El Gobierno de Costa Rica destacó este martes los alcances del informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó sobre Venezuela el día lunes, y urgió el restablecimiento del orden constitucional en ese país. EFE
"Costa Rica reitera la importancia de que este análisis sea debidamente valorado por las instancias políticas correspondientes, en el marco de las obligaciones internacionales de Venezuela; y destaca el valor del informe, así como la preocupación del país por el debilitamiento institucional", expresó la Cancillería costarricense en un comunicado.
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El gobierno costarricense también manifestó su preocupación por la "ausencia de división de poderes que corresponden un marco de democracia y Estado de Derecho y en particular, la afectación a la libertad de expresión y a los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos".
"El Gobierno de Costa Rica hace un vehemente llamado al restablecimiento del orden constitucional a plenitud, al respeto de los derechos humanos de todas las personas, y a que se garantice la protección de sus libertades y la debida atención de sus necesidades básicas, tales como alimentación, salud, vivienda, libre tránsito, libre expresión, libre asociación, educación", indica el texto.
Costa Rica aseguró que la solución de la crisis venezolana "debe ser democrática" y que la protección de los derechos humanos de todos sus ciudadanos "es un requisito para la credibilidad del gobierno venezolano".
En el informe de 161 páginas publicado el lunes por la CIDH señala el debilitamiento de la institucionalidad democrática, así como la grave situación general de los derechos humanos en Venezuela.
En este análisis, centrado sobre todo en 2017, la CIDH considera que "las graves injerencias de los poderes ejecutivo y judicial en el poder legislativo" son uno de los factores clave de la crisis venezolana.
Además, señala los "altos niveles de corrupción", la "existencia de un patrón de represalias" a quienes se manifiestan contra el Gobierno, "severas restricciones a la libertad de expresión", "el aumento de la violencia y la criminalidad" y el "desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos".
La comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), decidió hacer este estudio ante el "profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela".
