El Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió un reporte resultado de sus investigaciones en cuyo contenido acusa a varios legisladores, a la jefa de gabinete y un a ex ministro del presidente salvadoreño Nayib Bukele, entre otros, como funcionarios corruptos también de Guatemala y Honduras.
El Político
En su página Web, el informador madrileño El Economista reproduce un cable noticioso de la agencia AFP que contiene el listado. El mismo precisa que la investigación se realizó en atención a una solicitud de la senadora por el estado de California oriunda de Guatemala Norma Torres.
Las acusaciones pesan sobre 17 personas relacionadas ahora o en el pasado con el poder de las naciones centroamericanas. Incluso algunas de ellas ya habían sido sancionadas por Washington por "corrupción significativa" o condenados por el sistema de justicia del estado norteamericano.
Al divulgar el resultado de la investigación, Torres declaró: "Ya sabemos que los gobiernos centroamericanos están plagados de corrupción. Las élites guatemaltecas llenaron los tribunales de compinches para atender sus intereses. Y el presidente de El Salvador hizo campaña contra la corrupción mientras se rodeaba de actores corruptos".
La verdad es que ya sabemos que los gobiernos centroamericanos están plagados de una cultura de corrupción desenfrenada. Esta lista es el comienzo de un proceso que le avisa a estos actores y promueve la rendición de cuentas. https://t.co/Yf5luMQnkU
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) May 18, 2021
Presidente de Honduras en la lista de corruptos
Más adelante Torres, la única legisladora del Senado de Estados Unidos de origen centroamericano, indicó que seguirá trabajando con la administración demócrata de Joe Biden para lidiar con otros actores corruptos. Y entre ellos apuntó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
A pesar de que no se adelantado un proceso para juzgar a Hernández, en la Corte de Nueva York al mandatario hondureño se le sindica de tráfico de cocaína a Estados Unidos. Se presume que en los movimientos ilegales lo acompañó su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández, quien ya fue condenado en marzo a cadena perpetua por la justicia de la nación norteamericana.
La legisladora Torres adicionalmente denunció el cierre de organismos anticorrupción respaldados internacionalmente. Entre ellos la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras. Así como el "debilitamiento" de la CICIES en El Salvador. Y acusó a altos cargos de interferir con investigaciones independientes y bloquear los órganos de supervisión.
Los acusados
De El Salvador se incluyen a cercanos a Bukele. A su jefa de gabinete, Carolina Recinos; el ex ministro de Seguridad Rogelio Rivas, y el legislador Guillermo Gallegos. Así como al líder del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) que llevó al presidente al poder en 2019. En la lista los acompañan dos prominentes miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el cual gobernó a El Salvador hasta 2019. Y entre ellos el exguerrillero José Luis Merino, conocido como "Comandante Ramiro". También el ex legislador y ex viceministro de Inversión Extranjera. Y Sigfrido Reyes, ex presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
Entre los hondureños se señalan a seis integrantes del Congreso Nacional: Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, Oscar Najera y Gladys Aurora López.
De Guatemala se incluyen los nombres de dos legisladores: Boris Roberto España Cáceres, también ex gobernador del departamento de Chinquimula, y Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso. Así como el de Carlos Danilo Preciado Navarijo, alcalde de Ocós, detenido en enero en Panamá por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
Otros guatemaltecos identificados son: Acisclo Valladares, ex ministro de Economía y fugitivo de la justicia estadounidense por lavado de dinero del narcotráfico. Además Gustavo Adolfo Alejos Cambara, ex jefe de gabinete del expresidente Álvaro Colom (2008-2012). Y Mario Amílcar Estrada Orellana, ex legislador y candidato presidencial en 2019, condenado en 2020 en Estados Unidos a 15 años de cárcel por narcotráficante.
Fuente: AFP / El Economista