Las congresistas de Fuerza Popular (partido fujimorista), Úrsula Letona y Alejandra Aramayo presentaron un proyecto de ley que busca condicionar a quienes dirigen los medios de comunicación.
La iniciativa legislativa, titulada “Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población”, fue presentada el pasado 7 de marzo y actualmente obra para su análisis y debate en la Comisión de Constitución.
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El artículo 2 precisa que aquellas personas con sentencia firme o investigadas en el Ministerio Público por delito de corrupción en agravio del Estado no podrán ser directores periodísticos, editores, productores ni ejercer un “cargo análogo”.
Asimismo, quedarán impedidos de desempeñarse como presidentes o miembros del directorio, accionistas, gerentes generales o apoderados.
Para el presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Bernardo Roca Rey, el proyecto de FP es “un atentado”. “Especialmente en el punto en que una denuncia podría inhabilitar a un director periodístico, eso es inadmisible. Bastaría que alguien denuncie por cualquier cosa. Eso, definitivamente, es un atentado contra la libertad de expresión”, dijo.
Efectivamente, el proyecto, tal como se encuentra redactado, vulnera el principio de presunción de inocencia. La prohibición de trabajar en un medio solo cesará si es que la investigación se archiva de manera definitiva.
La iniciativa, si bien fue presentada por Letona y Aramayo, fue respaldada por Luis Galarreta, Héctor Becerril y demás colegas de bancada, lo que significa que es un acuerdo del grupo parlamentario.
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“Este proyecto es un mamarracho más de los que suele inventar el fujimorismo para limitar la libertad de expresión. Si una persona es condenada y va a la cárcel es evidente que no puede ejercer su función como director. FP está creando condiciones para meter juicios a directivos de medios de comunicación y tenerlos manipulados, lo que ha sido la costumbre fujimorista”, señaló el periodista Augusto Álvarez Rodrich, presidente de IPYS.
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