La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya comenzó a analizar las denuncias presentadas para este quinquenio. Entre ellas, figura una presentada contra el ex presidente Ollanta Humala y el ex ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe por “bloquear” la ley de armas de fuego.
Esta denuncia constitucional fue presentada el 24 de agosto por los ex ministros Fernando Rospigliosi (Interior, 2003-2004) y Rafael Rey (Defensa, 2009-2010).
Según explicó Rospigliosi, el gobierno pasado dificultó la entrada en vigencia de la ley de armas aprobada en el Congreso en diciembre del 2014 y promulgada en enero del 2015. Pese a que la autógrafa establecía que el reglamento de la norma debía estar listo en un plazo no mayor a 90 días, el Poder Ejecutivo recién lo publicó el 6 de julio pasado, poco antes de que Ollanta Humala dejara Palacio.
“Ollanta Humala y Pérez Guadalupe firmaron un reglamento que violaba la ley en varios puntos, siempre en el sentido de restringir la posibilidad de que los ciudadanos podamos tener armas legales”, afirma Rospigliosi a El Comercio.
El ex ministro explica que presentó la acusación constitucional junto a Rafael Rey debido a que los dos son usuarios de armas legales, y tienen reuniones regulares para analizar la situación.
“Se quiere ilegalizar a los usuarios formales. Existe una posición ideológica y política absurda que consiste en creer que los delincuentes se abastecen de las armas que se compran legalmente. En realidad, los delincuentes se arman con armas robadas, o que alquilan y compran a fuerzas policiales”, sostuvo.
La denuncia de Rospigliosi y Rey sostiene que el ex presidente Ollanta Humala habría violado el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución. Este señala que corresponde al jefe de Estado “ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas”.
En la agenda de la subcomisión también aparece una denuncia contra el contralor Édgar Alarcón Tejada.
Esta acusación fue presentada el 1 de setiembre pasado por el ciudadano Walter Grados Caliaga, quien lo acusa por “falsedad ideológica”, “negociación incompatible” y “tráfico de influencias”.
Alarcón fue denunciado por los mismos delitos en junio pasado cuando fue elegido contralor. Pero el acusador de entonces, Daniel Cubillas Huerta, retiró los cargos mediante una carta.
También entrará al análisis la denuncia de la congresista Yeni Vilcatoma contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por supuestamente haber usurpado funciones en una de sus sentencias emitidas.
Con información de El Comercio
