Colombia ya dio por terminada la crisis migratoria que se generó tras el cierre de la frontera de Panamá y que obligó a que más de mil cubanos se quedaran en Turbo, una población ribereña, desde donde solían salir hacia el país vecino con destino a Estados Unidos. Sin embargo, una acción legal interpuesta por decenas de cubanos que permanecen en el pueblo ha vuelto a abrir el tema. Tras las 14 deportaciones y la expedición por parte de Colombia de más de 500 salvoconductos que obligan a salir del país a los migrantes en un término de cinco días, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió el jueves pasado una tutela presentada por los migrantes en búsqueda de la protección a sus derechos fundamentales y la suspensión de las deportaciones sin el respeto al debido proceso.
Como medida provisional, el Tribunal ordenó que Migración Colombia “garantice el debido proceso administrativo sancionatorio migratorio a cada uno de los tutelantes, siguiendo las pautas establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos”. Según Juan Esteban Montoya, el abogado que lleva el caso, “esta medida implica que los migrantes tendrán el derecho a pedir y recibir asesoría legal, incluso de forma gratuita a través de la Defensoría del Pueblo, para garantizar que los extranjerospuedan participar de forma real y efectiva en el procedimiento administrativo de deportación”. Además, se debe prestar el servicio de traductor para los migrantes que no comprendan el idioma español.
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En la última semana, salieron de Turbo hacia Capurganá más casi 1.000 cubanos, en busca de continuar su ruta hacia Panamá, a través de la difícil selva del Tapón del Darién. La salida masiva de los migrantes que llevaban casi tres meses allí se generó tras la advertencia de Colombia de ser deportados a Cuba y la tensa situación en Turbo, a raíz de unos panfletos que circulaban por las calles y que indicaba que quien hospedara a migrantes estaba cometiendo un delito.
Sobre las 14 deportaciones que se hicieron en dos días y que los cubanos aseguran que no se les respetó el debido proceso, la CIDH señaló que “el Estado también debe adoptar medidas para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección judicial en el marco de procedimientos migratorios, a la unidad familiar, a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución y la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros”.
Con información de El País
