El gobierno del presidente Trump continúa su política de presión con los gobiernos de corte autoritario en la región. No es solamente Venezuela, la que detenta la atención del primer mandatario estadounidense, también es Nicaragua, y particularmente Cuba.
El Político
Un nuevo tipo de presión que el gobierno de EE.UU acaba de implementar es permitir demandas contra empresas extranjeras que se hayan beneficiado de compañías estadounidenses que fueron confiscadas por el gobierno cubano tras la revolución de 1959.
La decisión representa un cambio en más de dos décadas de la política estadounidense hacia La Habana.
La Ley Helms-Burton de 1996 dio a los estadounidenses el derecho de demandar a empresas que lucren con propiedades confiscadas por Cuba, según da a conocer la Voz de América en su portal.
Pero todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton han suspendido una cláusula por temor a molestar a aliados estadounidenses y complicar las relaciones con el gobierno socialista.
El funcionario dijo que de aquí en adelante no se emitirán más salvaguardas. El funcionario habló bajo la condición de anonimato de cara al anuncio oficial.
El gobierno de Trump había dado señales de querer poner fin a las suspensiones. La medida es en represalia por el apoyo de Cuba hacia el atribulado presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos está tratando de destituir en favor del líder de oposición Juan Guaidó.
Se prevé que el asesor de seguridad nacional John Bolton hable sobre la nueva política durante un discurso que dará el miércoles en Miami, donde viven miles de exiliados e inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El discurso ante la Asociación de Veteranos de la Bahía de Cochinos marcará el 58 aniversario de la fracasada invasión estadounidense a la isla en 1961 para derrocar a Fidel Castro.
