Este lunes se conoció el informe que publicaron tres expertos independientes (llamados la “Misión internacional de determinación de los hechos”) sobre los mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019; sus conclusiones podrían generar que en la ONU se de un juicio político contra el chavismo.
El Político
Entre los aspectos que analiza el informe de los tres expertos se encuentra: el “papel del sistema de justicia venezolano en la persecución de la oposición”, para mantener la impunidad “de las violaciones de los derechos humanos” en Venezuela, informó Perfil.
Los expertos que realizaron la investigación son: Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox Vial (Chile) y Patricia Tappatá Valdez (Argentina).
Desde 2014, este grupo de especialistas realiza informes sobre la deteriorada situación de los derechos humanos en Venezuela.
Cabe destacar, que en esa misma línea; la ONG, Provea presentó el pasado mes de agosto, su informe: "Lupa por la vida", realizado en conjunto con el Centro Gumilla.
En esa investigación encontraron: "825 personas fueron asesinadas en presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de policías y militares en #Venezuela, solo durante el primer semestre del 2021″.
825 personas fueron asesinadas en presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de policías y militares en #Venezuela, solo durante el primer semestre del 2021.
Nuevo informe #LupaPorLaVida de PROVEA y el Centro Gumilla https://t.co/SHn8WWuJWs
— PROVEA (@_Provea) August 17, 2021
¿Cuándo se debatirá el nuevo informe en la ONU?
Volviendo al informe de 212 páginas sobre los derechos humanos en Venezuela, elaborado por Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Patricia Tappatá Valdez; también trascendió a los medios que se debatirá el próximo viernes en Ginebra.
En cuanto a su contenido, es “un análisis detallado de 183 detenciones de opositores … con la finalidad de evaluar el tiempo, el modo y las circunstancias en que se realizaron los arrestos, las detenciones y los procedimientos judiciales”, indicó Perfil.
Este informe se basó: "en la revisión documental de miles de páginas de expedientes judiciales, solicitudes de ordenes de aprehensión y allanamiento por fiscales y tribunales, actas de audiencias, juicios, apelaciones y otros recursos legales”,
¿Cómo fue la metodología de trabajo del informe que va a la ONU?
La Misión entrevistó 99 hombres, 76 mujeres; además realizó dos entrevistas grupales” con “representantes legales de las víctimas, miembros y ex integrantes de órganos judiciales, incluyendo jueces y fiscales”, informó Perfil.
Cabe destacar, que los investigadores enviaron 17 cartas al regimen para visitar a Venezuela, pero no tuvo respuestas.
“Utilizando el estándar probatorio vigente en la ONU de tener motivos razonables para creer"; los expertos: "escrutaron la selección, disciplina y destitución de jueces, fiscales, y magistrados de tribunales".
Además, detectaron que “al menos desde 1999 se observa el deterioro de la independencia del sistema de justicia y la fiscalía”; esta realidad se aceleró en los últimos años”.
Comprobado: Amenazas a jueces con para que renuncien
El grupo de investigadores obtuvo: "evidencias que jueces entrevistados recibían regularmente amenazas de destitución o presiones para que renuncien o se acojan a la jubilación anticipada”, aseveró Perfil.
Tanto es así que “identificaron a los presidentes de los Circuitos Judiciales Penales como responsables de muchas de esas amenazas con fines de represalias o coercitivos”. Un técnica equivalente de “injerencia externa” existe en perjuicio de los fiscales.
Debe añadirse como factor agravante que la Inspectoría General del Tribunales, “entidad encargada de recibir y sustanciar las denuncias presentadas contra jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones”, se encuentra dirigida por personas que “ejercen al mismo tiempo como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, cuyos 32 jefes máximos “fueron seleccionados de círculos estrechamente alineados con la ideología política del partido gobernante”.
Tarek William Saab cesó “sumariamente” a 196 fiscales
Cabe agregar que en 2018, el nuevo Fiscal General Tarek William Saab, cesó “sumariamente” 196 fiscales; y "eliminó efectivamente la carrera del Ministerio Público al aprobar una resolución que declaró”, a todos los funcionarios judiciales “en cargos de confianza”.
