Cada uno por separado pero con una similar línea discursiva apelarán el procesamiento y millonario embargo que les trabó el juez Julián Ercolini antes del inicio de la feria judicial. Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez serán los primeros en rechazar la decisión del magistrado, según pudo saber Clarín. Apuntarán contra la auditoría de Vialidad Nacional y sostendrán que se violaron “las garantías mínimas del derecho de defensa”. Además, reiterarán que hay “falsedades” en los presupuestos utilizados por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques para señalar al empresario K como el “favorito” de los contratos viales.
La causa que investiga la corrupción en la obra pública tiene doce personas procesadas y embargadas, entre ellas Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación De Vido, Báez, José López y Carlos Kirchner (primo de la ex Presidenta). Para todos ellos el embargo ordenado fue de 10.000 millones de pesos y se los acusa de asociación ilícita y defraudación a la administración pública, y de montar una estructura para favorecer al socio comercial y amigo de los Kirchner: Lázaro Báez.
Alternando entre Río Gallegos y El Calafate, Cristina permaneció en el Sur. Con una activa presencia en las redes sociales y con fuertes críticas al gobierno, se prepara para apelar el procesamiento del juez Ercolini. Lo hará, según confirmó su defensa a cargo de Carlos Beraldi, el primer día hábil de febrero, cuando se retome la actividad en Comodoro Py. Es decir, pasado mañana. Enfrentada con Báez, terminará defendiendo a su ex socio comercial y responsable de manejar sus hoteles hasta 2013.
Los argumentos del planteo no son desconocidos. Cristina había solicitado en la causa que se elabore un listado del que surja lo pagado a cada una de las empresas contratistas entre 2005 y 2015. Así, sostiene que Austral Construcciones es la número 38 del listado general, desechando la auditoría de Vialidad Nacional que coloca a Báez primero, con más de 46.000 millones de pesos en contratos viales, con sobreprecios del 65 %.
“Hay pruebas suficientes”, refutaron fuentes judiciales a Clarín anticipándose a las apelaciones. El juez Ercolini planteó en su procesamiento que espera que la causa se eleve a juicio oral “lo antes posible” y que en esa instancia, las partes podrán refutar la auditoría de Vialidad.
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La ex Presidenta insistirá en que ese informe tiene “una clara intencionalidad política”, que omiten a IECSA de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Respecto al embargo de 10.000 millones, ya indicó que no cuenta con ese dinero: su patrimonio fue cedido a sus hijos, según la Justicia como una maniobra para “insolventarse”.
En la Justicia consideran que es "importante institucionalmente" que la causa vaya a juicio oral y anticipándose a los pedidos de nuevas pericias, reiterarán que eso debe resolverse en la próxima instancia. Defenderán la auditoría de Vialidad y los números que muestran las sumas millonarias a favor de Báez que sin experiencia ganó 52 contratos que dejó inconclusos en un 50%.
De Vido -que pasó el verano entre Capital Federal y su chacra de Zárate- prepara con sus abogados una dura réplica. “La resolución del Juez es arbitraria, no se apoya en ninguna prueba directa y fue adoptada en base a indicios y presunciones de información de funcionarios de un Gobierno hostil a los miembros del anterior”. Además, la defensa del ex ministro señaló a Clarín que “no se permitió el control por parte de la defensa en la pericia técnica, para evaluar los hechos con objetividad".
Para la defensa de Báez, preso hace nueve meses por lavado de dinero, el procesamiento “es insostenible y lleno de problemas”. Las pruebas usadas por los Fiscales lo colocan como el principal favorecido con los contratos viales "plagados de irregularidades" y su empresa dejó de operar cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada. El Estado nacional fue su única fuente de ingresos.
Con información de Clarín
