Los cubanos han denunciado que viven en condiciones infrahumanas, hacinados, con racionado acceso al agua y pésimas instalaciones sanitarias en un campamento temporal dentro de una base militar del Servicio Nacional de Fronteras. Aunque varias veces han mencionado que estar en esas condiciones es mejor que bajo el yugo castrista.
Velar por los derechos de nacionales y extranjeros en su territorio es la máxima de la Defensoría del Pueblo en Panamá. De ahí que Maribel Peña, directora regional de esa entidad en Darién, está al tanto de los 69 cubanos retenidos desde el 13 de enero último en la zona selvática de Lajas Blancas, un día después de que el entonces presidente de EEUU eliminó por decreto la normativa "pies secos-pies mojados".
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“Desde el primer día hemos estado al corriente de la situación, como garantes de que los derechos humanos de los hermanos cubanos, mientras estén en Panamá, se les respeten”, aseguró la funcionaria que recordó que la Defensoría del Pueblo ha sido la única organización de derechos humanos que ha seguido con preocupación la situación de los antillanos.
Los cubanos han denunciado que viven en condiciones infrahumanas, hacinados, con racionado acceso al agua y pésimas instalaciones sanitarias en un campamento temporal dentro de una base militar del Servicio Nacional de Fronteras (SENFRON).
Carpas como viviendas, y de bañera un río donde han avistado cocodrilos, son algunas de las piezas que componen el entorno de los migrantes.
“Hemos abierto un expediente de queja, pidiendo a las autoridades competentes que agilicen el traslado de los hermanos cubanos a un refugio que reúna las condiciones óptimas, y no haya violación de derechos humanos”, comentó Peña tras recordar que Caridades Católicas (CARITAS) ha ofrecido un local en la capital para albergar a los 69 cubanos con alimentación garantizada.
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