Esto significaría que “pueden ser nombrados o destituidos discrecionalmente”, revirtiendo de ese modo “el carácter meritocrático” de los puestos, “pasando a depender de factores personales e influencias partidistas”.
Informe de la ONU demuestra: "jueces y fiscales han denegado derechos por la injerencia de otras autoridades"
Rafael Uzcátegui, coordinador de PROVEA, afirmó: "este informe de la ONU, demuestra que los jueces y fiscales han denegado derechos por la injerencia de otras autoridades. Son seleccionados de manera provisional y han vulnerado el derecho a la justicia de la población", reportó Perfil.
Los jueces son: “un instrumento de persecución”, realizan “detenciones arbitrarias” y mantienen la practica de la tortura”, sin voluntad para “sancionar violaciones de los derechos humanos”, ni “investigar las cadenas de mandos”.
El sistema judicial es actor importante, por acción u omisión, en la represión estatal contra opositores
Gabriela Buada Blondel, fundadora de la ong venezolana, “Caleidoscopio Humano”, precisó:
“El sistema judicial ha sido actor importante, por acción u omisión, en la represión estatal contra opositores gubernamentales”.
A la oposición los castigan con detenciones arbitrarias “y algunos condenados a muerte”, detalló Buada Blondel.
También han secuestrado familiares de opositores, ¿El objetivo? Lograr los arrestos, esta es una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis, llamada: Sippenhaft por los represores al amenazar a los detenidos en el centro de detención de la DGCIM en Caracas”.
Informe de la ONU demuestra: "intencionalidad gubernamental de evitar que sean sometidos a investigación criminal, funcionarios militares y policiales"
Nelson Freitez, integrante de la Red de Derechos Humanos del estado Lara y Coordinador de la Cátedra de DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, resumió:
"El documento publicado por Naciones Unidas, demuestra la intencionalidad gubernamental de evitar que sean sometidos a investigación criminal, funcionarios militares y policiales que podrían estar incursos en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas”.
Freitez explicitó que los tres expertos independientes al servicio de la ONU: “determinaron que las personas disidentes del régimen político, eran sometidos a procesos judiciales en los que no se respetaba el debido proceso, detenidos arbitrariamente, sin permitírsele comunicación con sus abogados ni familiares”.
El abogado consideró: "el informe recoge testimonios relevantes que personas detenidas fueron presentadas en los tribunales con signos físicos evidentes de torturas, lo cual no ameritó que los jueces que les juzgaban emitieran medidas de protección de su integridad”.
Hay funcionarios intocables en el poder judicial venezolano
Por su parte, Ali Daniels, director de “Acceso a la justicia”, coincidió: “hay funcionarios intocables en el poder judicial. No pueden ser investigados. No es un poder autónomo. Tampoco imparcial”.
Daniels mencionó -citando lo destapado por la ONU: "En 19 casos las fechas de la decisión de un tribunal es posterior a la fecha de detención de la víctima.
Agregó: “no se trata de una represión coyuntural. Es un sistema de represión”. Y subrayó lo dicho recientemente por la Corte Penal Internacional (CPI): “en Venezuela no existe un poder judicial independiente. Se trata de funcionarios que cumplen ordenes”.
Fiscalía de la CPI: En Venezuela autoridades han comedido crímenes de lesa humanidad
El 21 de junio pasado, la fiscalía de la CPI, estimó: “existe una base razonable para creer que en Venezuela desde al menos abril de 2017, las autoridades civiles, los miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad".
Luego detalla que esos funcionarios en Venezuela realizaron: "encarcelamiento; u otra privación grave de la libertad física, tortura, violencia sexual y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos”.
¿Quiénes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela?
En otro párrafo del informe de la CPI se lee: “los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la comisión física” de tales crímenes son: la Policía Nacional Bolivariana (PNB); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)".
También: "la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS); y algunas otras unidades de la Policía Nacional”.
Solo queda esperar a que llegue el viernes para conocer el desenlace de este nuevo informe de la ONU.
