de resolver con liderazgos a la vieja usanza, dándole la espalda a una ciudadanía cada vez más crítica y empoderada.
La Nueva Mayoría, la alianza de partidos que gobierna Chile desde marzo de 2014, corre el riesgo de resquebrajarse a raíz de las reiteradas rebeliones internas que han protagonizado sus parlamentarios en los últimos meses.
Heredera de la Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó Chile entre 1990 y 2010, la Nueva Mayoría surgió bajo el liderazgo indiscutible de Michelle Bachelet en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2013, y contó con el apoyo adicional de comunistas e independientes de izquierda.
Pero en aquel entonces, Bachelet gozaba de una popularidad que rozaba el ochenta por ciento y todos los partidos se plegaron a su programa político, cuajado de ambiciosos proyectos, como una reforma tributaria, un nuevo modelo educativo y una Constitución acorde con el sistema democrático.
El escenario de hoy, sin embargo, es muy distinto. El apoyo ciudadano a las políticas del Gobierno ha caído abruptamente, la popularidad de la presidenta apenas supera el veinte por ciento y la cohesión dentro de la Nueva Mayoría ha desaparecido.
Con información de EFE
