La comisión encargada de la depuración de la Policía Nacional de Honduras pidió este miércoles dar de baja a 698 agentes del organismo de seguridad y aceptar el retiro voluntario de 117, como parte de la nueva estructuración de la institución.
Redacción El Político
La petición fue hecha por la Comisión para la Depuración y Transformación de la Policía de Honduras al ministro de Seguridad, Julián Pacheco, a través de una declaración publica, reseñó EFE.
La comisión especial, nombrada en abril pasado por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, solicitó cancelar a 153 oficiales del departamento Cortés (norte) y cientos más en los departamentos El Paraíso (36) Y Olancho (87), ambos en el oriente, y Santa Bárbara (32), Yoro (82) y Valle (61).
También pide la salida de 11 agentes de la Dirección de Servicios Policiales Fronterizos; 39 de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales; 10 de la Dirección Administrativa y Finanzas; 45 de la de Recursos Humanos; 41 de la de Logística y 101 policías de otras unidades.
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La comisión depuradora indicó que ha evaluado la hoja de vida, expediente disciplinario, evaluaciones de desempeño, resultados de las pruebas de confianza e información que había solicitado a entes públicos sobre los 698 policías.
También solicita cancelar el acuerdo de nombramiento por retiro voluntario de 117 oficiales de la Policía hondureña.
Desde que inició operaciones, la Comisión especial ha solicitado dar de baja a cerca de 3.000 policías y oficiales como parte del proceso.
El presidente Hernández aceleró el proceso de depuración de la Policía, que inició en 2011 sin los resultados esperados, tras las publicaciones del diario hondureño El Heraldo y el The New York Times, a inicios de abril de 2016, sobre agentes que supuestamente participaron en el asesinato del titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián González, en diciembre de 2009.
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Hasta ahora nadie en Honduras ha sido enjuiciado por el asesinato del zar antidrogas.
Agentes y oficiales también planearon el asesinato del exasesor en materia de narcotráfico Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, y del fiscal Orlan Chávez, en abril de 2013, según la denuncia publicada por el diario El Heraldo, que se edita en Tegucigalpa.
La comisión depuradora está integrada por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, el representante de la sociedad civil Omar Rivera, y el pastor evangélico Alberto Solórzano.
