Al menos cuarenta venezolanos que ocupan los más altos cargos públicos del país, incluyendo al jefe del Estado, Nicolás Maduro, han sido sancionados por parte de otros gobiernos en los últimos dos años, lo que ha dejado a la élite del poder político nacional aislada en la escena internacional. EFE
A llorar pal' Valle… Canciller de Venezuela "chilló" por las sanciones de la UE https://t.co/Nr0L5WUojJ #ElPolitico pic.twitter.com/taC8IgQBkL
— El Político (@elpoliticonews) January 23, 2018
La Unión Europea (UE) se inscribió este lunes en la línea de acciones restrictivas aplicadas ya por otros gobiernos contra la llamada revolución bolivariana al aprobar sanciones por la “represión” en Venezuela contra siete funcionarios, incluido a Diosdado Cabello.
Esta decisión, que implica la congelación de activos y la prohibición de entrar en 26 naciones de Europa, recayó también sobre el presidente del TSJ, el ministro de Interior, el jefe del Sebín, la presidenta del Consejo Electoral, el fiscal general y el excomandante de la Guardia Nacional.
Algunos de ellos ya fueron sancionados por Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos denunciaron en primera instancia el “comportamiento antidemocrático” de Maduro, y ahora encabezan una política en los foros internacionales contra la “dictadura” chavista. EEUU llamó por primera vez públicamente “dictador” a Maduro el 31 de julio pasado, un día después de que la nación eligiese a los integrantes de la Asamblea Constituyente, un ente conformado solo por chavistas y no reconocido por numerosos gobiernos.
El Departamento del Tesoro estadounidense decretó entonces que los bienes que tuviera Maduro en territorios bajo jurisdicción estadounidense serían congelados, y prohibió a personas e instituciones de ese país realizar transacciones con el presidente venezolano.
Antes, durante el primer mes de la Administración de Donald Trump, EE.UU. acusó al vicepresidente Tareck El Aissami, de jugar “un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”, por lo que bloqueó sus activos en el país y prohibió a sus ciudadanos hacer transacciones con él.